La represión cultural durante la Transición: los últimos libros «prohibidos» (1975-1979)1

Francisco Rojas Claros

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

(Ponencia presentada en el "II Congreso Internacional de la Historia de la Transición: los inicios del proceso democratizador", Universidad de Almería, 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2005, Coordinado por Rafael Quirosa-Cheyrouze y Muñoz. )

 

 

Introducción

        El objetivo de este trabajo es el de describir los últimos conatos de resistencia por parte de ciertos sectores de la sociedad y de las autoridades a la definitiva liberalización cultural, durante el proceso de Transición Política a la Democracia en España.

        Y para ello, disponemos de un indicador importante: los sucesivos conflictos entre determinadas publicaciones unitarias de naturaleza eminentemente sociopolítica y la Administración, durante los sucesivos gobiernos del período comprendido entre 1975 y 1979. Unos conflictos que se verán plasmados esencialmente por el recurso sistemático empleado por la Administración de la fórmula de la «denuncia» –con o sin «secuestro previo administrativo»–, a la fiscalía competente, en un marco jurídico en el que destaca todavía la polémica Ley de Prensa e Imprenta de 1966, vigente hasta la proclamación de la Constitución de 1978.

        Conocer qué tipo de libros se intentaron prohibir durante ese fundamental período de nuestra historia que fue la Transición, resulta de vital importancia para conocer las progresivas cotas de libertad alcanzadas en cada momento.2

        La Ley de Prensa e Imprenta de 1966 había nacido para establecer, supuestamente, la Libertad de Expresión, eliminando formalmente la censura previa vigente hasta entonces, significando así un verdadero punto de arranque de, podríamos decir, un movimiento de cultura alternativa a la oficial, si bien habría que realizar ciertas matizaciones al respecto, dada la ambigüedad y la imprecisión de las restricciones impuestas (reflejadas en el célebre artículo 2º), y la gran cantidad de facultades que concedía a la Administración, cuyas decisiones no sólo se aplicaban por vía sancionadora, sino que además eran ejecutivas, de forma que los Tribunales normalmente se veían en la imposibilidad de rectificar las causas impugnadas. Además, a lo largo de los años el gobierno dictó nuevas disposiciones más restrictivas si cabe en el ejercicio de la libertad de expresión, como fueron la reforma parcial del código penal llevada a cabo el año de entrada en vigor de la Ley, que elevaba a la categoría de delito las limitaciones del artículo 2º a la libertad de expresión, la Ley de Secretos Oficiales, de abril de 1968 o, de trascendencia mucho más grave, el Decreto-Ley 10/75 sobre Prevención del Terrorismo del 26 agosto de 19753.Y de poco valió en la práctica la promulgación de la Ley del Libro de 1975, en tanto en cuanto estuvo supeditada a la Ley Fraga mientras duró su vigencia.

         En cuanto a los sistemas de control sobre las editoriales propiamente dichos, fueron dos en esencia. El primero, la obligación de toda editorial de ser inscrita en el Registro de Empresas Editoriales, con unos requisitos previos que otorgaban total discrecionalidad al Ministerio de Información y Turismo. El segundo sistema, permitía a los editores acogerse a la fórmula de «consulta voluntaria», por el cual los «Lectores» (Censores) del Servicio de Orientación Bibliográfica del citado Ministerio daban su parecer sobre la posibilidad de publicar la obra en cuestión: podían rechazarla, aceptarla, o bien señalar las oportunas modificaciones (normalmente supresiones) que la obra «precisaba» para su publicación, es decir, la misma dinámica que venía aplicándose con la Censura Previa.4 Si el editor elegía la opción de presentar directamente la obra a Depósito, corría el riesgo de que su obra fuera denunciada y, lo que es peor, víctima de un «Secuestro Previo Administrativo» previsto por la ley para las obras presentadas directamente a Depósito que vulnerasen los límites impuestos por la misma. Esta medida extrema 5 suponía, evidentemente, un serio quebranto económico para la editorial en cuestión, que podía llevarla incluso a la ruina.

         Estas denuncias, destinadas a impedir, como decimos, la libre circulación de ciertas ideas, se dieron desde la promulgación de la citada Ley de Prensa, para alcanzar su cénit entre los años 1976 y 1977, e iniciar después una fase claramente descendente, a partir de marzo de 1978, hasta su práctica desaparición hacia 1980, en un proceso en el que se invirtió, eso sí, la tradicional tendencia en la que primaban los motivos políticos sobre los morales (era, recordémoslo, la época del «destape»).

        A pesar de todo, el balance de la ley fue, en términos generales, bastante positivo, pese a sus estrechos márgenes, especialmente durante los años sesenta.

       Las cifras totales, desde la promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966, serían las que siguen en la tabla siguiente:

Libros denunciados entre 1966 y 1979
Años	Total denuncias	Políticas	Morales	Años	Total denuncias	Políticas	Morales
1966	6	4	2	1973	15	10	5
1967	11	7	4	1974	9	9	-
1968	27	24	3	1975	36	28	8
1969	17	15	2	1976	181	26	155
1970	29	18	11	1977	299	32	267
1971	32	22	10	1978	68	7	61
1972	10	6	4	1979	7	7	-

Tabla. 1. Fuente: Fichero Kardex, AGA, Sección Cultura. Elaboración propia.

        Ahora bien, la contemplación de estos datos objetivos podría llevarnos a la precipitada conclusión de considerar los años de la Transición más conflictivos todavía que los anteriores. Y la verdad es que las ciento ochenta y una denuncias de 1976, las doscientas noventa y nueve de 1977, e incluso las sesenta y ocho de 1978, superaron todo lo visto hasta entonces. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras muchas variables que no estamos contabilizando, como por ejemplo, el volumen total de las denegaciones de obras presentadas a consulta voluntaria, ni el de los Silencios Administrativos, pues ello exigiría ir mucho más allá de los objetivos de este trabajo.

        Por otra parte, si comparamos el número de depósitos afectados por denuncia judicial, con el volumen total de expedientes tramitados por año (15.138 en 1976, 14866 en 1977 y 13.973 en 1978),6 corremos el riesgo de considerar el fenómeno como insignificante. Lo cual sería cierto en términos relativos, aunque difícilmente aplicable en el plano cultural, donde, evidentemente, prevalecen los valores cualitativos frente a los cuantitativos.

1975. El año en que murió Franco.

       De todas las publicaciones que podríamos destacar como grandes hitos en la lucha por las libertades, nos interesa destacar un libro en especial, Un proyecto de democracia para el futuro de España, de Ramón Tamames, publicado por Edicusa en 1975, todavía en vida del dictador. Se trataba de la ampliación de un trabajo anterior del autor,7 que había sido publicado por la misma editorial un año antes en la colección «Los Suplementos”.8

Un proyecto de democracia para el futuro de España venía a plasmar, en resumidas cuentas, la ideología de la Plataforma Democrática.9 Que un libro así pudiera ver la luz sin mayores complicaciones a mediados de 1975 resultaba sintomático de los altos niveles de permisibidad que se estaban alcanzando y sin duda presagiaba –por fin- un cambio inminente en el país. Tras la publicación de libros como ese, parecía que ya no existían fronteras para la definitiva liberalización cultural. Sin embargo, la realidad fue bien distinta, y el camino se perfilaba largo y dificultoso, como mostraremos a continuación.

         El último año de la vida del dictador Franco sería también el último en el uso de la denuncia y el secuestro sobre publicaciones unitarias seguiría su hasta entonces natural tendencia de primar los conflictos por motivos políticos sobre los de tipo moral, sobre todo a partir del mes de mayo. Si repasamos las obras que entraron en conflicto durante ese período, podremos apreciarlo mejor.

         En enero de 1975, fueron dos las obras denunciadas: la obra Leila10, publicada por la editorial Gisa, y Concepción y anticoncepción, de Serge Mongeau, presentado por la editorial ATE11. En febrero, el libro de poemas Nueva antología rota, de Jesús María Amilibia y Felipe Navarro, publicado por Sedmay, y la novela El día en que perdí… aquello, también de Sedmay. En marzo, sólo hubo una única denuncia: la novela de Luis Goytisolo Recuento, de Seix Barral. En abril, fueron cuatro las obras denunciadas: por su contenido considerado inmoral, Dona de pres, de Teresa Palies, editorial Aymà, y Otra sexualidad: a la búsqueda de una nueva dimensión, de Sedmay; mientras que, por contenidos políticos, La Hora de España. Antología, de F. Caudet, publicada por Turner, y la novela Quan eren refugiats, también de Teresa Pamies, publicada por la editorial Dopesa.

         Pero el record de los conflictos del año se iniciaría, como decimos, durante el mes de mayo, con un total de nueve denuncias, todas ellas por contenidos de naturaleza política, sobre obras ciertamente interesantes, que son las que siguen: Las elecciones sindicales, de Eduardo Martín y Jesús Salvador; La lucha por la democracia en España, de José Antonio González Casanova, editado por Juan Lliteras; Los fundamentos del Leninismo, de Joseph Stalin, publicado por Akal; Portugal: el origen del movimiento de las fuerzas armadas, de Luis Ataide, editado por Juan Lliteras para conmemorar el aniversario de la «Revolución de los Claveles» que había tenido lugar un año antes; la obra El Manifiesto del Partido Comunista, publicada por la editorial Ayuso; y, por último, cuatro números de la revista política de humor Por Favor (números 2, 3 y 4, y el número 1 del Diccionario del mismo título), de la editorial Punch, la cual había tratado infructuosamente de sortear la represión cultural del régimen intentando pasar estos números a depósito como si fueran publicaciones unitarias, en lugar de periódicas.

          Durante el mes de junio, sólo hubo dos denuncias, Siete trabajos de base sobre el cine español, por Rufino Torres, y otros, publicado por Fernando Torres, y La huelga de los actores, de Manuel Vidas, publicado por Felmar, ordenándose además el Secuestro Previo Administrativo de esta última, al considerarse coyunturalmente peligrosa en unos momentos delicados para el régimen. También hubo un secuestro en julio: el de la obra de significativo título España en el umbral del cambio, de Luis González Serra, publicada por Formación y Publicaciones, y se procedió a la denuncia de tres obras más: la segunda edición de Quan eren refugiats, de la citada Teresa Palies; Purita, de Nazario Luque Vera, publicada por la editorial Mandrágora; y Hacia la noche, de Eduardo Casanova, de la poderosa e influyente Editorial Planeta.

         Por el contrario, agosto no presentó ningún especial conflicto, pero hubo cuatro obras denunciadas en septiembre: Qué sentí cuando iba a ser asesinado, de Salvador Raich, publicado por el mismo autor; Tres estrellas en la barba, de Salvador García Jiménez, en la editorial Marte; y, más importante para nosotros, Les terceres vies a Europa, una recopilación de conferencias de seis importantes figuras políticas catalanas de la oposición: Anton Cañellas, Josep Solé Barberá, Josep Pallach, Joan Raventós, Ramon Trias Fargas y Jordi Pujol, presentado por la prestigiosa editorial Nova Terra.

         En octubre, la denuncia de El movimiento de los consejos obreros: Alemania 1918-1921, editada por Zero, nos permite apreciar la delicada situación por la que pasaba el régimen, incapaz de aceptar cualquier obra que sirviera como ejemplo de organización obrera en unos momentos tan convulsos de conflictividad social y obrera, aunque estuviera referido a la Alemania de entreguerras.

         Sería en el mes de noviembre, cuando se daría por fin el ineluctable «hecho biológico» de la desaparición física del dictador. Llegados a este punto es necesario recordar que, en el terreno cultural, y en contra de lo que suele afirmarse, la supuesta «amnistía» de la que gozó la prensa periódica en general nada más morir el Jefe del Estado, fue sólo aparente, pues no afectó en absoluto a las publicaciones unitarias. Por otra parte, el caso de la revista Triunfo constituye un claro ejemplo de cómo la arbitrariedad que había caracterizado al régimen seguía manteniéndose, al ser la única publicación periódica sancionada con suspensión -de cuatro meses y 250000 pesetas de multa, nada menos- a la que no se le conmutó el castigo.12

       Al mismo tiempo, en el mundo de la edición hubo cuatro denuncias durante ese mismo mes. Dos de ellas correspondían a nuevas publicaciones de la editorial Zero: Arte y militancia, de Ricardo Carpani, y Ensayo de pedagogía utópica, de Carlos Díaz y Félix García; la tercera obra pertenecía a la editorial Akal, y trataba sobre un tema también especial y coyunturalmente espinoso, como denota su título: El Sahara en la crisis de Marruecos y España, de Juan Maestre Alonso; en cuanto a la cuarta obra en conflicto del mes, estuvo publicada por Fundamentos, y se trataba de La magia cotidiana, de André Breton.

        Finalmente, habrá cuatro obras denunciadas durante el mes de diciembre. Dos de ellas procedían de Anagrama, y las otras dos de Akal. De Anagrama, La oposición obrera, de Alexandra Kolontai, y Fragmentos de un discurso libertario, de Max Abel; y de Akal, el Diccionario de filosofía de M.M Rosental, y Aparato de propaganda político e ideológico del imperialismo, de Georgui Arbatov.

1976. Del Primer Gobierno de la Monarquía, al Referéndum para la Aprobación de la Ley de Reforma Política.

        El año 1976 va a resultar crucial para el desarrollo posterior de los acontecimientos. Especialmente a partir del mes de julio, con la toma del poder del primer gobierno de Adolfo Suárez González, fracasadas todas las tentativas de Arias Navarro en el ejercicio del poder. Y primer año además, en el que se invierte, de forma definitiva, la natural tendencia de primar los conflictos de tipo moral sobre los de contenido socio-político. Por otra parte, frente el tradicional recuerdo que parece haber quedado grabado en la memoria colectiva de que tras la muerte de Franco se abrieron por fin de par en par las puertas de la libertad, vamos a asistir a un período de especial virulencia conflictiva a todos los niveles, que afectaría también, sin lugar a dudas, al plano cultural.13

        En enero, de las seis obras denunciadas a lo largo del mes, la única obra cuyo contenido político se consideró intolerable fue Debate sobre los consejos de fábrica, de Antonio Gramsci y Amadeo Bordiga, publicada por Anagrama. Las otras cinco, lo fueron por contenido considerado pornográfico, una de Sedmay, y tres de la editorial Marc Ben.

        En febrero, habrá cuatro denuncias, pero sólo una nos interesa: la que recayó sobre la obra Una española llamada Dolores Ibárruri, publicada por Martínez Roca en conmemoración del ochenta aniversario de este fundamental personaje, siendo víctima además, a semejante altura de los tiempos, de un sonoro Secuestro Previo Administrativo.

       Será a partir de marzo, cuando el número de obras denunciadas se dispare. Durante este mes, habrá nada menos que trece obras denunciadas, de las cuales nos interesa destacar sólo cuatro: Jean-Lug Godard y el grupo Dziga Vertov, publicado por Anagrama; Sobresalto español, de la editorial AQ; el fascículo de 50 años de vida política española titulado «El verano de 1931», publicado por Giner; y la obra Che Guevara, editada por Grijalbo, cuya figura seguía siendo todavía tabú desde que se prohibieran expresamente las obras allá por el ya lejano 1969.

        En abril, habrá veintitrés denuncias, todo un record hasta la fecha, aunque sólo una mínima parte correspondiese a obras de contenido político. La más curiosa fue la que afectó a la inteligente y mordaz Querido Señor Rey. Cartas al Rey de los niños españoles, de Ignacio Carrión, publicada por Ediciones 99. Pero también nos interesa destacar obras como Cesar Vallejo y el surrealismo, de Juan Larrea, editada por Alberto Corazón; el libro ilustrado estilo underground Cuarenta años de balde, de José María Vallés Torner, publicado por La Mandrágora; La Iglesia católica ante la nueva situación en España, de José Antonio Monroy Martínz, editada por Irmayol; El libro negro de la victoria, de Mariano Guindal y Juan H. Jiménez, presentada por Ediciones 99; Els darrers dies de la Catañunya republicana, de editorial Curial; y Cartas cruzadas entre Paul Eduard y T. Bombasto, publicada por José Batlló.

       En mayo, habrá seis denuncias, pero ninguna que nos interese. Al contrario que en junio, donde es preciso señalar dos de las cinco obras denunciadas: Qué son las comisiones obreras, de Nicolás Sartorius, de la editorial La Gaya Ciencia, y Coordinación Democrática en la cárcel, de Javier Álvarez Dorronsoro y otros, publicado en Akal. Mientras que en julio sólo habrá dos comunicaciones judiciales, nada destacables para nuestro estudio.

        Resulta interesante destacar en este punto el testimonio de Andrés Reguera Fajardo, nombrado Ministro de Información y Turismo durante el primer Gobierno de Suárez. Reguera Fajardo será el último en ostentar esa anacrónica Cartera antes de su desmantelamiento. Según él, para el Gobierno recién instituido hubo tres temas especialmente espinosos sobre los que habría máximo control a nivel político: la Corona, el Ejército y la unidad territorial del país.14

       Hay que tener en cuenta que estas nuevas reglas de juego concernían más bien a la prensa periódica, de la que se esperaba colaboración, si bien es evidente que, aunque sólo fuera por inercia, también afectarían en cierta medida a las publicaciones unitarias.

       En agosto, las nueve denuncias recaerán expresamente sobre obras de contenido moral –de erotismo y pornografía sobre todo-, y de las once obras que entraron en conflicto de septiembre, sólo nos interesa Perspectiva del movimiento obrero, de Marcelino Camacho y otros, publicado por Akal.

       Pero será a partir de octubre, cuando los conflictos se dispararán de forma brutal. Durante ese mismo mes, se llegará a las treinta y ocho denuncias, aunque sólo cuatro de ellas irán referidas por motivos políticos. En concreto, las obras aludidas serían las siguientes: Vida i mort de Luis Companys, de José María Poblet, publicado por la editorial Portio; la novela Si te dicen que caí, de Juan Marsé, publicada por Seix Barral; Coordinadora provincial de Madrid de represaliados, de la editorial Gráficas Maravillas, que fue además víctima de un Secuestro Previo Administrativo; y Mañana, España, de Regis Debray y Max Gallo, publicada por Akal.

       En noviembre, la proporción de conflictos por motivos políticos será algo mayor, afectando a seis libros de los treinta y uno que fueron denunciados. Assemblea de Catalunya: Llibertad, Amnistia, Estatut d'Autonomía, de Josep Colomer, publicado por editorial Avance; Por una Iglesia del Pueblo, de J.J. Tamaño y Jesús Rey, presentada por editorial Mañana; una edición ilustrada en forma de cómic de El Manifiesto Comunista, de editorial Tusquets; Nacionalismo vasco y clases sociales, de Emilio López Adán, publicado por Txertoa; y por último, la obra Presentación del Partido Comunista de España, de editorial Kaher II. Por otra parte, como hecho relativamente anecdótico, habría que citar el Secuestro de la obra Esta es su vida: Bárbara Rey, de Luis Otero Quintas, publicado por editorial Personas.

         En diciembre, para terminar el año, y mientras los españoles refrendaban la aprobación de la Ley de Reforma Política, hubo 34 denuncias, siete de las cuales por motivos eminentemente políticos: Oposición Española. Documentos secretos, de Sedmay; Qué es la ruptura democrática, de Santiago Carrillo, publicado por La Gaya Ciencia; España, vanguardia artística y realidad social: 1936-1976, de Valeriano Bozal y otros, de la editorial Gustavo Gili; El pensamiento perdido: Páginas de la guerra y del destierro, de José Bergamín, publicado por Adra; Diario de una huelga de hambre, de Luis Mª Xirinachs, publicado por Akal, obra de la que hablaremos más adelante; Manifiesto de la Comuna Antinacionalista Zamorana, publicado por Luis Manuel Rodríguez; Las contramemorias de Franco, de Julián Lago, publicado por Zara; y Asamblea general de CC.OO., de Marcelino Camacho, publicado por Laila.

1977. Las contradicciones de un año de cambios.

       Durante el año 1977 todavía se alcanzarán mayores cotas de cambio y de libertad. Entre otras cosas, asistiremos a la legalización del PCE en abril, y a la celebración de unas auténticas elecciones generales en junio de ese mismo año. Además, se producirá la definitiva desaparición del Ministerio de Información y Turismo, y su traslado de competencias – especialmente en cuanto a publicaciones unitarias se refiere – al Ministerio de Cultura. Pero a la vez, y de forma contradictoria, será el año donde las denuncias alcancen mayor número (doscientas noventa y nueve), al menos en cuanto a términos absolutos se refiere.

         Desde las páginas de la revista Cuadernos para el Diálogo (convertida en semanario desde principios de 1976), se denunciaron estas serias contradicciones. Cuya situación estuvo muy bien detallada en el artículo de significativo título «Los libros que no nos dejan leer», firmado por Fernando García, en el que se afirmaba, entre otras cosas lo siguiente:

«Entre secuestros y libros prohibidos, el lector sigue padeciendo falaz tratamiento de menor. La historia del libro “clandestino., adquirido en París o en la trastienda de algunas librerías, sigue la tradición del Santo Oficio, bajo figuras enmascaradas en intereses políticos, económicos y pseudomorales (…). ¿Cuándo estaremos los españoles humana y políticamente maduros para escoger nuestras lecturas y prohibirnos las que considere nuestro criterio?».15

       En enero, la cifra de denuncias fue significativamente superior a la de finales de 1976. Veintitrés denuncias, cuatro de ellas por motivos políticos: Los atentados contra Franco, de Eliseo Bayo, publicado por Plaza y Janés; ¿Qué es el poder popular?, de D. Oliveira, publicado por Castellote; la pacifista y antimilitarista Manual de barbarie, de editorial Comunicación Literaria de Autores; y La Autonomía en el País Vasco desde el pasado al futuro, de Javier Villanueva, publicado por Txertoa. Pero también es cierto que, mientras esto sucedía, a finales de enero de 1977 ya se habían concedido los permisos de importación de unos cincuenta títulos publicados por la editorial Ruedo Ibérico, es decir, prácticamente la tercera parte del catálogo de una de las editoriales más importantes del exílio intelectual español, 16sobreseída la causa del expediente de Si te dicen que caí por el Tribunal de Orden Público, al no existir pruebas de que en la obra «se hicieran ofensas a los símbolos el Movimiento». En palabras de su autor, «El que por fin se haya podido distribuir mi novela (…) significa que hay posibilidades de que se acabe la represión cultural en este país”. 17

      En marzo, hubo treinta y seis denuncias, de las cuales destacamos seis: Cuando yo era un exiliado, de José Ignacio Domínguez, publicado por Cambio 16, que sería poco después objeto de Secuestro; Vitoria 76, escrito y editado por Tomás Echave Araquistain; el diminuto y sarcástico Diccionario del Franquismo, de Manuel Vázquez Montalbán, publicado por la editorial Dopesa en su colección «libros mosquito»; Cancionero Revolucionario Internacional, en edición facsímil, publicado por Icaria; Partidos Políticos y Economía: 22 alternativas para el futuro, de Miguel A. Cruzado, una panorámica de las propuestas a nivel económico realizadas por partidos de un amplio espectro ideológico, publicado por Akal; Socialisme, questió nacional, una colección de textos sobre la figura de Juan Comorera, publicado por Undarius; y Qué son las Fuerzas Armadas, de José Fortes y Restituto Valero, publicado por la editorial La Gaya Ciencia, con Secuestro Previo Administrativo.

       Durante el mes de abril, coincidiendo nada menos que con la citada legalización del PCE, veintinueve serán las obras denunciadas, ocho por su contenido político, algunas de las cuales tendrían, curiosamente, relación directa con el marxismo y el PCE. La lista sería la que sigue: Los partidos marxistas. Sus dirigentes. Sus programas, edición a cargo de Fernando Ruiz y Joaquín Romero, publicado por Anagrama, obra que mostraba la gran maraña de grupos políticos en que se estaba dividiendo la izquierda, como parte del fenómeno que se conocería como «sopa de letras», y que afectaría a todas las tedencias políticas; Las dos caras de Galicia bajo el Franquismo, de Xavier Costa Clavell, publicada por Cambio 16, y que constituía una durísima crítica al franquismo por su gestión en Galicia; la cáustica Cómo liquidaron el Franquismo en dieciséis meses y un día, por Manuel Vázquez Montalbán, de editorial Planeta; Del Franquismo a una democracia de clases, de José Vidal Beneyto, publicado por Akal, una demoledora crítica del modo en que se estaba dando el proceso de Transición, en cuya portada aparecía una figura de Franco rellena de joyas; Humo de Fábrica, de Joan Salvat Papasseit, publicado por José Batlló; Qué son los objetores de conciencia, de Juan Roca, publicado por la editorial La Gaya Ciencia; Questió Nacional i lluita de classes, de Rafael Castellanos y otros, publicado por La Magrana; y Karl Liebknecht, antología de escritos, cuya edición y traducción corrió a cargo de Luis Lalucat y J. Vehil, publicado por Icaria.

       En mayo, de las treinta y cuatro obras denunciadas, nos interesa destacar tres: las ya citadas Cantos revolucionarios y Humo de Fábrica, publicadas esta vez por Editorial Mayoría y por Sagitario, respectivamente; y la obra PCE en sus documentos (1920-1977), publicado por la editorial Comisión Nacional HOAC. En junio habrá un total de veintiuna publicaciones unitarias denunciadas, cifra a todas luces excesiva y contradictoria con el suceso que vivían los españoles por primera vez desde hacía cerca de cuarenta años: la celebración de unas elecciones generales, si bien sólo destacaríamos, en principio, una sola obra: El marxismo y la cuestión vasca, de Paulo Iztueta y Jokin Apalategi, publicado por la editorial Itxaropena.

        Algo similar sucede para el mes de julio, de cuyas obras expedientadas sólo destacaríamos Les terceres vies a Europa, 2ª Edición Aumentada, de Antón Cañellas y otros, publicada nuevamente por Nova Terra, de entre un total de veintitrés denuncias. Y lo mismo para el mes de agosto: de veintitrés obras denunciadas, referimos sólo Veinticuatro años en la cárcel, de Melquesidez Rodríguez Chaos, publicado por Forma Ediciones. En cuanto a septiembre, no hay ninguna obra denunciada a destacar, del total de trece, al contrario que en octubre, donde, de un total de veintidós comunicaciones judiciales, señalamos tres obras: Els anarquistes, educadors del poble: «La Revista Blanca» (1898-1905), del equipo E.R.A., prologado por Frederica Montseny, y publicado por Curial; la edición facsímil de la obra aparecida en México en 1939 Jalones de derrota, promesa de victoria, de G. Munis, publicada por Zero; y Yo creo en la clase obrera, del dirigente sindical Francisco García Salve, publicada por Sedmay. Ese mes habría que destacar como anécdota la denuncia del clásico de la literatura erótica alemana Memorias de una cantante alemana, publicada por Tusquets en la, por aquel entonces, recién inaugurada colección «La sonrisa vertical», que sería secuestrado durante el mes de noviembre.

       Y para finalizar, del mes de diciembre, de veinticuatro comunicaciones judiciales, señalamos los dos volúmenes de Luchas autónomas en la Transición Democrática, de Víctor Renes, publicado por Zero, mientras que de diciembre, de un total de treinta y una denuncias, sólo reseñaríamos, a modo de anécdota y como signo de los nuevos tiempos, la obra La educación sexual es libertad, publicada por Naper.

         Los últimos conflictos: 1978-1979.

        El año que finalizaría con la promulgación en nuestro país de la primera constitución democrática desde 1931 también estuvo jalonado de denuncias judiciales, aunque esta vez las obras consideradas por el Ministerio de Cultura como políticamente conflictivas son ciertamente escasas, si bien conviene que las refiramos para que nuestro estudio sea completo. Ante todo, habría que señalar que los meses de enero y febrero siguieron en la dinámica del uso masivo de la fórmula de la denuncia, hasta, aproximadamente la llegada del segundo gobierno de la UCD durante la fase Constituyente, para luego dejar abandonada esta práctica salvo en casos ciertamente puntuales.

       En enero, como decimos, el total de denuncias fue de veintinueve, de las cuales únicamente destacaríamos la denuncia al fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid de la obra Diario de una huelga de hambre, de Luis Mª Xirinachs, publicado por Akal, ya citado, sin tener en cuenta que dicho expediente había sido ya sobreseído. Los informes de los censores que figuran en su expediente pueden servirnos perfectamente para ilustrar el proceso tan importante de cambio que se estaba viviendo y que parecía sorprender al propio funcionariado, que ya actuaba a todas luces por pura inercia, y de un modo completamente descoordinado con la realidad política y social del momento. De dicho informe, nos interesa destacar el siguiente fragmento:

«Este libro, según confiesa la editorial en la última cubierta, fue secuestrado hace año y medio. Hoy se pone en circulación pero no se sabe si es con consentimiento del juez o por decisión unilateral de la editorial. En todo caso, en este año y medio, el autor se ha convertido en Senador, y Cataluña y Euscadi [sic] tienen ya su Preautonomía, y por tanto el libro se ha quedado sencillamente fuera de actualidad y lo que era un libro protesta hace año y medio hoy es un libro anodino. En la duda, hemos marcado lo que nos ha parecido un ataque a las fuerzas de Orden Público, o incitaciones a la subversión (…). Caso de que el libro no haya sido autorizado por el juez, estimamos procede denuncia judicial».18

      Y durante febrero, de la cifra nada despreciable de veintiocho comunicaciones judiciales, ninguna lo fue por contenido político.

      A partir de entonces, en marzo hubo tres denuncias; en abril y mayo, ninguna, aunque hubo un Silencio Administrativo para la obra La sociedad sin dinero, de la Sociedad de jubilados pensionistas de la CNT. En junio, la única denuncia recayó sobre la obra Que se vayan, de Javier Sánchez Erausquin, publicada por Lur, y se aconsejó además la no edición de Autodeterminaciò en el pensament económic català, de Frederic Ribas, publicada por Dalmau. Durante el mes de julio, se denunció la obra La política y el sindicalismo, de Ricardo Sanz, editada por Petronio, y se resolvió por la fórmula del Silencio Administrativo el expediente de Hay clases sociales, de la editorial La Gaya Ciencia, publicación infantil que constituía un verdadero panfleto demagógico ilustrado.

       En cuanto a agosto, las dos comunicaciones judiciales fueron por motivos políticos: la obra Pertur Eta 71-76, de áÁngel Amigo Quincoces, publicada por Lur, y Mil días de la Dictadura a la preautonomía de Euskadi, de Joseba-Kildo Narbarte, publicada por Ediciones Vascas.

       En septiembre, sólo hubo dos denuncias, pero ninguna destacable; en octubre, no hubo ninguna, pero sí en noviembre. En concreto, por las obras Txiqui-Otaegui, el viento y las raíces, de Javier Sánchez Erasquin, publicada por Lur, y La Constitución Española de 1978, de Javier Añua, por Ediciones Vascas. En cuanto a diciembre, no hubo ningún conflicto.

       Con la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978 a finales de diciembre, es indudable que se abre una nueva etapa en la Historia de España donde primaría la libertad cultural y de pensamiento de facto, pero también –y esta es la novedad respecto al período anterior- de iure. Una época donde los libros considerados conflictivos y denunciados por ello podrán contarse prácticamente con los dedos de una mano. En concreto, siete a lo largo de todo 1979 (todos ellos siguiendo unos criterios morales ridículamente anacrónicos), y ninguno durante 1980.

        La época de la censura y la represión cultural, al menos en cuanto a publicaciones unitarias se refiere, podía darse por fin terminada.

1Sin ánimo obviamente de agotar el tema, en este trabajo se adelantarán algunos avances de la tesis doctoral titulada El Cambio Cultural y las Actitudes Políticas en España durante los Años Sesenta, que actualmente está desarrollando el autor, gracias a una beca de formación de Personal Docente e Investigador de la Universidad de Alicante. Dicha tesis está dirigida por el profesor Glicerio Sánchez Recio y adscrita al proyecto de investigación mucho más amplio que él dirige, referencia BHA2002-01787, subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología.

2 La mayoría de los datos utilizados para la realización de este trabajo han sido extraídos por el autor de estas páginas del Fichero “Kardex” sobre Fondos de Censura del Libro 1939-1981, del Archivo General de la Administración (en adelante, AGA), actualmente fuera de consulta.

3 Para profundizar en el conocimiento de la Ley de Prensa, véase Elisa CHULIÁ, El poder y la palabra. Prensa y Poder Político en las Dictaduras. El Régimen de Franco ante la Prensa y el Periodismo, Madrid, Biblioteca Nueva/UNED, 2001; tampoco conviene olvidar dos estudios clásicos: el de Manuel FERNÁNDEZ AREAL, La libertad de prensa en España, 1938-1971, Madrid, Edicusa, 1971, y el de Gonzalo DUEÑAS, La Ley de Prensa de Manuel Fraga, París, Éditions Ruedo Ibérico, 1969. También resulta significativo, entre otros, el especial “Reflexiones sobre la Ley de Prensa”, en Cuadernos para el Diálogo, número 90, marzo de 1971, págs. 18-27.

4 Sobre la dinámica de la censura de publicaciones unitarias seguida por el MIT, destaca la obra Manuel Luis ABELLÁN, Censura y creación literaria en España (1939-1976), Barcelona, Península, 1980, especialmente las páginas 15-22.

5  Existía una medida intermedia entre la Denuncia, y la Aceptación del Depósito, conocida como “Silencio Administrativo”, que significaba, en definitiva, que el editor corría con todos los riesgos. En los casos que hemos estudiado, para la Administración era una medida mucho más seria de lo que percibían los propios editores.

6 Fuente: AGA, Instrumentos de Descripción de la Sección Cultura (3), IDD 50.07 y 50.08

7 Nos estamos refiriendo a Ramón TAMAMES, Algunas cuestiones clave para el futuro político de España, Madrid, Edicusa, 1974.

8 La colección de “Los Suplementos” era una especie de híbrido entre revista y libro, propio de esta editorial.

9 Entrevista personal con Pedro Altares, Madrid, 28 de septiembre de 2005.

10 Una versión de algunos cuentos de Las Mil y Una Noches, en clave erótica, con ilustraciones de Juan Herranz.

11 Sobre esta segunda obra denunciada habría que decir que los conflictos relacionados con el control natal solían ser materia moral a la vez que política, y tipificados como delito.

12 José Ángel Ezcurra, Director de la revista, habla incluso de que hubo una segunda condena prevista por el Poder idéntica a la anterior, lo cual habría supuesto, a todas luces, el cierre definitivo de la publicación. Según José Ángel EZCURRA, “Crónica de un empeño dificultoso”, en Alicia ALTED y Paul AUBERT, TRIUNFO en su Época, Madrid, Casa Velazquez/UNED, 1991, pp. 621-629.

13 Tal y como hemos tenido ocasión de ver en el caso de la revista Por Favor antes citada, para Miguel Cruz Fernández, último Director General de Cultura Popular del Ministerio de Información y Turismo, entre las numerosas causas de este endurecimiento respecto a los libros políticos y erótico-pornográficos, estaba que dichas publicaciones eran en realidad periódicas, las cuales «se agarraron a pequeños sofismas para presentarse como libros y así escapar de la mayor presión ejercida sobre la prensa». Todo ello, según Miguel CRUZ FERNÁNDEZ, “Del deterioro al desmantelamiento: Los últimos años de la censura de libros”, en Manuel L. ABELLÁN (coord.), Censura y literaturas peninsulares, Amsterdam, Rodopi, 1987, pp. 47-48.

14 Citado en Elisa CHULIÁ, ob. cit., p. 209

15 Fernando GARCÍA, “Los libros que no nos deja leer”, en Cuadernos para el Diálogo, 30-IV-1977, pp. 55-57.

16 Véase Albert FORMENT, José Martínez: la epopeya de Ruedo Ibérico, Barcelona, Anagrama, 2000, pp. 499-500.

17 Según La Vanguardia Española, 20-II-1977.

18 AGA, Sección Cultura, Expediente 152-78.