“La historia no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente, historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado.” (Lacan: El Seminario, Vol I, p. 27)

“El primer paso que siempre han dado los tiranos para esclavizar a los pueblos es la prohibición de escribir y de hablar con el fin de lograr por este medio que los hombres no tuviesen un lenguaje contrario a sus ideas tiránicas y ambiciosas, precisándolos de este modo a ser en vez de ciudadanos francos e instruidos, esclavos hipócritas y estúpidos.” (Álvaro López de Estrada, Reflexiones sobre la libertad de imprenta, 1810)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.

1.: CENSURA Y  REPRESIÓN.

2.: EL CONTEXTO BÉLICO.

3.: SEGUNDO SEMESTRE DE 1936: DEPURACIÓN DE BIBLIOTECAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN REPRESIVA CONTRA EL LIBRO:

3.1.: Destrucciones
3.2.: Incautaciones
3.3.: Recogidas de libros
3.4.: Depuración de Bibliotecas Escolares
3.5.: Depuración general de Bibliotecas a nivel provincial
3.6.: Medidas preventivas
3.7.: Final.

4.: LA DELEGACIÓN DE ESTADO PARA PRENSA Y PROPAGANDA Y LA CENSURA DE LIBROS.

5.: CONCLUSIONES.

FUENTES  DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA

 

 

 

 

SIGLAS EMPLEADAS

AGA: Archivo General de la Administración.
BOE: Boletín Oficial del Estado.
BOJDN: Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional.
BOP: Boletín Provincial.
DEPP: Delegación del Estado para Prensa y Propaganda.
HC: Hoja de Censura.
IPE: Inspección de Primera Enseñanza.
JBP: Jefe de la Biblioteca Pública.
JBPr: Jefe de la Biblioteca Provincial.
JDNE: Junta de Defensa Nacional.
JDPN: Jefe del Departamento de Propaganda Nacional.
JSNAB: Jefe del Servicio Nacional de Archivos y Bibliotecas.
JTE: Junta Técnica de Estado.
MEN: Ministerio de Educación.
SGJE: Secretaría General del Jefe del Estado.
SPr: Subdelegado Provincial.

Nota sobre la documentación del AGA: 1º.: Cuando no se especifique otro tipo de archivo, se entiende que nos referimos a los fondos del AGA. 2º.: Al número de archivador, le sigue una letra que determina el fondo correspondiente. De este modo: E: Educación; C: Cultura; I: Interior (Gobernación) y J: Justicia.

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN

Como ya se habrá podido apreciar por el título, el tema elegido para este trabajo de investigación, es el mundo del libro – dentro del denominado bando nacional – contemplado éste a través del prisma de la represión y de la censura, en un periodo cronológico que se inscribe dentro de la primera fase de la Guerra Civil española.

Pero ¿por qué se eligió un tema tal?, ¿por qué tal enfoque? y ¿por qué durante este periodo cronológico?

En lo que atañe a la primera cuestión, la elección del tema se produjo a raíz de la lectura del libro de M. L. Abellán: Censura y creación literaria en España, 1939-1976[1]. Dicho autor, partía de la premisa de que ese componente cultural – la censura – tan importante, según la consideración del mismo autor, había sido, en los estudios sobre la cultura última de nuestro país, pasado por alto con frecuencia. La confirmación de esta idea se produjo cuando al ir haciendo acopio de documentación, pudimos comprobar que la bibliografía referente al tema, durante la etapa del franquismo, era relativamente abundante, pero en muchas ocasiones de escaso valor historiográfico.

El siguiente paso fue realizar un estudio sobre el estado de la cuestión durante la época franquista, en el que, contra lo que era la opinión común – “el tema de la censura había sido ya muy estudiado” – , y en un análisis cualitativo, se pudo comprobar, ahora ya de modo fehaciente, no sólo la existencia de aspectos nunca tratados en relación con la censura, sino también, y en el plano metodológico, la existencia de un escaso, cuando no nulo, aparato teórico con el que las investigaciones se habían abordado. Y en cualquiera de los casos sin establecer una relación entre la represión y la censura aplicadas al libro[2].

Una de las consecuencias inmediatas de la ausencia de ese andamiaje teórico, era la confusión existente entre términos como la censura y la represión ejercida sobre el libro, que a la larga terminaba produciendo errores graves de apreciación respecto a la incidencia de estos dos elementos en la producción cultural. Componentes, a nuestro juicio, indisociables si de lo que se trata es de lograr una comprensión cabal de ambos fenómenos.

Si esto era así, y si ello había afectado de modo esencial al enfoque sobre los estudios del que fuera elemento capital de transmisión del saber, es decir: al libro, ¿no cabía pensar que existía una falla en nuestro conocimiento sobre la cultura del período tratado? Pensamos que sí, y en consecuencia nuestro trabajo debe ser visto como una investigación sobre la cultura durante la guerra civil española, pero contemplada, como ya se dijo, desde el prisma de la represión y de la censura.

Planteado de este modo el tema y el enfoque a realizar, el siguiente paso consistió en hacer una cala en los archivos, sobre los que en principio, por referencias secundarias, no existían perspectivas muy halagüeñas. Sin embargo, al llegar al Archivo General de la Administración (AGA), pudimos constatar que allí se guardaba un tipo de documentación que, si bien, en ciertos aspectos, no era completa, sí permitiría, cuando menos, avanzar algún grado en el conocimiento de los hechos que tratábamos de investigar.

Dicha documentación se remontaba, nada menos, que al año 1937. Documentación que, según el personal del archivo, apenas si había sido manejada por los investigadores. Y cuando ésta había sido utilizada, no lo había sido de un modo sistemático. Eso nos hizo pensar que, probablemente, si de la represión y la censura aplicada al libro durante el franquismo sabíamos poco, de lo ocurrido durante la Guerra Civil no sabíamos apenas nada – y así es, como se verá, cuando seguidamente comentemos la escasa bibliografía existente al respecto –. Es decir, por desconocer, desconocíamos hasta los antecedentes inmediatos de la represión cultural y de la censura aplicada al libro durante el franquismo. Con estos datos, el planteamiento comenzó a ser claro, y se imponía, pues, empezar por el principio. Y al principio..., como se sabe, fue la Guerra Civil.

Por lo que se refiere a la bibliografía existente, puede decirse que –  tanto  en  lo  que toca a la censura de libros, como a la represión cultural practicada en torno al mundo del libro – el diagnóstico es, además de contundente y breve, similar: nuestro grado de conocimiento equivale prácticamente a cero.

De este modo, y para empezar, no existe ninguna monografía que aborde el tema del libro, en sus aspectos censoriales y represivos, durante la Guerra Civil[3]. Por otro lado, y tomando como base los estudios sobre la censura aplicada al mundo del libro durante el franquismo, se puede decir, de modo general, que en algunos casos, los mismos hacen referencia, a modo de antecedente al período bélico, pero a falta de una investigación específica, suele ocurrir que los mismos incurran en apreciaciones bastante discutibles[4].

De un modo general, y como asuntos ciertamente no desdeñables en relación al tema que abordamos, se puede decir también, que faltan estudios respecto a ese “tercero excluido”, es decir: el lector. Que faltan estudios, por no decir que son inexistentes, respecto a la política bibliotecaria y, en menor medida, en relación al mundo editorial. Y si lo referido habla de grandes lagunas en nuestro conocimiento, no es menos grave el hecho de que todavía no se haya intentado completar y sistematizar el “corpus” bibliográfico de los textos escritos durante la Guerra Civil[5]. Que en general lo que ha primado en las investigaciones ha sido el mundo del autor, acentuando, para el período bélico, su posicionamiento a favor del bando rebelde o del gobierno legítimo, pero que en pocos casos se ha tenido en cuenta, de un modo específico, la circunstancia condicionante de la que partían sus escritos, en relación a la represión y a la censura. Y para ambos períodos – guerra civil y franquismo –, y con especial referencia al mundo literario, del mismo modo, nos encontramos con una saturación de trabajos sobre el autor, considerando a éste como una especie de ser angélico y descircunstanciado[6]. Es decir, que sobreabundan los trabajos sobre literatura, y ello desde la perspectiva del autor eminente, pero casi nunca se han abordado cuestiones como el impedimento que la represión cultural y la censura significaron, tanto en el campo literario, como en otros campos del saber[7].

Por tanto, y a modo de conclusión, puede decirse, que la tendencia general “da por bueno lo que hay”, es decir, que considera el producto cultural dado como el mejor entre lo posible, y por ello se tiende a preterir la circunstancia y el contexto social en el que, parece que a su pesar, se halla inserto todo creador, olvidando en cualquier caso que no hay texto originario posible. O por decirlo de otro modo, que el texto no es posible sin el contexto, y que, en esa medida, todo texto pudo ser otro del que es.

Obviamente, no se puede trabajar sobre futuribles, pero la introducción de esa posibilidad, quizá, supondría un cambio de perspectiva en el enfoque de las investigaciones. En el plano de la Historia, Josep Fontana, lo refiere así: “una de las primeras cosas que hemos de eliminar de nuestra teoría de la historia es, por consiguiente, la ´vía única`: hemos de aprender a pensar el pasado en términos de encrucijadas a partir de las cuales eran posibles diversas opciones, evitando admitir sin discusión que la fórmula que se impuso fuese la única posible (o la mejor)”[8].

A partir de lo antedicho, pensamos que ello supone poner de relieve la existencia de un  vacío bibliográfico que, de modo necesario, menoscaba el grado de conocimiento de los hechos acaecidos en el campo de la cultura durante un período que, en buena medida, sentará las bases culturales – considerando, en la línea de Braudel, el fenómeno de la cultura en una coordenada de “tiempo largo”– de lo que ocurrirá después en la larga postguerra. Tal hecho causa aún mayor extrañeza si se piensa no sólo en la ingente bibliografía dedicada a dicho período bélico, sino también en la atención prestada a otros medios de comunicación,  especialmente a la prensa, y en menor medida al cine y a la radio. Pero también en estos casos ocurre, aunque con algunas salvedades, que no se ha prestado atención suficiente a la censura o a la represión cultural.

Así las cosas, el enfoque de nuestro  trabajo, puede verse como una suerte de entrada transversal en el estudio de la producción cultural, a partir de los que consideramos dos poderosos condicionantes de la misma: la censura y la represión aplicadas al libro.

De este modo, y por las razones aducidas, en el primer capítulo se desarrollan los aspectos teóricos y metodológicos en lo que se refiere a la represión y a la censura. Se trata de un pórtico o preámbulo, que estimamos necesario, con el fin de precisar, en primer lugar, la terminología de la que vamos a servirnos, y del mismo modo, como apoyatura a los análisis que se realicen, más adelante, sobre ambas cuestiones.

En un segundo capítulo se habla del contexto bélico y de algunos de los hechos principales que la guerra vino a propiciar, y sin el cual no pueden entenderse tampoco, las actuaciones llevadas a cabo en el campo de la represión cultural y de la censura aplicada al libro, con algunas breves notas respecto al campo de la enseñanza.

Con el tercer capítulo comienza lo que podríamos llamar investigación propiamente dicha, ya que nos servimos de modo preferente de fuentes documentales de archivo y de hemeroteca. Caso similar en lo que al cuarto capítulo se refiere.

Si el tercer capítulo trata del clima de bibliofobia desatado por la guerra, durante el segundo semestre de 1936, ilustrando dicho asunto con una casuística de hechos comprobados respecto a las actuaciones represivas llevadas a cabo en torno al, ahora considerado, libro heterodoxo; el cuarto capítulo aborda como tema específico la censura de libros, referido principal, pero no únicamente, a la actividad desplegada por la Delegación de Estado para Prensa y Propaganda a partir de mediados de 1937.

En lógica consecuencia con lo expuesto, la documentación empleada para la realización de los primeros capítulos, está basada en fuentes secundarias. Y en lo que a este aspecto se refiere, en el tercer capítulo, nos servimos principalmente, por un lado, de los datos que retrospectivamente nos proporciona la documentación generada por el denominado Servicio de Archivos y Bibliotecas, inserto en el organigrama del Ministerio de Educación Nacional; y por otro, de la información contenida en diversos boletines provinciales. Del primer caso, hay que decir que la documentación es bastante fragmentaria; del segundo caso, que ésta presenta diversas lagunas, ya que aunque se examinaron prácticamente todos los boletines oficiales de las diversas provincias que componían el mapa de la zona nacional, encontramos que no en todos los casos se recogen las disposiciones represivas que afectaron al mundo del libro. No obstante, creemos haber logrado documentar el suficiente número de casos, como para pensar que se trata de una muestra que, cuando menos, nos permite llegar a conclusiones provisionales, e incluso – y arriesgando un poco más – y dada la similitud de los modos de proceder en las diversas provincias, para atrevemos a dar carta de verosimilitud a la hipótesis de que los casos reseñados, fueron procedimientos de actuación común en toda la zona nacional.

Por lo que se refiere al cuarto capítulo, la documentación no permite reconstruir el organigrama, ni las normas – si las hubo – de funcionamiento interno, pero como paliativo podemos disponer de la serie  de los expedientes de censura, completa en un alto porcentaje. Y a pesar de que, ocasionalmente, se advierten determinadas faltas de documentación en los expedientes, y que en buena parte de los casos se echa de menos la no conservación del ejemplar con las tachaduras, dicha documentación nos permite reconstruir el procedimiento administrativo del organismo censor, así como los criterios de censura empleados, y las incidencias sufridas por los diversos textos que sucesivamente fueron llegando a la Delegación. Y del mismo modo, documentar algunas otras formas de control, además de la obtención de otros datos colaterales, como se verá, nada desdeñables.

Para terminar, hay que decir que la secuencia lógica de los acontecimientos hubiese aconsejado, tal vez, incluir un capítulo que tratase de la actividad desarrollada durante el año 1937 en lo que a la represión aplicada al libro se refiere. Capítulo de por sí extenso y complejo, y que, por tanto, se saldría de los límites aconsejables en cuanto a la extensión de este trabajo. Sin embargo, debemos añadir, que se trata de una investigación, que nos gustaría llevar a cabo en el futuro.

No obstante, y a pesar de lo dicho, la razón última para haber dispuesto la estructura de contenidos ya referida, estriba en que, siendo consecuentes con las premisas teóricas y metodológicas, expuestas en el primer capítulo, de lo que se trata en este estudio – sin desconocer el contexto social (segundo capítulo) –, y ello como hipótesis de partida, es de no desvincular en ningún momento la actividad represora llevada a cabo en el mundo del libro, de la actividad censora propiamente dicha. Señalar al respecto, que otra de nuestras premisas es que la represión antecede necesariamente a la censura, y que ésta es, por tanto, correlato lógico de la represión. Si en el terreno de la teoría  creemos mostrar ésta y otras premisas, que nos sirvieron de punto de partida, creemos, también, que después los hechos expuestos no desmienten estas apreciaciones. Por ello, queremos pensar que el trabajo aquí presentado, tiene entidad y coherencia suficientes en sí mismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.: SEGUNDO SEMESTRE DE 1936: DEPURACIÓN DE BIBLIOTECAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN REPRESIVA CONTRA EL LIBRO.

-¡Son libros! -¿Libros? ¡Mirad bien! - Sólo son libros. ¡Qué desgracia! -Pero están en latín. ¡Igual valen un potosí!!

-No es latín. Es francés– dijo el señor Figueroa. Repasó los tomos y fue leyendo en voz alta: Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Luego escupió en el suelo. - Los debieron enterrar cuando la guerra.

(Manuel Rivas, Las llamadas perdidas.)

 

 

 

 

 

 

En la inicial coyuntura bélica las ideas que era preciso destruir – si tal cosa pudiera hacerse – o a las que había que impedir el paso, puede decirse que estaban claramente precisadas de antemano, dada no sólo la impronta intelectual con la que se había aureolado el advenimiento de la II República, sino también la carta cultural por la que había apostado el ala izquierdista de la misma. De modo general, y al menos como principio teórico, se trataba de un proyecto cultural esencialmente modernizador, europeísta por ende, que buscaba un cambio en las estructuras mentales seculares que redundaría finalmente en un cambio de las estructuras sociales[9].

El mérito de la República, en este sentido, estriba en la asunción desde la esfera gubernamental de una política cultural digna de tal nombre, pues hasta entonces, el innegable desarrollo cultural que desde el cambio de siglo se había producido en España, se hizo en buena medida “a pesar de” la propia élite gobernante. Y en cualquier caso, cuando las iniciativas estatales existieron, ni se buscó democratizar la cultura, ni mucho menos se apuntó con ellas hacia el cambio social. Recogiendo la herencia de la cultural liberal, y dotándola a su vez de un nuevo impulso, durante la República pudo alcanzarse un desarrollo cultural anteriormente no logrado[10].

A partir de lo referido, el planteamiento cultural de la guerra civil como una guerra de ideas sería reductor si no se tuviera en cuenta que tras los modelos culturales – más o menos articulados – subyacía un modelo de organización social. Es por eso que el bloque conservador y ultraconservador, que hasta la fecha había mantenido la cultura en hibernación, no pudo dejar de percibir este desarrollo cultural – de signo liberal, pero también obrerista y popular –, que ya sólo en parte controlaba, como una amenaza a su tradicional posición de privilegio.

De estos grupos, que arroparán en diverso modo el golpe de estado de 1936, puede decirse, de modo general, que ideológicamente –con la excepción parcial de Falange – les subyacía un común basamento católico, ya fuese en su vertiente moderada y vaticanista –  la de la CEDA y El Debate –  o la del ultramontanismo tipo Salvany – El liberalismo es pecado –,  a la que pueden adscribirse grupos como el carlista y Acción Española. Ello supone que en ambos casos manejaran un modelo de cultura elitista y conservador, cuando no reaccionario, y por tanto altamente excluyente de cualquier modelo cultural ajeno a sus postulados. El antiliberalismo, antimarxismo y nacionalismo de Falange, por su parte,  no  se caracterizaba precisamente por una disposición tolerante hacia otras formas de cultura. Y en lo que se refiere a los militares, a éstos ni les preocupaba, ni les preocupará el mundo de la cultura en sí, sino sólo en tanto elemento logístico y propagandístico en un contexto bélico.

Puede decirse por tanto, y a tenor de lo que se expondrá en este capítulo, que los antecedentes, la leña – si se nos permite la metáfora – para atizar el fuego, que encendería la guerra civil, y que calcinaría y destruiría un número indeterminado, pero muy importante de libros – o que les haría inaccesibles en diverso modo, en el mejor de los casos –, ya había sido acarreada por todos estos grupos, siendo la guerra, por tanto, sólo ocasión propicia que hizo aflorar en forma de actos, que ya no era preciso disimular, lo que subyacía como pensamiento profundo.

Esta operación, que puede denominarse como de vaciado cultural, es común – se trata por tanto de una estructura – a los procedimientos empleados, como se ha dicho, tanto en el plano bélico, como en otros planos sociales. Y así, si el objetivo primordial de la guerra acabó siendo la eliminación física o la neutralización, en el mejor de los casos, de aquello que empezó a considerarse no solamente adversario o enemigo, sino elemento hostil, y por tanto elemento inasimilable, podemos decir, que procedimientos similares se trasladaron como pautas de actuación al campo de la cultura en general, y del libro en particular. La expresión limpieza del solar patrio resume certeramente, en este sentido, la operación llevada a cabo en todos los órdenes sociales o culturales.

El resultado, en lo que al libro se refiere, se reflejará en una primera fase – que es la que aquí estudiamos – que nos atrevemos a calificar como de bibliofobia desatada. La bibliofobia, más allá de sus efectos reales – destrucciones de libros y prohibiciones de lectura de determinados autores, principal, pero no únicamente – ha de entenderse de un modo simbólico – es un símbolo, en tanto modelo cultural, lo que se odia – y sintomático – es un modo de entender la cultura –. Al mismo tiempo es/y será factor copresente en todas las actuaciones represivas llevadas a cabo en torno al mundo del libro durante buena parte de la guerra civil. 

De este modo, las actuaciones represivas en torno al libro – ya escrito – durante estos seis primeros meses de la contienda, se centran fundamentalmente en seis modos de proceder: a): destrucciones; b): incautaciones; c): recogidas de libros; d): depuración de bibliotecas escolares; e): depuración general de bibliotecas a nivel provincial y f) : medidas preventivas[11].

Para todos los casos mencionados, hay que tener en cuenta, como se dijo, que el fracaso inicial del golpe de estado militar – fracaso en tanto se esperaba un control inmediato de la situación por parte de los sublevados, o en el peor de los casos, una conclusión de la guerra en un breve plazo de tiempo – propició una suerte de fragmentación territorial del poder. En esta situación la secuencia de las actuaciones tendrá un ritmo distinto, aunque los procedimientos y la finalidad perseguida sean, con algunas variaciones de grado, similares en las diversas provincias. Otro aspecto general a tener en cuenta, y propiciado asimismo por esa fragmentación territorial del poder, es que, con la salvedad de la orden de septiembre de 1936 sobre depuración de bibliotecas escolares, no existe una normativa oficial a nivel nacional que de carta de legalidad a este modo de proceder.

Finalmente, advertir que en el desarrollo de este trabajo no se incluye la orden de diciembre de 1936, sobre la producción, comercio y circulación de libros, en tanto, como es obvio, sus efectos se produjeron con posterioridad, pero también porque en realidad esta orden – que tantas veces erróneamente se ha tomado como punto de partida de la legislación y de estos actos represivos – sólo oficializaba las actuaciones a las que nos referimos a continuación[12]. E incluso, cabe añadir, como se verá después, que en ciertos casos, y de modo general en determinadas provincias – y con seguridad, de forma parcial en todas ellas – que dicha orden se quedó vacía de contenido, como por ejemplo, ocurrió en el caso de Soria, cuyo JBP refería que cuando apareció esta orden: “no hubo necesidad de tomar ningún acuerdo ni de dictar ninguna medida”, obviamente porque las actuaciones que propugnaba esta orden, ya se habían llevado a cabo.

3.1.: Destrucciones.

Tanto en esta primera fase, como a lo largo de buena parte de la guerra civil, un procedimiento común de actuación – contra el libro– fueron las destrucciones de textos, causados, como se verá, por los diversos procedimientos represivos reseñados. Pero con independencia de ello, hay en este momento inicial un modo de proceder que, dada la inmediatez y lo expeditivo de los procedimientos, puede calificarse de pura y simple destrucción, de tal manera que no es exagerado decir que, reactualizando los viejos métodos de la Inquisición, se aplicó al libro “el fuego purificador”.

De esta manera, y dado que: “los libros son considerados como un material peligroso”, leemos, que “a la entrada de las fuerzas requetés en varias localidades de la Rioja, lo primero que hacen es depurar las bibliotecas y quemar los archivos de las distintas sedes sindicales y de los partidos, donde se supone /que/ existe literatura perniciosa”[13]. De modo similar, en la ciudad de Mallorca, durante el primer día del Alzamiento: “se inició el asalto a las organizaciones obreras y a los locales donde tenían su residencia las agrupaciones políticas de izquierda. Nada escapó a la furia vandálica de las hordas fascistas. Después de destrozarlo todo (...), recordando los autos de fe de la ’Santa Inquisición’, hicieron hogueras con los libros que encontraron en las bibliotecas”[14]. Igualmente, en la localidad del Barco de Ávila, los libros de la Agrupación Socialista, los de la Sociedad de Oficios Varios y los de la Agrupación de Trabajadores de la Tierra, “fueron destruidos por las Milicias a su llegada a esta localidad en los preliminares del Glorioso Alzamiento Nacional”[15].Y sin especificar el lugar, pero apuntando a algunos de los grupos responsables de estos hechos, el periódico ABC (Sevilla), daba la siguiente noticia: “los falangistas, al día siguiente de iniciarse el Alzamiento, recogieron en kioskos y librerías centenares de ejemplares, que fueron quemados como merecían. Con posterioridad, los ´valientes y abnegados` requetés realizaron una labor análoga”[16].

Un mes después del golpe militar, la prensa gallega, por su parte, daba la siguiente noticia: “a orillas del mar, para que el mar se lleve los restos de tanta podredumbre y de tanta miseria, la Falange está quemando montones de libros y folletos de criminal propaganda comunista y antiespañola y de repugnante literatura pornográfica”[17].

Y en esta misma región – en la provincia de La Coruña –, y como caso concreto del ataque sufrido por una agrupación política, se conserva documentación de la sociedad “Alianza Republicana” de Carballo, en la que previa incautación de sus bienes, se procedió a su destrucción, según disposición del Gobernador Civil: “debo manifestarle que procede sean quemados los libros y demás documentos incautados y los fondos que existan, deberá remitirlos a esta Delegación”[18].

Un objetivo concreto de estas destrucciones iniciales, acorde con el nacionalismo predicado y practicado, y como modo de combatir el denominado “separatismo”, fueron los textos escritos en alguna de las lenguas regionales. Así, por ejemplo, en la localidad de Inca, se quemaron todas las obras en catalán de una biblioteca pública[19], y en el otro extremo de la península, en Galicia: “Anxel Gasol, director de la editorial Nós fue fusilado, la editorial asaltada, saqueada y quemados los originales y los libros”[20].

A estos hechos que apuntan hacia la responsabilidad de determinados grupos civiles, pero que no cualifican, ni prueban, en el estado actual de nuestros conocimientos, sino la existencia de una casuística provincial, hay que añadir lo ocurrido en la provincia de Navarra y en capitales como Soria y Badajoz.

En el caso de la provincia de Navarra que, como se verá, constituye un caso peculiar, existe una circular emitida por el Gobierno Civil, en la que al referirse a las incautaciones y destrucciones de libros que se deben realizar – se entiende que afectando a toda la provincia –, matiza que tales destrucciones se harán “si ya no se hubiese hecho”. Ello prueba, por tanto, que este documento sólo oficializaba una práctica que hubo de ser, al menos en lo que a esta provincia se refiere, hecho frecuente, y realizado con la connivencia de las autoridades provinciales[21].

Por su parte, el Jefe de la Biblioteca Pública (JBP) de Soria, refiere que: ”en los primeros días del Movimiento Nacional, se dispuso  la recogida inmediata de los pocos ejemplares que sin destruir quedaban en esta plaza, ya que al pasar por Soria la columna de requetés del General Mola, prendió fuego a los libros que había en un Kiosko dedicado a dicho comercio y los que fueron recogidos después sufrieron la misma suerte en una dependencia de este Gobierno Civil”.

Del mismo modo, el Jefe de la Biblioteca Provincial (JBPr) de Badajoz, informaba de lo siguiente: “pocos días después de conquistada esta capital por las tropas nacionales, se realizó, por elementos  heterogéneos  afectos  al  movimiento, una visita de inspección y requisa por todas las librerías y kioskos en los que se recogieron cuantos libros de carácter extremista y pornográfico fueron hallados y se reunieron en la Oficina de Censura Militar donde una vez comprobada su tendencia perniciosa fueron condenados al fuego”[22].

Como hemos ido viendo, uno de los objetivos específicos de estas destrucciones fueron las librerías y los kioskos[23]. A ello hay que añadir, también como lugares específicos, y objeto de esta bibliofobia inicial, las bibliotecas públicas.   

De modo fehaciente, y sin descartar la hipótesis de que probablemente lo fuesen muchas más, cuando el MEN asumió las competencias en materia de bibliotecas, procuró informarse del estado de las mismas – en  este caso en lo que a bibliotecas municipales se refiere  – mediante un informe solicitado a los respectivos Ayuntamientos. En virtud de ello el Ayuntamiento de Herrera de Alcántara (Cáceres), contestaba lo siguiente: “adjunto me complazco en remitirle Relación nominal de las obras que hoy figuran en esta Biblioteca Municipal, después de una expurga (sic) verificada en los primeros días del Movimiento Glorioso, que se inutilizaron quemándolos”[24]. En términos similares contestaba el Ayuntamiento de El Redal (Logroño): “en los primeros días del Glorioso Movimiento se hizo un ligero examen de las obras y fueron quemados varios /libros/ de los que en la Biblioteca existían por considerarlos perniciosos”[25]. Un tercer caso, es el referido al Ayuntamiento de Andatrix (Baleares), que conviene citar, además, por la información que nos da sobre las causas de estas destrucciones: “el Ayuntamiento vino destinando cantidades a la mejora de la Biblioteca y adquisición de libros, si bien al acordarlo los ayuntamientos de significación izquierdista, propusieron la compra de volúmenes que al advenimiento del Movimiento Salvador, fueron destruidos por su significación y sectarismo, así como otros lo fueron más tarde en cumplimiento de las indicaciones de la Superioridad”[26].

Finalmente, y como caso que podemos considerar paradigmático, respecto a la prevención despertada por las bibliotecas enviadas por el Patronato de las Misiones Pedagógicas, como se verá después, tenemos el caso de Alcántara (Cáceres), de cuya biblioteca se dice que: “al principio del Glorioso Movimiento Salvador de España se practicó una minuciosa revisión por orden de la autoridad local y fueron retirados e inutilizados algunos libros que procedían del mencionado Patronato”[27]. Igualmente, el maestro encargado de este tipo de  biblioteca en la localidad palentina de Paredes de Nava, refiere que de los 275 volúmenes de los que constaba antes del 28 de julio de 1936, se conservan “en el momento actual 215 volúmenes por haber sido unos destruidos por una comisión nombrada por la Alcaldía en los días del Glorioso Alzamiento Nacional, y otros enviados a la Comisión Provincial Depuradora de Bibliotecas Escolares”[28]. Y del mismo modo, el Alcalde del Carpio (Córdoba), informaba de que “ por la Autoridad Militar que se hizo cargo de todos los servicios de esta Villa, cuando fue liberada por nuestro glorioso Ejército, se ordenó la destrucción de la mayor parte de los volúmenes que existían, por ser todos contrarios a la idea Nacional-Sindicalista, y otros de moral muy baja”[29].

Por su parte, y en lo que hace  a la provincia de Oviedo, tras la entrada el día 8 de agosto de 1936, de una Columna Gallega, leemos que "de inmediato se clausura la B.P.C. (Biblioteca Popular Circulante) y parte de la directiva sufre la represión política o el exilio. La biblioteca es expurgada y las obras de Felipe Trigo, Blasco Ibánez o José María Carretero arden en la Pedrera, seleccionadas por la inspirada mano de Casimiro Cienfuegos, entre otros"[30].

Una de las consecuencias de este clima de bibliofobia desatada, fue que aquellas personas que poseían libros, procurando curarse en salud, procedieran por sí mismos a la destrucción de aquellos textos ahora tácitamente prohibidos y de aquellos otros cuya simple tenencia pudiera resultar sospechosa, y así: “una de las primeras precauciones que tomaron los particulares, participaran o no en política, y aunque su ideología no fuera precisamente muy ‘progresista’, fue realizar un expurgo en sus bibliotecas privadas”. Por ello, “en los meses de agosto y sucesivos, millares de libros fueron arrojados a las hogueras, como medida previsoria por sus propietarios”. Puesto que: “el vicio de la lectura llegó a convertirse en pecado y tener ciertos textos llegó a constituir un delito cuando no casi un crimen”[31].

Un caso  de autodestrucciones de textos, que pensamos hubo de ser también frecuente, fue realizado, sin duda, por los propios editores que, en diverso grado, quedaron fuera de la ortodoxia advenida, y que ahora era exigida al libro. Y así a modo de ejemplo, contamos con los informe policial sobre el editor Juan Bergua, en cuyos almacenes de Getafe, se habían practicado ya siete, infructuosos, registros. El informe daba, por descontado que “es hombre de ideas izquierdistas y ha publicado libros desarrollando la teoría marxista”. Pero la razón de no haber obtenido pruebas incriminatorias, en forma de libro, en este caso, era debido a que “si no se los han recogido los ha quemado, pues en el jardín de su hotel se quemaron muchos papeles y libros que el hermano dice eran inservibles pero que muy bien pudieran ser los que le comprometieran”[32].

Finalmente, otra modalidad de este tipo de destrucciones, queda ejemplificada en el bando dado por el Comandante General de Canarias, que al declarar fuera de la ley a “la Masonería y demás asociaciones de naturaleza secreta”, establecía que “las obras de propaganda referente a las aludidas asociaciones se considerarán incluidas en el artículo séptimo del Bando del 3 de septiembre pasado, debiendo por tanto ser destruidos por sus poseedores, en el plazo de tres días que el mismo se fija[33]”. 

Este ímpetu destructor será atizado, desde ciertos medios de comunicación de signo partidista, como el falangista Arriba España, en cuyo primer número se leía: “camarada, tienes la obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye  y  quema  sus  periódicos,  sus  libros,  sus revistas, sus propagandas”[34]. O, en la misma coyuntura, desde medios académicos: y así, el Rector de la Universidad de Zaragoza, G. Calamita, en un artículo significativamente titulado “¡El peor estupefaciente!”, tras referirse al “libro sectario” y a la labor del anterior Ministerio de Instrucción Pública – “que había inundado las Escuelas de bibliotecas criminales”–, concluye que: “el fuego purificador, es la medida radical contra la materialidad del libro”[35].

Como cierre de este apartado, recogemos unas palabras proféticas de Alvaro Cunqueiro – después adherido al alzamiento militar – que decía: “ixta xente non ven de farra, senón a resucitar el Imperio por la Contra-Reforma”[36].

3.2.: Incautaciones.

Otra forma de proceder contra el libro – ya escrito – fueron las que hemos dado en llamar, en apreciación meliorativa, incautaciones, ya que en muchas ocasiones habría que calificarlas de apropiaciones irregulares e incluso de simplemente ilegales, en tanto bastantes de ellas, o bien se realizaron aprovechando el vacío legal, o bien incumpliendo la normativa autoproclamada como legal[37]. Diferenciamos la incautación de la simple destrucción, porque, en principio, ello sólo significaba que los volúmenes, sin ser destruidos, quedaban bajo custodia tanto de las fuerzas militares o de orden público, como de las grupos civiles que apoyaron el alzamiento, impidiendo de este modo la lectura de los mismos. Lo  que  ocurría en este caso, es que entraba en juego un nuevo factor, como era el valor cultural – no todo era odio, evidentemente – o simplemente crematístico de los libros, lo que hacía que a la simple destrucción o depuración, se aplicase un tamiz previo en función de esos criterios.

De este modo, y como es sabido, uno de los primeros actos en las poblaciones donde triunfó el golpe de estado, fue la clausura y, en otros casos, el asalto a las sedes de sindicatos, partidos políticos y otras agrupaciones culturales de signo obrerista o liberal, siendo estos hechos los que propiciaron las incautaciones aludidas[38]. Aunque también cabe pensar que fue el asociacionismo en general el que cayó bajo sospecha, a juzgar por un informe de la Delegación de Orden Público de Ferrol, en el que se da cuenta en un breve nota de la orientación de las más diversas asociaciones, con la finalidad clara de neutralizarlas, y que responde a una circular del Gobernador Civil de La Coruña, lo que sugiere un procedimiento sistemático aplicado, al menos, a todas las localidades de este provincia [39].

De la misma manera, y en lo que se refiere a los particulares, se procedió a la detención, y con frecuencia al posterior “paseo”, de aquellas personas que se habían significado, o que simplemente eran sospechosos, como militantes o simpatizantes de las ahora ideologías anatemizadas. Muchos de ellos, sin duda, personas que se movían dentro del ámbito de la cultura libresca y que, por lo mismo, aunque de modo variable, tendrían libros en sus casas. Pues bien, un acto consecutivo a la detención – en muchos casos sin procedimiento judicial alguno que lo avalase – solía ser la “requisa” de los bienes del detenido, método por el que, como refiere Fernández Santander, “bajo el pretexto de un auto de fe purificador, bastantes bibliotecas acabaron en manos de los paseadores” [40].

Por otro lado, cuando el procedimiento es legal, es decir efectuado por mandato judicial, y en aplicación del art. 1º del Decreto 108 de 13/9/36, hay que distinguir entre incautación y embargo. La incautación era aplicada a las asociaciones, y sus pertenencias pasaban directamente a poder del Estado; el segundo caso, es decir el embargo, era el sistema aplicado a los particulares, implementado por vía judicial, siendo el juez quien decidía en última instancia, sobre el destino final de los bienes, ateniéndose al procedimiento pertinente. En este último caso, y en lo que a las bibliotecas de particulares se refiere, muchas de ellas, previo expurgo de las obras “indeseables” fueron subastadas, aunque con poco éxito según reconocía la Comisión de Justicia de la JTE, de las que decía que “tal vez, algún día sean adjudicadas al Estado, por falta de licitadores en las subastas”[41].

Respecto a la implementación concreta de este decreto en las diversas provincias, hay que decir, que de modo global incluía el embargo o la incautación de los libros, pero en casos concretos, como en las Islas Baleares, el desarrollo del mismo contenía artículos que iban, sin duda, dirigidos explícitamente contra el libro. Y así, en referencia a las personas individuales, se hacía mención específica, en este caso, de delitos cometidos “por medio de la imprenta, el grabado, o cualquier otro medio de difusión o radiación (sic)”[42].

La documentación principal que da cuenta de estos hechos se genera en virtud de una orden de 1938 – que en sí misma es una prueba ya de la necesidad de regularizar la tenencia de los libros incautados –. Por otra parte, una característica de la misma es que los informes fueron realizados de modo confidencial por los Jefes de las Bibliotecas de las diversas provincias, hecho que, creemos, debe interpretarse como una prueba más, si cabe, de que muchos de estos libros habían tenido como destinatarios a agrupaciones políticas o a particulares que en estos primeros momentos simplemente se habían apoderado de ellos[43]. Así lo entiende Fernández Santander, que para el caso de Galicia, dice que “al amparo de este primer decreto – el 108 – se fueron reuniendo en las comisarias de Vigilancia y Orden público de Galicia, cientos de volúmenes que, finalizada la guerra, serían trasladados a las bibliotecas públicas, tras una esquilma. Una esquilma que derivaba muchas veces en pura y simple requisa de libros de gran valor por su antigüedad”[44].

Por la misma ley mencionada, y en busca de información sobre el destino dado a estas bibliotecas de las diversas asociaciones, el MEN se había dirigido a la Comisión Central de Bienes Incautados, de cuya respuesta puede deducirse que esta Comisión Central apenas intervino en este tipo de incautaciones, aunque dicho cometido era competencia suya, y que por tanto, fueron gestionadas de modo variado en las diversas provincias: “las bibliotecas que por pertenecer a entidades declaradas fuera de la Ley (...) /que/ han sido incautadas por el Estado han sido muy pocas en número y pude decirse que no están administradas por esta Comisión Central”. Del mismo modo, por el documento, podemos saber – descontadas las destrucciones, “expurgos” y las apropiaciones indebidas – que las mismas, “han sido cedidas a bibliotecas oficiales o están solicitadas por los Ayuntamientos (...) o por otras entidades lícitas a las que los Gobernadores Civiles cedieron el uso de los libros”. Para ejemplificar lo antedicho, la Comisión se refería a los casos de la biblioteca de la Sociedad “La Cultura”, de Prado del Rey (Cádiz), solicitada por el Ayuntamiento, y que estaba pendiente de resolución, y a la del Ateneo Riojano (Logroño), cedida – junto con su inmueble, por el Gobernador Civil, a diversas asociaciones[45]. No obstante lo referido en la carta, y como se irá viendo, éste fue sólo uno de los destinos dados a los libros de estas asociaciones, de cuya administración, la Comisión Central se había inhibido. Si ello ya puede servirnos de indicio respecto a la irregularidad de los procedimientos seguidos con las bibliotecas de las diversas asociaciones, en mayor medida, puede pensarse que esto ocurrió así, en el caso de los particulares; caso este último, en el que, como refería el mismo documento, la Comisión no era competente.

De este modo, en lo que atañe a las bibliotecas de particulares, el JBP de Palencia, refería que: “dos intelectuales del Magisterio – el Inspector Arturo San Martín y el Profesor de la Normal Daniel G. Linacero fueron fusilados después del Movimiento Nacional de 1936, y sus libros, no corrientes, fueron a manos de juristas y militares sin que pueda precisarse su nombre”. Y ampliando su informe pocos días después: “por noticias facilitadas por el Sr. Alcalde de Cevico de la Torre, se incautaron de la Biblioteca del Médico de aquella localidad – Diógenes Andrés – fusilado el año 1936. Biblioteca subversiva y que según rumores, se anunciaba a la venta en el juzgado de Baltanás”[46].

En el mismo sentido informaba el JBP de Toledo: “he sabido también en estos días, que había una Biblioteca del Dr. Marañón, en un Cigarral propiedad de este señor. Dicha Biblioteca, por lo visto, fue dividida en lotes. Uno, de libros de Medicina, pasó al Colegio de Médicos. Otro, de libros de literatura, se hizo cargo de él el Director del Instituto, con destino a la Biblioteca de dicho centro. Un tercer lote, de libros, en su mayoría, de temas sociales, son los que han pasado a poder de esta Biblioteca”[47].

Respecto a la provincia de Pontevedra, se nos da cuenta del embargo de la biblioteca del dibujante Castelao, y  de que  los libros, en la fecha del informe, se hablaban depositados en el Museo de la Diputación; de la del Catedrático del Instituto Ossorio Tafall, cuyos libros se hallaban en su domicilio, y finalmente, de la de un “medico de Tuy”, de la cual se desconoce su paradero. Un aspecto relevante de este informe, y que abunda en la idea de la irregularidad de los procedimientos, es que quien lo subscribía (JBP), se había dirigido en busca de información, confidencial como se ha dicho, a la Comisión de Incautaciones de la provincia, encontrándose con una negativa a informar sobre otros casos “entre las muchas personas de cuyos bienes está incautado el Estado”, señalando el error evidente de la Comisión “acaso por entender que bibliotecas quiere decir grandes colecciones de libros, lo cual no puede suponerse en colecciones particulares, siendo bien evidente que es preceptiva la entrega de toda clase de libros, con arreglo a la O. de 28 de marzo de 1938”[48].

Pero sin duda, los fondos bibliográficos más importantes incautados de este modo, fueron los de las agrupaciones políticas o culturales: casas del pueblo, ateneos culturales, círculos recreativos, bibliotecas para profesores de escuelas e institutos, etc. Aunque sólo contamos con varios ejemplos, damos por supuesto que este fue un método habitual en los primeros meses del alzamiento.

         Al respecto, la documentación más importante que se conserva es la referida a Galicia, que podría considerarse como paradigma de lo ocurrido en aquellas provincias donde el triunfo del golpe de estado fue inmediato. No obstante, esta información fue solicitada a todas las provincias en las que el decreto Nº 108 se había aplicado, en virtud de la orden de 28/3/38 promulgada por el MEN. De este modo, volvemos a encontrarnos con casos de irregularidad, ya que, por ejemplo, el JBP de Ávila, contestaba  que “tras consulta a la Comisión Provincial de Incautaciones, consta que “ni en Ávila ni en la provincia había incautada otra Biblioteca que la de Barnés”, que, siguiendo el procedimiento legal, era la que se había depositado en esa biblioteca[49], y de manera similar el JBP de León informaba, en un principio, de que: “judicialmente no ha sido incautada en esta capital y partido más Biblioteca que la de Dª Concepción Graiño”. Y ampliando su información algunos días después, añadía lo siguiente: “he procurado enterarme del paradero de la Bibliotecas de Centros y Organismos de significación izquierdista y he podido averiguar por referencias que, la Biblioteca del Ateneo Obrero de esta Capital – que desde los primeros momentos fue incautada por Falange – están la mayor parte de los volúmenes en La Bañeza, en el centro de Falange, pero dispuestos, antes que a entregarlos, a repartirlos entre los que se los llevaron”[50]. E igualmente, refería el JBP de Burgos, que: “entre los bienes incautados a particulares rojos o entidades antipatrióticas de esta provincia, no ha aparecido más Biblioteca que la del Ateneo Popular de Burgos”[51]. Para el caso de estas provincias hay que presuponer la incautación o embargo inmediato de la mayor parte de las bibliotecas de entidades o particulares, y por tanto, ambos documentos prueban, por omisión de datos, y como se ha dicho, la irregularidad del procedimiento seguido con las restantes.

De modo similar, el JBPr de Canarias: “sé de algunas bibliotecas rojas incautadas y no ingresadas en este centro, aunque su importancia(...) era escasísima; pero, en cambio, en el llamado Centro de Dependientes, refundido con la Casa del Pueblo, había una Biblioteca, cuyos volúmenes oscilaban entre los ocho y los diez mil; parece que con las anomalías de los primeros momentos, algunos de estos volúmenes desaparecieron; pero la inmensa mayoría de los mismos se conservan en el mismo edificio y bajo custodia de Falange Femenina y de la C.N.S.”[52].

Como se ha dicho, la región de la que existe constancia de un mayor número de casos es la de Galicia, donde el triunfo del golpe de estado fue inmediato. Así, en la provincia de La Coruña – uno de los lugares donde la clausura de centros obreros, fue simultánea a la declaración del estado de guerra – el Gobernador Civil, tomando una medida respecto a las bibliotecas de estos centros que podemos, por su carácter de medida pública respecto a la quema de libros, considerar única, dispuso que: “las bibliotecas de todos los centros clausurados serán examinadas, procediéndose a la quema de toda la prensa, libros y folletos de propaganda de ideas extremistas, así como la de temas sociales y pornográficos, y en general todos aquellos que de un modo más o menos claro encierren propaganda reñida con los principios de la buena moral, así como los que combatan la religión católica, base del sentimiento religioso español”[53].

Como ejemplo concreto de lo ocurrido en está provincia, y de la justificación dada para su incautación, según el informe, de la Delegación de Orden Público, y refiriéndose al Centro Obrero de Cultura del Ferrol, decía lo siguiente: “Sociedad controlada, apadrinada y encauzada con toda clase de cuidados por los elementos izquierdistas de El Ferrol, que veían en su hermosa biblioteca – la única pública del pueblo – un medio de atraerse a los deseosos de cultura. Clausurada desde los primeros momentos del Movimiento, procede su disolución e incautación de bienes”[54].

Y en la misma ciudad de La Coruña, y como exponente, una vez más, a pesar de lo legislado, de la irregularidad de los procedimientos seguidos, se constata la triple intervención sobre una “sociedad” – Sociedad Cultural Deportiva de los Castros –, dedicada principalmente a organizar regatas, de la que decía su Presidente, y en espera de la devolución de sus bienes, que “nada punible creo pueda hallarse en el seno oficial de la misma”. De este modo, poco después de iniciado el alzamiento la Guardia Civil requirió la llave del local y procedió a su clausura. Cuatro o cinco días después, Agentes del Cuerpo de Vigilancia “procedieron  a la revisión de los libros de aquella Biblioteca, y de entre los que había, encontraron de unos 30 a treinta y tantos (...) de ambiente poco grato, se desprende, desde el momento que tuvieron precisión de retirarlos”. Finalmente, los nombrados como “Agentes de su Autoridad” – en referencia al Gobernador Civil – “a los que acompañaban unos señores de las Milicias Armadas, procedieron a la apertura del local, recogieron todo cuanto en él se encerraba, libros, papeles, muebles, cortinajes etc. etc. dejándolo completamente vacío y limpio”[55].

Y en el caso de Santiago de Compostela, el Jefe de la Biblioteca Universitaria, informaba de que “a los pocos días de iniciado el Glorioso Movimiento, fue cerrada por orden gubernativa, la sociedad Recreo Artístico. Todos los muebles, libros y otros enseres pertenecientes a la misma, fueron llevados a la que fue Residencia de los PP. Jesuitas, por la Falange de esta ciudad (...) lo que haya podido suceder con los libros desde entonces lo ignoro”[56]·

Para la provincia de Pontevedra, refiere Fernández Santander, que “en octubre de 1936 ya eran 1142 los volúmenes incautados procedentes de la Casa del Pueblo y la Casa del Maestro de la capital de la provincia y la Sociedad Oliva, de Vigo”, dicha cifra coincide aproximadamente con el número de volúmenes ingresados – siguiendo en este caso el procedimiento legal – en la Biblioteca Pública de Pontevedra, según informaba con posterioridad el Jefe de dicha Biblioteca”[57].

Una de las precisiones que cabe hacer a la hora de calificar como legal el procedimiento de incautación o embargo, o al menos considerar el hecho como controlado, aunque no siempre, es la existencia de un acta de incautación, que principalmente suele consistir en el inventario de los bienes incautados con expresión del organismo que la lleva a cabo y la fecha en que ésta fue efectuada. Al respecto, se conservan las de La Sociedad Liceo de Sésamo, realizada por la Guardia Civil, que recoge en la misma, además de otros datos, los títulos de las obras que componían su biblioteca. Del mismo modo la realizada a la Sociedad Casino de Monforte de Lemos (Lugo), de la que todavía en noviembre de 1939, no se había determinado el destino final que debía darse a sus bienes.

De esta última sociedad, lo primero que cabe destacar, y como expresión de la minuciosidad con la que se procedía en algunas ocasiones, es que  además de ofrecernos el listado de los libros que se conservaban en su Biblioteca, lo hace también de aquéllos que en ese momento se encontraban prestados, sin olvidar el nombre de los prestatarios, suponemos, que sospechosos ya, por el hecho de haberse servido de esta biblioteca. En este caso, la incautación había sido realizada por el Cuerpo de Investigación y Vigilancia a instancias del Gobernador Civil, justificándola del siguiente modo: “he resuelto disponer sea clausurado el llamado Casino de Monforte por su matiz francamente izquierdista, por tener esa ideología la mayoría de los socios (...). Añádase a esto las razones de pública moralidad y de saneamiento espiritual que obligan a exterminar los focos que pueden seguir envenenando la conciencia de los incautos favorecida por la perversidad de los mal intencionados”. Respecto al destino dado a sus bienes – razón por la cual se conserva toda esta documentación – la Comisión de Incautación de Bienes de Lugo, se los reclamaba a la Comandancia Militar, que ya había expresado con anterioridad a la misma, que “los bienes pasaron a ser propiedad del Estado y se distribuyeron entre las Milicias, Instituto y Alcaldía”[58].

Finalmente, se conserva, del mismo modo, el acta de incautación del  Ateneo de Rutis (Culleredo), realizada por parte de la Guardia Civil, y ya clausura con anterioridad por el Ayuntamiento de la localidad. Transcribimos un párrafo de la misma, y aunque no se puede generalizar, sí creemos que da una idea del nivel intelectual de algunas de las personas que intervinieron en estos casos de represión cultural: “trasladada la fuerza actuante y presidente al mencionado Ayuntamiento para recoger las referidas llaves con el fin de examinar la viblioteca (...) reconocida la viblioteca se encontraron unos cincuenta egemplares de revistas, estudio y varios que aun no siendo sociales trataban algo libres, los cuales fueron quemados por el que suscribe, quedando tresciento/s/ veintisiete tomos de diferentes autores habundando viajes y aventuras”[59].

3.3.: Recogidas de libros.

Un tercer procedimiento, anterior a toda normativa oficial – no se olvide –, fueron las órdenes dictadas al respecto por algunos Gobernadores Civiles, en unos casos; y autoridades militares, en otros. Dichas órdenes incumbían principalmente a aquellos establecimientos de venta que probablemente habiendo pasado ya un expeditivo y riguroso primer nivel de filtrado, eran susceptibles aún, a juicio de la autoridad, de contener algún tipo de obras contrarias a los nuevos valores que se trataban de imponer.

De acuerdo con ello, el Gobernador Civil de Córdoba ordenaba la recogida de libros y periódicos marxistas, en los siguientes términos: “se ha dispuesto por el Gobierno civil la obligación que tienen los dueños de las librerías y puestos de periódicos de entregar inmediatamente en dicha dependencia oficial cuantos libros, folletos, revistas o periódicos /que/ defiendan teorías marxistas, anarquistas o efectúen estudios de actualidad bajo un prisma de izquierdismo, así como todos los pornográficos e inmorales, quedando incluidos en esta prohibición las obras de Marx, Lenín, etc., y los comentarios sobre ellas, no sirviendo de pretexto que sean obras filosóficas o de estudio”[60].

En parecidos términos, se expresaba el Gobernador Civil de Cádiz, lo que nos hace pensar en la posible existencia de una circular cursada desde Sevilla y que afectaría, por tanto, a toda la zona nacional de Andalucía. La variante, de esta orden viene señalada por el tono amenazador de dicha disposición: “los que oculten estas propagandas serán castigados con el máximo rigor, que puede llegar a ser irreparable”. Y para dar verosimilitud a tal amenaza, en esos días en los que la vida no valía nada, se decía: “los agentes de mi autoridad velarán por el exacto cumplimiento de cuanto se ordena, procediendo a la inmediata detención de los infractores”[61].

Por otro lado, este último inciso de la orden nos pone en la pista de un procedimiento que también hubo de ser habitual: las visitas de inspección a este tipo de establecimientos por organismos como las Comisarías de Vigilancia o Comandancias de la Guardia Civil. Y así, y ratificando este hecho, cuando Lasso de la Vega solicite informes respecto al modo en el que fue cumplida la orden de 23/12/36, el JBP de Badajoz responderá que: “antes y después de esta depuración se venían realizando visitas de inspección por la Comisaría de Vigilancia y Comandancia de la Guardia Civil, a kioscos y librerías”[62]. Lo que hace pensar que, o bien, como en los casos anteriores, dichas inspecciones se aseguran del cumplimiento de las órdenes de recogida; o bien, que eran estas mismas inspecciones las que propiciaban la recogida de los textos.

Estos hechos implican, como hemos visto, la intervención de organismos relacionados con el Orden Público, o lo que es lo mismo: la criminalización de la tenencia o venta de determinados textos, con efectos varios – lo que hay que suponer a falta de mayor documentación – aunque predecibles respecto al destino final dado a los libros, como el señalado por Francisco Moreno, para la ciudad de Córdoba. Y así, en referencia a Bruno Ibánez Galvez, Jefe de Orden Público, dice que: “su primera medida como ‘moralista’ fue el expurgue, incautación  y quema de libros, a la usanza de los nazis. Destruyó en su primera campaña un total de 5.544 libros, no ya de carácter marxista, sino con el más mínimo olor liberal, social o político, recogidos en todas las librerías de Córdoba (sobre todo la de la calle Gondomar, cuyo propietario, Rogelio Luque, ya había sido fusilado), y en otros kioskos y centros escolares”[63].

Hemos visto como apenas un mes después de iniciada la guerra, los gobernadores civiles de Cádiz y de Córdoba habían dado órdenes de recogida de libros; y en el caso de esta última provincia como, en una suerte de segunda vuelta, se dio una nueva orden de recogida de textos. En los dos primeros casos, hemos hablado de concomitancias, que – sin poderlo asegurar – nos inducen a pensar en una orden cursada para todo el ámbito territorial de la 2ª División Orgánica, al mando de la cual se hallaba el General Queipo de Llano, y que territorialmente abarcaba toda la zona nacional de Andalucía y Extremadura. Pero lo que si podemos afirmar, con un mayor grado de verosimilitud, es que la medida de Bruno Ibáñez hubo de venir a dar respuesta al Bando que,  cronológicamente fue promulgado entre las primeras y esta segunda medida.

El referido bando es, para los objetivos buscados en nuestra investigación, sorprendente por dos razones. La primera, por el extenso ámbito territorial que abarca y por los resultados a que dio lugar – si hay que entender por tales las destrucciones practicadas por Bruno Ibáñez –; y en segundo lugar, porque no solamente dicho bando constituye un claro antecedente de la posterior orden de Diciembre de la JTE, que sobre recogida de libros, promulgará la Comisión de Cultura y Enseñanza, sino también porque, con algunas pequeñas variaciones – significativas, en algunos casos – la orden posterior de Diciembre copiará, no sólo el espíritu de este bando, sino párrafos literales del mismo, implicando al mismo tipo de libros, y en relación a los cuales habrían de seguirse procedimientos de actuación similares a los aquí preceptuados.

Y así en el preámbulo expositivo de los motivos, el bando de Queipo refería que: “una de las armas de mayor eficacia puesta en juego por los enemigos de la Patria ha sido la literatura pornográfica y disolvente. La inteligencia dócil de la  juventud y la ignorancia de la masa, fueron el medio propicio para el cultivo de las ideas revolucionarias. Y la triste experiencia de este momento histórico demuestra el éxito del procedimiento elegido por la Masonería, el Judaísmo y el Marxismo”.

Por el antedicho motivo (art.1º), venían a declararse “ilícitos el comercio, circulación, producción y tenencia de libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos pornográficos o de literatura socialista, comunista, libertaria, y en general, disolvente”. A continuación, y en sendos artículos subsiguientes, se  señalaban  los ámbitos de aplicación de la medida: “los dueños de los establecimientos dedicados a la edición o venta” (art.2º) y “los particulares y entidades y Corporaciones” (art. 3º).

Como se ha dicho, esta normativa, hubo de afectar, como en la misma quedaba establecido a todo el “territorio de esta División”, aunque de ella, y en referencia al mismo tipo de textos, quedaban exceptuadas las Bibliotecas Oficiales y los particulares, siempre y cuando que “por razón de las disciplinas en que desenvuelven sus actividades y por su acendrado patriotismo y amor al orden, no ofrezcan sospechas de que puedan hacer uso ilícito de la excepción”. No obstante, en este caso, sería necesaria una autorización expresa[64].

Respecto al cumplimiento de esta normativa, y a falta de más datos[65], hemos de suponer que, para todo el territorio mencionado, y respecto a los ámbitos de aplicación de la misma, este tipo de literatura quedaría borrada del mapa de esta zona. Respecto a su entrega, y como ya hemos señalado para otros casos, es muy probable que las mismas, fuesen de escasa cuantía, dado que la simple tenencia de este tipo de textos, podía ser, por estas fechas, considerada sospechosa.

Finalmente, respecto a la procedencia de esta normativa, no hay que dejar de volver a señalar, por lo significativo que ello resulta, el hecho de que sea la autoridad militar quien intervenga en asuntos culturales. Algo que nos habla del giro radical que se había dado a la consideración de la cultura.

Por otro lado, el Bando de Queipo, no iba a tener solamente efectos posteriores a nivel nacional, sino que también nos inclinamos a pensar que en el caso de las Islas Baleares, su Comandante Militar, puso en circulación, un mes después, la misma medida. Pensamos que esto fue así, porque, con escasas variantes, el fondo y la forma de la misma son similares a la normativa dada por Queipo. Pero definitivo, y más determinante, es que de la misma, como en el caso anterior, se copiaron párrafos literales[66].

Confirmando nuestra idea, anteriormente expuesta, de que las entregas realizadas mediante este procedimiento serían, por lo comprometido de las mismas, escasas, el Comandante de Baleares, se vio obligado a reiterar la medida. Y así, tres días después, y expirado por tanto el plazo establecido en la normativa anterior, se publicó otro Bando, en el que se especificaban como delito militar de alta traición – y sometidos por tanto a Jurisdicción de Guerra – determinados hechos, entre los que se incluía “la distribución o tenencia de toda clase de propaganda contraria al Movimiento Nacional”. Por nuestra parte, entendemos, que la palabra “propaganda”, incluiría también la tenencia o distribución de determinados textos. Como en el caso del bando anterior, se establecía un plazo de entrega voluntaria, que en este caso, sería de 24 horas. Pero los efectos, en cuanto a las entregas no debieron de dar los resultados buscados, porque dos semanas más tarde el Gobernador Civil de Palma de Mallorca instaba a la necesidad “urgente” del cumplimiento del primer bando de la Comandancia Militar de las islas, y confirmando nuestra idea del recelo existente respecto a las entregas voluntarias, encomendaba al “Sr. Jefe Superior de Policía de esta capital y los Sres. Alcaldes de los pueblos de esta Isla” /para que/ “excitarán el celo de los agentes a sus órdenes con el fin de que Ayuntamientos, círculos, bibliotecas, sociedades, librerías, kioskos etc., hagan la entrega de los libros, revistas, periódicos e impresos de todas clases en la forma que se determina en cada uno de los artículos del citado bando”[67].

Del mismo modo, y en la provincia de La Coruña, pocos días después de que el Gobernador Civil, decretase la quema de los textos expurgados de las asociaciones clausuradas, como ya se vio, promulgaba un edicto – a propuesta del Delegado militar de Instrucción Pública – cuyo objetivo era impedir la difusión, mediante la venta, de este tipo de textos: “por la presente se ordena a los dueños de las librerías, quioscos, puestos ambulantes de libros, etc., establecidos en esta capital y su provincia que en el plazo de cuarenta y ocho horas (...) entreguen en los locales de esta Delegación (...) los de la ciudad o en las Delegaciones militares respectivas de los pueblos, todos los libros, folletos, revistas, etc., de carácter marcadamente comunista, anarquista o ácrata y marxista, que hagan la propaganda abierta o embozada de esas doctrinas, así como los de carácter pornográfico”[68].

Igualmente, sabemos que en la provincia de León, existió una disposición del Gobernador Civil para que los denominados como “libros y publicaciones inmorales y pornográficos”, fuesen entregados por sus poseedores en la Comisaría, “en evitación de mayores males”. La disposición no aparece en el BOP, pero sabemos de ella por la referencia  que se hace al mismo en un artículo editorial, titulado, significativamente, “Contra la pornografía”, en la que al referirse a este tipo de publicaciones hablaba no solamente de recogida, sino también de la destrucción de tales textos[69].

Finalmente, y como un caso intermedio entre la incautación y la recogida de libros, el JBP de Vitoria al informar sobre el cumplimiento del Decreto 108, señalaba que con fecha de 29 de agosto de 1936, ingresaron en dicha Biblioteca “algunas obras de interés histórico vascongado en general, que el abajo firmante logró conseguir de entre las que rápidamente y a raíz de nuestro movimiento se fueron reuniendo en el Gobierno Civil de esta provincia, procedentes de Centros políticos clausurados y librerías de todos los órdenes en esta Capital por personas entonces señaladas por el Gobernador Civil”[70].

3.4.: Depuración de Bibliotecas Escolares.

El cuarto modo de proceder contra el libro enemigo viene señalado en la que será la primera normativa promulgada a nivel nacional: la orden de 4 de septiembre de 1936. Legislación que debe contemplarse dentro del marco de la enseñanza primaria – y no como una normativa de aplicación global, como erróneamente se interpreta en ocasiones –,  y por lo mismo realizada con un carácter de relativa urgencia, ya que las clases debían reanudarse en septiembre. Es por ello que también los ámbitos de  aplicación  quedan  restringidos  a las bibliotecas ambulantes y a  los libros presentes en las escuelas, y su objetivo será preservar a “la niñez”, de la gestión anterior del “Ministerio de Instrucción Pública”, y especialmente de la labor de la “Dirección General de Primera Enseñanza”. Justificada la orden como un caso de “salud pública”, y desprestigiada la gestión anterior de dichos organismos al calificarla como de “falso amor a la cultura”, se propone la “incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en bibliotecas circulantes o escuelas”. Aspecto negativo de la orden, que se complementaba con la labor encomendada a los “Inspectores de Enseñanza, adscritos a los Rectorados” para que solamente autorizasen el uso “de obras cuyo contenido responda a los sanos principios de la Religión y de la Moral cristiana, y que exalten son sus ejemplos el patriotismo en la niñez”[71].

No estará de más recalcar que hasta la orden sobre circulación de obras impresas de diciembre de este año, y la referida a censura de libros del bando de la JDNE, ésta es la única normativa existente a nivel nacional, en lo que al libro se refiere. Tal hecho prueba que, salvo estas medidas represivas, también adoptadas de modo unilateral en algunas provincias, el desinterés por establecer unas pautas positivas era manifiesto. Por otro lado, lo que asombra de esta orden, que constituye un precedente de lo que se legislará al respecto en diciembre del mismo año, es la minuciosidad con la que fue acometida tal tarea, implicando a un gran número de personas[72]. Una labor legislativa de filtrado, a nivel nacional (oficial), que se inicia con esta orden, y que en oleadas sucesivas despojará a todas las bibliotecas, o cualquier otro lugar donde pudiera encontrarse un libro, de todos los  contenidos considerados perniciosos.

Respecto a este tipo de bibliotecas, si bien era cierto, que entre los motivos de su creación contaba el hecho político, en tanto el desarrollo cultural en las áreas rurales conseguiría sacar a éstas de su inveterada inercia política, ganándolas así para la causa republicana – hay que considerar que tales bibliotecas no eran de uso escolar exclusivo, sino que incluían la posibilidad de préstamo a los vecinos del pueblo –, la composición de sus fondos bibliográficos, desmiente la idea de “sectarismo”. Pues si es cierto que una parte de los fondos concedidos podría encuadrarse dentro del campo de las obras doctrinales de izquierda o afines al liberalismo, el resto de sus fondos vendrían a constituir un desideologizado y básico punto de partida cultural mínimo. Tal hecho quedará probado por los propios expurgos realizados en las mismas que, sobre una base global de 100 volúmenes concedidos por biblioteca, éstos alcanzarían unos porcentajes situados en torno al 20-25%.  Es decir, que aunque no cabe desconocer la motivación política, no dejó por ello de predominar el aspecto cultural, con una finalidad, en este sentido, altamente loable: “los libros que envían las Misiones Pedagógicas, no son, más que la semilla de una Biblioteca. De esta semilla se espera, en primer lugar, que despierte y sostenga la afición a la lectura de libros nobles, útiles y divertidos”; o bien: “aspiran las Misiones a que el libro, considerado hasta ahora como artículo de lujo para la mayor parte de los españoles, se convierta en artículo de primera necesidad[73]”. Por otro lado, la estimación global de bibliotecas creadas en las escuelas, prueba del entusiasmo – fallido (¿?), según algunos autores – y la buena fe con la que se acometió la tarea, partiendo de la nada, se estima en más de 5000[74].

Como era de esperar, la normativa “oficial” tuvo eco inmediato en las diversas provincias – aunque también hay casos de anticipaciones, como se reseña al final de este epígrafe – en las que por estas fechas comienzan a prodigarse los comunicados y las actuaciones contra estas bibliotecas populares circulantes y contra los libros existentes en las escuelas. Por otro lado, en los comunicados provinciales el discurso justificativo es, en líneas generales, y  en casi todos los casos, similar al texto oficial: descalificación de la labor anterior del Ministerio de Instrucción Pública, y “limpieza” necesaria en pro de los valores tradicionales: religión católica, patria, familia, etc.

De este modo, el Gobierno Civil de la provincia de Segovia, solicitó en primer lugar a los maestros el listado de libros que componían las Bibliotecas Escolares, orden reiterada luego por la IPE, estableciendo un plazo de 8 días para la remisión de los listados[75]. Procediendo de modo similar, la IPE de la provincia de Burgos, solicitaba los listados a los maestros, “a fin de que puedan ser señalados aquellos que puedan seguir siendo utilizados en las Escuelas primarias de la provincia”[76]. De la misma manera, se constata la respuesta a esta normativa, aunque desconocemos el modo de implementación, en la provincia de Palencia, desde el momento que en respuesta al MEN, sobre el estado de las Bibliotecas escolares, la maestra de Palencia (capital), comunicaba lo siguiente: “en 1º de octubre de 1936, se retiraron los siguientes: Historia del trabajo – Llopis. Resurrección – Tolstoy, Papa Goriot, La piel de zapa – Balzac. Por el espíritu que los anima “El patrañuelo” de Juan de Timoneda, por encerrar, a pesar de su clasicismo, pasajes escabrosos y, por tanto, perjudiciales para las inteligencias infantiles (sic)”[77].

En otros casos, la orden produjo solamente unas indicaciones generales. Y así, en la provincia de Álava, se recomendaba a los Maestros “que ningún libro de los que usen los alumnos o los que formen parte de las bibliotecas populares, contenga nada que se oponga u oscurezca el sentido de una Patria grande y cristiana[78]”. Igualmente, en la provincia de Baleares, se decía que “las bibliotecas escolares serán objeto de una revisión debiendo desaparecer de ellas todo libro de tendencias socialistas o socializantes y los de moralidad dudosa[79]”.

En el caso de Andalucía, solamente hemos encontrado una Circular de la IPE de Granada, que recogiendo el “espíritu” del Bando dado por Queipo – al que ya nos referimos, y en el que no se especificaba nada sobre las Bibliotecas Escolares –, la misma lo hacía ahora extensivo a dichas bibliotecas – lo que nos hace pensar que, tal vez, fuese interpretado de modo similar en el territorio de la II División –, instando al Magisterio de la provincia “para que con toda urgencia haga la necesaria revisión en las bibliotecas que en sus escuelas existan, entregando los libros descartados a la Autoridad Militar más próxima a su domicilio”[80].

En un segundo momento, y aunque la orden oficial no especificaba claramente el modo de ejecutar tal medida, la documentación permite afirmar que fueron las cabeceras de los Rectorados Universitarios, competentes ahora en todas las cuestiones educativas – tómese nota de ello – quienes, en segunda instancia, cuidaron de que las depuraciones se llevasen a cabo en las demarcaciones que estaban bajo su jurisdicción académica, doblando, por así decirlo, las medidas ya adoptadas a raíz de la publicación de la orden de 4/9/36 . Es por ello que, entre otros, el Rector de la Universidad de Valladolid[81] publicaba una serie de medidas – “dando una mayor intensidad y extensión al precepto” de la JDN – que especificaban tanto la composición de las comisiones depuradoras, como el procedimiento y los criterios que habrían de seguir las mismas. Tales medidas, deberían aplicarse en las “nueve provincias” que, en esa fecha, estaban adscritas a dicho Rectorado[82]. Por otro lado, la finalidad perseguida – paralelismo entre el frente bélico y el frente cultural – era meridianamente clara, a tenor de sus palabras: “sería inútil que el glorioso Ejército Español (...) salve no sólo a España, sino a Europa de la barbarie marxista; sería ineficaz si en la retaguardia quedasen almacenadas las semillas de la revolución”.

Las comisiones se formarían en cada capital de provincia, y dependerían “directamente del Consejo de Cultura”, quedando sujetas a las órdenes del Rectorado. Los vocales, entre los cuales se elegiría al presidente, serían: “un funcionario del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios” – nombrado por el Gobernador Civil –, “el Penitenciario de la Metropolitana o la Catedral, el Inspector Jefe de Primera Enseñanza, una Señora Inspectora de Primera Enseñanza y el profesor de Primera Enseñanza más antiguo de la localidad”.

Los textos a depurar se incluían en cuatro apartados que señalaban al mismo tiempo los criterios a seguir: “a) todos los que se consignan en el Índice de la Congregación del Santo Oficio; b) los que aún cuando no lo estuvieren, sean atentatorios a la Religión Católica, Moral y buenas costumbres; c) los que signifiquen propaganda del socialismo, comunismo, anarquismo y masonería; y d) los que directa o indirectamente ataquen la unidad de la Patria española”.

La medida, acorde con la “destrucción” proclamada en la normativa oficial, hablaba de la “retirada e inutilización”, tanto de los libros, como de los folletos, opúsculos y periódicos, comprendidos en los apartados anteriores[83].

La normativa emanada de este Rectorado, supuso la creación de comisiones ad hoc – en algunos casos en una suerte de segunda vuelta – en el territorio de su jurisdicción académica, como en la provincia de León. En esta provincia, y en los primeros días de noviembre, el primer paso consistió en el nombramiento, por parte del Gobernador Civil, de los componentes de la comisión, entre los que se designaría a su presidente, teniendo en cuenta las prescripciones dadas al efecto por el Rectorado de Valladolid[84].

A continuación, la Comisión, publicaba una circular dirigida a los maestros –  y a los libreros de la provincia – solicitándoles un listado tanto de los libros de texto utilizados en las diversas escuelas, como de los que formasen parte de la biblioteca escolar, encomendando a los Alcaldes el cumplimiento de tal medida, para la que establecía un plazo – muy breve – que acabaría el día 26 de dicho mes. Del mismo modo, solicitaba a los libreros un ejemplar de los libros que para la Primera Enseñanza tenían puestos a la venta, con objeto de examinarlos, y aprobarlos o prohibirlos en su caso, con un plazo, aún más breve, puesto que expiraba el día 15 de dicho mes. En su parte final, y para que ningún texto pudiera escapar a dicha vigilancia, se insertaba un último artículo admonitorio: “se previene a los interesados que por la autoridad competente se exigirá la responsabilidad a que hubiere lugar a todos aquellos que oculten libros o no den conocimiento de los que poseen, así como de las bibliotecas de que disponen”.

A dicha normativa, se le añadió, con posterioridad, un denominada “Primera relación de libros aprobados por la Comisión (...)”, que totalizaban 83 textos diferentes, y que habría de servir de modo provisional hasta que la Comisión finalizase sus trabajos, al tiempo que recomendaba especialmente el uso determinados textos. Finalmente, y como exposición del criterio selectivo de la Comisión, se decía lo siguiente: “La Comisión, al examinar los libros, prescinde de su precio, y sólo atiende al valor patriótico, moral, religioso, literario y pedagógico de los mismos”[85].

Del mismo modo, en la provincia de Palencia, siguiendo las directrices del Rectorado de Valladolid, había quedado formada una Comisión – Comisión Provincial para la Selección del Libro y Depuración de Bibliotecas Escolares – que no sólo intervendría en la Depuración de las Bibliotecas Escolares, sino también en todas las futuras adquisiciones de todo tipo de textos[86].

Según la información dada por Palomares Ibáñez, respondiendo a esta normativa, se habría formado también una comisión en Valladolid[87], y otras en las zonas afectas a este rectorado del País Vasco. En el caso de Guipúzcoa – que comprendía también la zona nacional de Vizcaya  –, el Rector, con fecha de 15/12/36, aprobaba la propuesta, hecha por la comisión, de las personas que compondrían la misma. En lo que se refiere a la provincia de Álava, la comisión ya debía de estar funcionando con anterioridad al 28/11/36, fecha en la que envía al rector un resumen de los trabajos realizados[88]. Por otro lado, y en lo que se refiere a Guipúzcoa, si bien, se constata que se puso en vigor la circular del Rectorado de Valladolid, también sabemos que con anterioridad, y probablemente a raíz de la orden de Septiembre, se habían producido depuraciones de bibliotecas escolares[89]. El mismo eco se hizo de la normativa del Rectorado la provincia de Álava, constituyendo una Comisión – Comisión Provincial de Libros escolares – uno de cuyos primeros pasos fue solicitar los catálogos a los maestros y directores “de todo tipo de escuelas”, tanto de los libros de las bibliotecas, como de los que sirviesen como libro de texto. El envío debería hacerse antes de finalizar el mes de noviembre, por conducto de la IPE. Y en tanto la comisión estudiaba los libros a aprobar, instaba a los maestros a usar solamente aquellas obras “que, a su prudente juicio, rindan tributo a la Religión, la Moral y la Patria española”, al tiempo, que de cara al futuro, obligaba, del mismo modo, a los maestros a dar cuenta a la comisión de las donaciones de libros[90].

Pero este no fue el único modo de proceder, ya que en otras provincias, como la de Zaragoza, en un primer momento, intervino el Gobernador Civil, encargando a todos los Alcaldes de la provincia que “se proceda con toda urgencia a la incautación y destrucción”, de las obras a las que aludía la orden de Septiembre. Solicitando asimismo que “con la urgencia posible” le informasen de lo ordenado en dicha circular[91]. En un segundo momento, la intervención corrió a cargo del Rectorado de Zaragoza, asimismo cabecera de Distrito Universitario, pidiendo la remisión de los catálogos de las bibliotecas, y estipulando que sería la IPE de Zaragoza, quien llevaría a cabo la depuración. De esta forma, y haciéndose eco de la orden de septiembre, leemos, que: “para cumplimentar la referida disposición, oído el parecer del rector de la Universidad de Zaragoza, esta Inspección se dirige a todos los maestros nacionales de la provincia a fin de que, a la mayor brevedad, remitan a estas Oficinas un catálogo de las obras que figuran en la Biblioteca escolar y otro de los libros de texto, con expresión en uno u otro caso de sus autores y traductores, a fin de que la selección de obras que deben leerse pueda hacerse con eficiencia y escrupulosidad, advirtiendo que se aplicarán sanciones graves a los Profesores que por negligencia o cualquier otra causa dejen de cumplir con exactitud el presente servicio”[92].

Para el mes siguiente, los catálogos ya habían sido remitidos a la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de Zaragoza, con el que la misma elaboró un Catálogo General que comprendía “4.248 obras y 2.415 autores distintos”. El paso siguiente sería el estudio del Catálogo por una Comisión examinadora, que nombraría el Rector de la Universidad de Zaragoza, y la posterior publicación de las obras permitidas, lo que, desde luego, a tenor de las cifras manejadas, no sería pequeña tarea[93]. Además de que, por la razón aludida, el dato cuantitativo no es baladí, al considerarlo desde otro punto de vista cabe sospechar que dado el “alto” número de obras y autores, dicha depuración de fondos desbordó ampliamente el ámbito escolar[94].

Hay que añadir que, en cierto modo, existe una contradicción entre las dos normativas, ya que, aunque ambas contemplaban la destrucción de textos, era claro que la primera medida del Gobernador Civil era de carácter más expeditivo, y que en el segundo caso, la destrucción sólo se haría previo examen de los catálogos. 

Pero aunque el Rectorado de Zaragoza – con jurisdicción académica en las provincias de Huesca, Teruel, Soria y Logroño – había pedido la remisión de estos catálogos, parece ser que tal medida sólo afectó a la provincia de Zaragoza, ya que en la provincia de Logroño, se había procedido de un modo diferente. Y así, en una circular dada por el Gobernador Civil de esta provincia, si bien, se hacía eco de la normativa del Rectorado de Zaragoza, en este caso la misma iba dirigida a los “Alcaldes y agentes de mi autoridad (...) para que, con toda urgencia y el máximo interés, procedan, convenientemente asesorados, al examen detenido, expurgo y recogida de cuantos libros, folletos y demás publicaciones existan en dichas Bibliotecas”. La medida afectó tanto a las bibliotecas circulantes como a las escolares, y el destino dado a los libros, sería la “inutilización” de los mismos. Por otra parte, y a pesar de que la implementación de esta medida en el caso de Zaragoza fue posterior a la orden de Septiembre, todo hace pensar que este Rectorado, también, había tomado ya medidas con anterioridad, en tanto, la  referencia a la circular del Rectorado de  Zaragoza lleva fecha de 3/9/36[95].

Lloviendo sobre mojado, en un segundo momento, será la IPE de Logroño quien tome cartas en el asunto, haciéndose eco esta vez de la orden de Septiembre. La Inspección, según refería en su circular, “hubiera querido hacer personalmente la depuración de las bibliotecas escolares y circulantes y de los libros de texto, pero ante la imposibilidad material de hacerlo”, encomendaba a los maestros – en presencia de los señores Alcaldes – la quema inmediata de los libros a los que se refería la orden de septiembre. Sólo en caso de duda, y como medida preventiva, se recomendaba retirar los textos del alcance de los niños, enviando un ejemplar a la Inspección para su estudio. Y por si el celo de los maestros no hubiera sido suficiente, pedía, que una vez hecha la depuración, se remitiera un catálogo a la Inspección tanto de los libros de la biblioteca, como de los libros escolares de texto[96].

En lo que hace a la región Gallega, las fuentes hemerográficas permiten afirmar que cada una de las provincias implementó la orden de septiembre por su cuenta, ya que la primera circular del Rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela al respecto data de finales de enero de 1937[97]. Así, en la provincia de Lugo, la primera reacción a la orden de Septiembre, fue una  circular del Gobierno Civil, de la cual se hará eco unos días más tarde la IPE, solicitando, como en otros casos, los listados de los libros presentes en dichas bibliotecas[98]. Más adelante se constituyó una denominada “Comisión depuradora de bibliotecas escolares”, que daba cuenta de estar llevando a cabo el estudio de los catálogos, tanto de los libros de estudio como de los de lectura, estableciendo respecto a las bibliotecas que éstas “permanecerán cerradas al público en tanto los maestros no reciban instrucciones oportunas para cada escuela y biblioteca”[99]. De modo similar se procedió en la provincia de Pontevedra – con la salvedad de que en esta provincia no encontramos formada una Comisión, encargándose de la depuración una denominada Junta de Inspectores –  donde a una primera circular del Gobierno Civil,  solicitando los catálogos, le siguió otra de la IPE dando un listado de “libros autorizados provisionalmente”[100].

Igualmente, pero siguiendo un procedimiento distinto, se hacía eco de dicha normativa la denominada Comisión Gestora Provincial de Primera Enseñanza de Sevilla, en tanto, decía que: “para la más fiel interpretación de lo dispuesto por la Junta de Defensa Nacional, y sin perjuicio de lo que en ella se ordene”, y hasta que “no se lleve a efecto un detenido estudio de los libros escolares”, la misma procedía a la autorización de determinados textos[101]. Con posterioridad, dicha Comisión, refería que “continua el estudio para ir fijando todos los /libros/ que puedan autorizarse”, lo que nos hace suponer que el examen ya se estaba llevando a cabo[102].

A la normativa que venimos comentando, y a causa del desorden legislativo inicial, se anticiparon, de modo diverso, algunas provincias, que dada la similitud de criterios que luego recoge la orden oficial, hace pensar que en realidad la legislación sólo da carta de naturaleza legal, como se dijo, a actuaciones que, en diverso modo, ya venían realizándose. Normativa que fue puesta en vigor, ante el inicio del curso escolar, como modo previo de orientar la enseñanza primaria. Normativa que podríamos calificar como de sesgo marcadamente  reaccionario, en un sentido católico, e incluso ultracatólico, entre las que se recogía la reposición del crucifijo en las escuelas, o la enseñanza obligatoria de la Doctrina Cristiana  y de la Historia Sagrada.

Así, para la provincia de León, refiere Álvarez Oblanca, que: “uno de los pasos más tempranos que se tomaron fue la recogida de las Bibliotecas escolares que había enviado el Patronato de Misiones Pedagógicas”. Dicha normativa, que data de finales de agosto, ordenaba la recogida de tales bibliotecas, justificándola porque “es evidente que la difusión de obras de marcadas tendencias han sido una de las causas del estado actual”. Y en virtud de la misma se obligaba a los maestros a proceder “a la recogida de libros que se hallen en poder de los lectores, entregando la llave de la misma y una relación de los libros que en ella figuren a la autoridad local, quien procederá a precintar aquella”, obligando también a la entrega de determinados textos[103].

En otros casos, como en la provincia de Salamanca, dentro de las medidas señaladas, se daba una relación de los libros que habían de ser retirados del “uso de las escuelas y de las Bibliotecas escolares”. Hay que comentar que esta disposición incluía una nota final, en la que se decía que: “la decisión de retirar estos libros no obedece a criterios literarios ni políticos, sino meramente pedagógicos”, algo difícil de creer si se tienen en cuenta el tipo de textos que fueron retirados[104].

Algo similar, en cuanto a la anticipación a la normativa oficial, ocurrió en el caso de la provincia de Navarra, cuya Junta Superior de Educación en una directriz referida a la primera enseñanza, –“que será católica en todos los centros”– , al referirse al libro de texto y a las bibliotecas de primera enseñanza, dice que: “se hará una selección detenida el primer día de Septiembre (...) de todos los libros que han servido hasta ahora para la enseñanza. Al efecto, se reunirán los señores Alcalde, Párroco y Maestro respectivos y se retirarán todos aquellos textos de lectura que no ostenten la aprobación de la autoridad eclesiástica. En cuanto a los libros restantes, queda a juicio de dichas personas la retirada de los que consideren perniciosos”. Del mismo modo, ordenaba la retirada de “todas las obras correspondientes a las bibliotecas remitidas por dependencias del Ministerio”, de las que se haría cargo el párroco respectivo. Se advierte que esta medida se toma con carácter urgente, ante la proximidad del inicio del curso escolar, ya que dicha Junta, más adelante, “publicará relaciones completas de libros utilizables”[105].

En otros casos, como el de la provincia de Granada, la normativa sólo incumbía, tras decretar como obligatoria la enseñanza de la Doctrina Cristiana e Historia Sagrada, a los libros de texto; señalando, de modo significativo, que éstos se sustituirían “por aquéllos que estén autorizados por la Autoridad Eclesiástica”[106].

El punto de llegada de esta normativa depuradora en lo que se refiere al libro de uso escolar, queda expresado en un texto, que consideramos paradigmático, sobre la “Organización y funcionamiento de las Bibliotecas escolares”, y al objetivo que las mismas deberían cumplir en adelante. Se trataba de: “establecer entre todos los españoles la solidaridad ideológica necesaria para que, conocido el glorioso pasado de la Patria y participando en el dolor alegre de su glorioso renacer actual, se logre el prestigio que en lo moral, social, artístico, literario, etc., necesita la nueva España para ser lo que ya fue”. Como se puede apreciar en la cita, tras el “saneamiento moral”, y la incapacidad por contradicción in terminis de crear algo nuevo, ya que era precisamente lo “nuevo” lo que se pretendía eliminar, se terminaba siempre retornando hacia el pasado. Otro objetivo perseguido, frente a la impronta individualizada de la cultura promovida por la izquierda republicana, era la homogeneización educativa, sin que faltase en ello el recurso a las virtudes cristianas: “el eje de la vida española forzosamente ha de ser la renunciación y el desprendimiento, el servicio del individuo a la colectividad, el eclipse de todo lo personal para que solamente brillen dos nombres santos: DIOS y ESPAÑA”[107].

Si el libro como instrumento educativo debía servir a estas finalidades, la educación en su conjunto debía apuntar a objetivos similares, definiendo así, dentro de este marco, lo que debería ser en el  futuro el libro de uso escolar. Se podrían traer a colación otras citas – innumerables y reiterativas hasta el cansancio – pero es claro y meridiano, el texto aparecido, con posterioridad, en el que ahora se titulaba como “órgano oficial de la Inspección de Primera Enseñanza de Zaragoza”. El texto, lleva un título tan significativo como:“Hay que españolizar a los españoles”. Los conceptos básicos sobre los que se ha de fundar la “nueva escuela” son: “disciplina, obediencia, respeto a la religión y continuidad en la tradición hispana”, es decir, religión y militarismo/patriotismo en dosis similares. Y tras, como venía siendo usual, desprestigiar la labor educativa anterior, el texto, dice al respecto de la labor republicana, en una línea cultural fundamentalista, que promete “combatirla, neutralizarla y matarla, llevándola en una dirección contraria y radical”. Finalmente, y con un objetivo no lejano del conductismo psicológico, lo que hay que conseguir es “que el niño piense en español, sienta en español, quiera en español y obre en español”[108].

3.5.: Depuración general de Bibliotecas a nivel provincial.

Como ya se refirió, una normativa sobre depuración de bibliotecas de aplicación general, no se promulgaría hasta septiembre de 1937, por lo que, en su defecto, para la depuración de las mismas, se tendrá en cuenta la orden de diciembre, y ello de modo paradójico, ya que en la misma no se hacía ninguna referencia a la depuración de bibliotecas. Pero con anterioridad a esta legislación oficial algunas provincias, en algunos casos de modo solapado, y en otros abiertamente, se anticiparon a dicha legislación.

Los casos de los que hemos hallado documentación hasta la fecha, son los del Rectorado de Valladolid y Navarra. En el primer caso, en la ya referida circular del Rector de la Universidad de Valladolid para implementar la normativa oficial respecto a la depuración de Bibliotecas Escolares, se incluía un apartado, dispuesto de un modo un tanto sibilino, que afectó a las nueve provincias adscritas a este rectorado, en el que se decía lo siguiente: “los Sres. Decanos de las Facultades Universitarias, Directores de Institutos, Escuelas de Comercio y Normales, Escuelas de Artes y Oficios y demás centros de Enseñanza no comprendidos en la primaria, así como los Bibliotecarios adscritos a Bibliotecas privadas o públicas de Centros o Cátedras dependientes de este Rectorado, procederán, con la discreción que les es característica, a realizar la depuración a que se refiere el número anterior”. Es decir, a seguir los mismos criterios de actuación que se señalaban para las Bibliotecas Escolares, a cuyos criterios, antecitados, remitimos.

Encuadrado en este distrito universitario, se encontraba la provincia de León, en la cual, además de la intervención señalada por el Rectorado de Valladolid, en agosto de 1936, existió una disposición del Gobernador Civil, según informaba el JBPr, por la cual todas las Bibliotecas debían enviar al mismo"una relación de las obras de Literatura pornográfica y de la mal llamada Literatura rusa, que existiesen en dichos Centros". El mismo documento da cuenta de que esta normativa se aplicó a "los demás Establecimientos". Ignoramos si la disposición del Rector y la del Gobernador guardan relación, pero lo que queda claro, es que al menos en esta provincia, por una u otra vía, la depuración de bibliotecas ya se estaba llevando a cabo durante este primer semestre”[109].

Del mismo modo, el JBP de Segovia, informaba de que "en esta provincia al iniciarse el Glorioso (...) se formó una junta por mandato del Sr. Gobernador". Junta que se encargó – como la misma carta refería – de la depuración de bibliotecas, y que permaneció en activo hasta la publicación de la orden de 23 de Diciembre de 1936[110].

Pero sin duda, el caso ejemplar de este tipo de actuaciones es el de Navarra, lugar en el que desde un principio – noviembre de 1936 – se adoptaron medidas radicales y generales contra el libro. Medidas que, por otro lado, junto a las promulgadas por Queipo de Llano, constituyen un claro precedente, no sólo de la normativa oficial de diciembre de 1936, sino de la orden de septiembre de 1937. Medidas que, si se pudiera demostrar el conocimiento del Bando de Queipo, del que ya hablamos, en Navarra, constituirían un eslabón intermedio, dadas las concomitancias, entre la normativa de Queipo, y la posterior orden de Diciembre. Estamos hablando, por tanto, de unas diferencias no de orden sustancial, sino de orden temporal y de ámbito territorial de aplicación. Ello quizá se explique por el hecho de que en Navarra el predominio del carlismo era claro, y porque Mola dejó hacer en el sentido político, siempre y cuando ello no pusiese en cuestión la preeminencia militar, y del mismo modo, por el hecho de que en esta zona el triunfo del golpe militar fue inmediato, algo que no era válido – con excepciones – para el resto del territorio nacional, como tampoco lo era el color político – hasta el decreto de unificación – que iban a adquirir los golpistas[111].

En Navarra, las competencias sobre Educación las asumió desde el principio, con el visto bueno del Gobernador Civil, la denominada Junta Superior de Educación de Navarra, que solicitó y obtuvo de dicho Gobierno Civil todas las competencias depuradoras y de otra índole en lo que al libro se refiere. Es por ello que, a petición de dicha Junta, el Gobernador Civil, emitió una circular, en la que, tras un preámbulo que repetía los principios generales de estas normativas[112], disponía: “se procederá en toda la Provincia, si ya no se hubiese hecho, a la incautación y destrucción de los libros, folletos, revistas, periódicos, y en general toda otra especie de propaganda impresa de carácter marxista, nacionalista, antirreligiosa o pornográfica, o /en la/ que se prediquen ideas disolventes o doctrinas atentatorias al orden social o a la moral cristiana, que se hallen en las librerías u otros establecimientos de venta, o en las Escuelas, bibliotecas ambulantes, Ateneos, Sociedades culturales o recreativas, etc. etc.”

Respecto a esta normativa promulgada en Navarra, hay que añadir que aunque en la misma no se hace mención expresa de las Bibliotecas Públicas, creemos que cabe incluirlas, ya que así ha sido interpretada en un estudio histórico sobre esta provincia[114].

Finalmente, hay que añadir en lo que a este apartado respecta, que en el bando dado por Queipo de Llano, se introdujo una disposición – disposición “copiada” también por el Bando de la Comandancia de Baleares –,  que exceptuaba de la entrega de textos a “las Bibliotecas Oficiales y a los particulares que por razón de las disciplinas en que se desenvuelven sus actividades y por su acendrado patriotismo y amor al orden, no ofrezcan sospechas de que puedan hacer uso ilícito de la excepción. No obstante, precisarán ser autorizados, por la Autoridad Militar”. Creemos, que lo que cabe deducir de esta cláusula, es que si bien, en ambas regiones, no se había procedido aún al expurgo de este tipo de bibliotecas, la medida adoptada permitía, cuando menos, la neutralización, en lo que a su difusión se refiere, de la ahora denominada genéricamente como literatura heterodoxa.

3.6.: Medidas preventivas.

Además de los casos señalados con anterioridad, una última medida que se tomó contra el libro fue la clausura o el cese de la actividad de determinados establecimientos y bibliotecas, en espera de la revisión de sus fondos. Una medida igualmente represiva puesto que la finalidad de la misma era impedir la difusión de un determinado tipo de textos. Una medida, aparentemente más prudente que las anteriores, pero de efectos, quizá, más perniciosos, si cabe, pues con ella se impedía también la lectura del material “ortodoxo”. Por otro lado, y como ya advertimos, bastantes de las actuaciones ya referidas, podrían ser incluidas en este apartado. No obstante, los casos aquí referidos, apuntan específicamente, a la adopción de medidas “cautelares”, por lo cual nos ha parecido razonable dar entidad a este apartado.

Así, y como ya se dijo, uno de los tipos de bibliotecas que más sospechas levantaron desde el principio fueron las Bibliotecas Escolares enviadas, a partir del año 1932, a un sinfín de pueblos, que en general carecían de cualquier tipo de biblioteca, por el Patronato de las Misiones Pedagógicas. Nos limitamos aquí a señalar los casos concretos, pues como se ha visto, estas medidas preventivas fueron adoptadas en muchas provincias hasta la revisión de sus catálogos.

De esta forma, por ejemplo, en la Provincia de Palencia, y teniendo en cuenta que sólo se anotan las bibliotecas que relacionan su cierre con el golpe militar, aunque hubo otras que permanecieron cerradas, tenemos los casos de: Alar del Rey, “que quedó clausurada al estallar el Glorioso Movimiento Nacional”; Paredes de Nava, que se clausuró el 18 de julio, “en espera de que fueran seleccionados los libros que contenía”, y que todavía en 1938 permanecía cerrada; Torquemada, cerrada al público desde la misma fecha que la anterior y Viduerna, que “no está abierta al servicio público por no haber estado seleccionada”[115].

De modo similar encontramos el caso de Alcántara (Cáceres) de la que se dice que “actualmente se encuentra en suspenso el funcionamiento de esta biblioteca en espera de lo que la superioridad disponga”, y en la provincia de Burgos las de las localidades de Villarramiel y Ampudia . De esta última, el maestro encargado decía que: “no se tiene establecido servicio de préstamos, puesto que desde el advenimiento del Glorioso Movimiento Nacional entendió el que suscribe suspender totalmente la entrega de libros a persona alguna sin orden de la superioridad”[116].

Finalmente, y en referencia a la provincia de Oviedo, según Borque López, podemos leer que: “en lo que respecta a las bibliotecas escolares, parece que se impuso la cautela y la consiguiente clausura de los armarios, incluso durante años, hasta la llegada de los criterios de la Inspección”[117].

Lo referido respecto a las bibliotecas escolares, hace pensar que en relación a otros tipos de bibliotecas – de los que damos algunos ejemplos a continuación – se adoptaron medidas similares. Positivamente sabemos de la existencia de más casos de prevención, como se ha dicho con anterioridad, pero aquí sólo hemos querido reseñar aquellos casos que, claramente documentados, relacionan el cese de la actividad de la biblioteca con el golpe de estado.

De este modo, e igualmente se constatan algunos casos de Bibliotecas Municipales, en los que la causa aducida para su no funcionamiento o su funcionamiento muy restringido, era el no haberse llevado a cabo la depuración, como en la localidad de Huerta del Rey (Burgos), de la que se dice que: “actualmente no se facilitan libros, a no ser alguno de texto o consulta en virtud de las indicaciones de la Superioridad, y /por/ no haberse terminado aún una verdadera y completa selección de obras”[118]. De la misma manera que la de Cañaveral (Cáceres), cuyo bibliotecario alegaba que su no funcionamiento era debido a que en ella “existen libros que no están de acuerdo con las Doctrinas del Nuevo Estado, los cuales no han sido retirados de ellas” (sic) [119].

Estas medidas preventivas se extendieron también a algunas agrupaciones culturales, podemos suponer que con anterioridad a su incautación, y como medida de “urgencia”, como es el caso del Ateneo Popular de Huelva, “que de tal modo había desvirtuado su misión cultural, dándole carácter y orientaciones políticas incompatibles con nuestra Cruzada, que se procedió a su clausura”[120].

En otros casos, y dentro de esta línea preventiva, fueron los propios bibliotecarios quienes se encargaron de realizar un filtrado de las obras que pudiesen llegar a sus potenciales lectores, estableciendo categorías entre los mismos. Y así, el Jefe de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, decía: “yo siempre he tenido buen cuidado aún antes de conocer esa Orden, y después desde luego, de que los libros malos y peligrosos estén bien custodiados y que no se faciliten más que a contadísimos lectores, que acrediten la necesidad de su estudio”. Y en la misma línea, citamos un largo, pero elocuente párrafo respecto a las motivaciones aducidas para justificar determinados comportamientos, y que podría ser subscrito a nivel general respecto a la peligrosidad de determinadas lecturas, del JBP de Vitoria, que decía lo siguiente: “que si hay alguno de literatura socialista o comunista, como el Sentido humanista del socialismo de Fernando de los Ríos, el Manifiesto comunista de Marx y Engels, etc., son escasos y desde el primer momento del 20 de julio de 1936 se prohibió su lectura a personas que no ofrecieran una absoluta garantía moral e intelectual, según antes de tal fecha se venía realizando ya, de modo hábil por esta dirección, no sólo para tales obras sino para todas aquéllas que, sin ser pornográficas, presentan crudezas tan poco encubridoras de lo humano, como dijo Cervantes de La Celestina, que al no saber admirar la maravilla de su estilo pudren más que vivifican el alma de quien las lee”[121].

Los dos ejemplos anteriores, nos hablan de la escasa penetración del “espíritu” republicano en algunos de estos funcionarios, como ocurrió también en el caso del Jefe de la Biblioteca del Instituto de Burgos, con la variante, de que esta vez lo que se había rechazado era la adquisición de “obras de espíritu disolvente”: “y en cuanto a las obras políticas de espíritu disolvente que alcanzaron cierta notoriedad en los últimos años, siempre se ha rechazado su adquisición, tanto por lo deleznable de sus ideologías, como por la tosquedad literaria incompatible con los gustos elevados del profesorado de este Centro”[122]. Por otro lado, creemos que lo que también se puede deducir de los tres casos anteriores es que cuando se realice el expurgo de ciertas bibliotecas el dato cuantitativo respecto al total de los libros intervenidos, debería ser puesto en relación con este filtrado previamente realizado.

3.7.: Final.

Como se habrá podido apreciar, una característica de toda estas actuaciones y normativas, son los criterios genéricos empleados a la hora de señalar los contenidos prohibidos: propaganda comunista y antiespañola, anarquista, separatista, antirreligiosa, disolvente, pornográfica, inmoral, etc. Lo que supuso que, en cada caso, la persona o personas encargadas de la selección de los textos – cuando los textos se seleccionaban –entendieran estos criterios de modo diferente, con actuaciones variadas y en ocasiones contradictorias. Si bien, puede decirse que, en muchos casos, se tendió a actuar más por exceso que por defecto[123]. Es por ello que el único modo de buscar concreción dentro de estos principios genéricos, es examinar los listados de libros prohibidos o bien, cuando existen, los de aquellos que fueron objeto de destrucción.

En este último caso, existe un listado de obras que, con seguridad, fueron destruidas. El documento es posterior, pero lo traemos aquí a colación porque consideramos que se trata de una muestra paradigmática, respecto a los libros específicos que fueron objeto de destrucción[124]. Respecto al valor  documental de este listado, hay que tener en cuenta que existen ausencias notables, ya que presuponemos que determinados autores y determinados tratamientos temáticos, entraron en una suerte de listado “maldito”, que no queda cubierto por el espectro de los aquí representados.

Sin hacer un recuento exhaustivo, se aprecia que un primer grupo está constituido por textos “obreristas”, marxistas o no, son los casos de: Bujarin, Engels, Gladkov, Kautsky, Kropotkine, Lassalle, Rosa Luxemburgo, Marx, Proudhon, Reclús o Troski[125]. Un subgrupo dentro de este apartado, más allá de su mayor o menor contenido teórico, son los textos sobre temática rusa, relacionados en general con la “revolución” y sus consecuencias – tácitamente se entiende que como modelo imitativo –. Así: Álvarez del Vayo, Bessedowsky, Rafael Calleja, Growther, Dillon, Paul Haensel, Jacques Lyon, Sender, Worky-Riera, Yakallet o Zugazagoitia[126]. Dentro de este grupo de prohibición, que genéricamente podría denominarse como de carácter político, se cuentan también aquellos autores españoles que, con independencia de la temática de sus obras, se habían significado políticamente con anterioridad. Léase: Álvarez del  Vayo, Blasco Ibáñez, Marcelino Domingo – Un dictadura en la Europa del siglo XX, ¿A dónde va España ? – , Ángel Pestaña –  Lo que aprendí en la  vida–  o, el ya citado, Julián Zugazagoitia.

Por criterios estrictamente religiosos, encontramos textos como El origen de las especies (Darwin), “contrario” a los principios católicos; La tournée de Dios (J. Poncela), probablemente por su irreverencia; La esencia de la civilización (Max Nordau), por su proselitismo sionista y su anticlericalismo, o el texto de D. F. Strauss: La antigua y la nueva fe, dada su heterodoxia interpretativa respecto a los principios católicos.

Si se estableciera un criterio de exclusión por países, como se habrá podido apreciar, Rusia aparecería entre los primeros[127]; un segundo país, en este orden de cosas, sería Francia. Son los casos de filósofos de la Ilustración como Rousseau, autobiografías como la de Muset, o novelistas de tendencia naturalista o realista, en general: Barbusse, Anatole France, Gide, los Goncourt o Zola[128].

Entre los novelistas españoles, nos encontramos con Baroja[129] – La busca, Mala hierba, Aurora roja (trilogía de “la lucha por la vida”) y El árbol de la ciencia  – ; Blasco Ibánez – La catedral, La bodega, El intruso –; Francisco Delicado – La lozana andaluza –; Hernández Catá – Los frutos ácidos –; Pedro Mata – Un grito en la noche (estos dos últimos autores comprendidos dentro del grupo de la “novela galante”) –  y Ramón J. Sender – Imán, Orden público, y Proclamación de la sonrisa –[130]. Como hemos ido viendo, los criterios de exclusión se entrecruzan de diverso modo, y por tanto no siempre es posible discernir un criterio único aplicable a cada caso. No obstante, el punto de llegada, reflejado en textos y autores concretos, nos muestra en negativo por donde iban a soplar los nuevos vientos culturales e ideológicos.

Si el último caso expuesto puede calificarse como un caso específico de biblofobia desatada. Éste, como se ha visto, no fue el único modo de proceder – aún siendo factor co-presente –. Las actuaciones llevadas a cabo – y dentro de ellas considerando la casuística expuesta – nos han permitido apreciar como el libro fue atacado desde diversos frentes. Frentes legales, paralegales e ilegales. En los dos últimos casos, se podría hablar de una “política” de hechos consumados, a los que luego retrospectivamente la normativa dará visos de “legalidad”. Pero sea que se destruya, se incaute, se recojan libros, se depuren bibliotecas o se adopten medidas preventivas, el aparente caos de las actuaciones no debe llamar a engaño, ya que existe un elemento estructural – puesto de relieve por la finalidad perseguida, y lograda – que permite calificar a la operación llevada a cabo contra el libro, como se ha venido diciendo, de vaciado cultural. Del cual creemos haber documentado los casos suficientes como para considerarlo una tendencia generalizada en la denominada “zona nacional”.

A partir de este concepto, es decir, del vaciado cultural, que es indisociable de la adopción de medidas positivas – tomadas con posterioridad –, creemos que puede perfilarse lo que fue una línea de actuación cultural básica durante la guerra civil. Es decir, de lo que se trataba en el presente era de eliminar aquellos productos culturales ahora considerados inasimilables, operación que arrojaría, como saldo, un conjunto de productos culturales considerados genuinos. Tras esta – imprescindible –operación, y mirando hacia el futuro, se esperaba que la producción por venir cubriese ese vacío – elemento positivo –. El modo de entender en que consistía ese resto genuino, admitirá variaciones, pero la estructura subyacente permanecerá, como no podía ser menos, inalterable. De los logros o los fracasos de dicha producción futura no es cuestión tratarla ahora, baste decir que al tutelaje a la que la misma será sometida por la censura, hay que añadir, en este sentido, un segundo condicionante en tanto “el otro” como polo dialéctico había sido suprimido. Y en este sentido, la endogamia y la autarquía cultural eran las únicas salidas posibles, sin que ello pueda prejuzgar de antemano el valor de la cultura producida.  

Al final de este proceso, continuado con posterioridad – por ejemplo, con los efectos a los que la normativa expuesta dio lugar –, se puede afirmar, con las reservas que cabe hacer, que ningún texto considerado heterodoxo, con ciertas salvedades, podrá adquirirse en las librerías, ser solicitado en una biblioteca o formar parte de una colección de libros privada. Primer círculo represivo en torno al libro prohibido, dentro del cual se inscribirá el segundo círculo de la censura en torno al libro autorizado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES DE DOCUMENTACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA.

A)    : FUENTES DE  ARCHIVO
-         Archivo General de la Administración:
Fondos de Educación (MEN).Archivadores: 3857, 3858, 3950, 4653, 4656, 4658, 4752, 4753, 4754 y 4755. 
Fondos de Cultura: (Servicio Nacional de Propaganda). Archivadores: 320, 1347, 1374, 1358 y 1615. (Expedientes de Censura). Archivadores: 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 6755 y 6756.
Fondos de Interior (Gobernación). Archivadores: 2791, 351, 4004.
Fondos de Justicia (Incautaciones). Archivadores: 252 y 951.

-         Archivo Histórico Militar de Ávila. Fondo: Secretaría del Jefe del Estado.

-         Archivo Histórico Militar de Madrid. Fondo: Secretaría del Jefe del Estado.

B)    BOLETINES OFICIALES Y DOCUMENTOS  HEMEROGRÁFICOS.

-         ABC (Sevilla).
-         Boletín de Educación de la Provincia de Burgos.
-         Boletín de Educación de la Provincia de Logroño.
-         Boletín de Educación de Zaragoza.
-         Boletín Escolar (Soria).
-     Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional.
-         Boletín Oficial del Estado.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Álava.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Ávila.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Baleares.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Burgos.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Granada.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Huelva.
-         Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña.
-         Boletín Oficial de la Provincia de León.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Logroño.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Lugo.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Navarra.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Orense.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Oviedo.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Palencia.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.
-         Boletín Oficial de Santa Cruz de Tenerife.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Segovia.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.
-         Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.
-         Distrito Universitario de León, El.
-         Noticiero Gallego, El (Pontevedra).
-         Vida Escolar (Lugo).

C)    TEXTOS ESCRITOS EN EL PERIODO: PUBLICADOS E INÉDITOS.

-         Anastasio, Ernesto, Seguros y aseguradores en la zona nacional española, Julio de 1937, 23 folios mecanografiados, inédito (exp.: 164).
-         Barberá Saborido, Manuel, Impresiones de un año. Apuntes de un testigo del frente sur, Cádiz, Imp. sucesor de M. Álvarez, 1937.
-         Delegación del Estado para Prensa y Propaganda, Estampas de la guerra. De Irún a Bilbao (Albún Nº 1), Bilbao, Editora Nacional, 1937.
-         Fernández Arias, Adelardo, Madrid bajo el terror. Impresiones de un evadido que estuvo a punto de ser fusilado, Zaragoza, Librería General,1937.
-         Parajón, José, Los once meses vividos en Oviedo bajo el fuego de la barbarie marxista, Julio de 1937, 26 cuartillas mecanografiadas, inédito (exp.: 185).
-         Sánchez del Arco, Manuel, Operaciones de asedio para la ocupación de Madrid por el Ejército Español, galeradas incompletas (exp.: 272).
-         Suñer, Enrique, Los intelectuales y la tragedia española, Burgos, Editorial Española,1937.

 D) MONOGRAFÍAS

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       E) TRABAJOS EN OBRAS COLECTIVAS Y ARTÍCULOS DE REVISTA.

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-         Abellán, M.L., Fenómeno censorio y represión literaria, Diálogos Hispánicos de Amsterdam, Nº 5, 1982, pp. 169-180.
-         Andrés de Blas, J., El libro y la censura durante el franquismo: un estado de la cuestión y otras consideraciones, Rev. Espacio, Tiempo y Forma, Hª Contemporánea, Serie V, Nº12, Madrid, 1999, pp. 281-301.
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-         Beneyto Pérez, Juan, La censura en los primeros años del franquismo. Las normas y los hombres, Diálogos Hispánicos de Amsterdan, Nº 5, 1987, pp. 27-40.
-         Berdugo, Ignacio, Josefina Cuesta, Mª Dolores de la Calle y Mónica Lanero, El Ministerio de Justicia en la España “Nacional”, en AA. VV., Justicia en  guerra. Jornadas sobre la Administración de Justicia durante la Guerra Civil española: instituciones y fuentes documentales, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980, pp. 249-316.
-         Bermejo Sánchez, Benito, La Vicesecretaría de Educación Popular (1941-1945): un “ministerio” de la propaganda en manos de Falange, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, Vol. IV, 1991, pp. 73-96.
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-         Cenarro, Ángela, El triunfo de la reacción: fascistas y conservadores en Teruel, en AA.VV., El pasado oculto..., pp. 168-112.
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