INTERVENCIÓN DEL PRIMER MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL DEL FRANQUISMO SOBRE LOS LIBROS ESCOLARES.

Carmen Diego Pérez
Universidad de Oviedo

(Artículo publicado en: “Revista Complutense de Educación, 1999, vol.10, n.º 2, pp. 53-72)

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN

         Los libros de texto utilizados en el primer nivel educativo estuvieron en el punto de mira durante la Guerra Civil española por ser un objetivo, primero a destruir y después a controlar. Qué medidas se arbitraron para conseguirlo durante el primer gobierno de Franco es el objeto de las siguientes páginas.

ABSTRACT

         The Primary Educational level text books were under suspicions during the civil war beacause of being a target, on a firts stept to destroy it, and later on to control it. The strategies of the first Franco's goverment in order to achieve those objetives is the main goal of this paper.

 

 

         Durante la Guerra Civil española el enfrentamiento armado tuvo su parejo en la distinta concepción de la enseñanza y en los recursos educativos utilizables, especialmente los libros escolares. Cómo se arbitraron y pusieron en marcha medidas para controlar y supervisar los libros utilizados en la enseñanza primaria durante este doloroso trienio ha sido estudiado aún sólo parcialmente, bien en trabajos que analizan la política del libro escolar desarrollada por el franquismo o bien en estudios sobre algunas medidas específicas como el intento de dotar de un único libro de lectura a las escuelas – El libro de España – o la más ambiciosa de diseñar ex profeso los de todas las materias objeto de enseñanza – los del Instituto de España –1. La inusual actividad desplegada en medio del conflicto armado en relación  con los libros escolares requiere aún trabajos sobre otras iniciativas tomadas por el bando que resultará vencedor y ése es nuestro propósito en las siguientes líneas.

         A partir del 30 de enero de 1938 el Ministerio de Instrucción Pública se denominó Ministerio de Educación Nacional y ese cambio señaló el comienzo de una política educativa diferente, encauzada, hasta abril de 1939, por Pedro Sainz Rodríguez (1898-1986), periodo que analizamos en este artículo. Desde la sede provisional del Ministerio de Educación Nacional en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, Sainz Rodríguez, curtido en temas educativos durante los gobiernos de la Dictadura y la República, marcó las directrices de la función del Estado respecto a la enseñanza2, lanzando una serie de ideas – sugeridas en muchos casos por simpatizantes – que arraigaron profundamente. A pesar de la precariedad de medios para desarrollar su labor, consciente y orgulloso de su papel histórico, ha conservado en su archivo personal informes, cartas, notas personales, etc. que hoy permiten contrarrestar la escasez de fuentes documentales para este periodo. Entre sus papeles hay varios informes y sugerencias para diseñar un nuevo modelo educativo enviados por quienes se adherían a los generales antes de la victoria para auxiliarles “con nuestra experiencia dentro de nuestras actividades, al más pronto logro de aquellas patrióticas aspiraciones”3. En varias ocasiones se señaló como “fuente de donde han surgido los males que hoy padecemos” al Ministerio de Instrucción Pública, “cuartel general de los enemigos de España”, a pesar de haber

“en uno de los Gobiernos de 1935 hasta cinco ministros de la CEDA (...). Por eso si alguna actividad nacional necesita reforma honda, profunda y urgentísima es la de la enseñanza, y si en algún Ministerio hay que entrar a sangre y fuego, sin respecto a lo preexistente es el de I.P.; en todos, los errores, los derroches, las pasiones, han causado el daño de no hacer un bien; en éste eso mismo ha impedido que se haga el bien y han producido los males que padecemos”4.

Nuevos programas escolares y libros de texto únicos y obligatorios.

         El 11 de abril de 1938 Sainz Rodríguez firma sendas órdenes encargando, en una el diseño de los programas que regirán la enseñanza primaria y, en otra, la redacción y edición de libros para ese nivel educativo al recién creado Instituto de España. En estos dos encargos quedaban excluidas dos materias de enseñanza: la religión y la formación cívico-política, pues para ellas se reservó un trato especial. Con estas dos medidas pretendía transformar las directrices que la República imprimió a la primera enseñanza5. Frente a los consabidos y reiterados males producidos por la política educativa republicana, señalados abundantemente en la literatura de la época, preparó un antídoto pues los

“programas y textos escolares fueron la preocupación de los Gobiernos marxistas para infiltrar a través de aquellos su política antirreligiosa, constituyendo, por tanto, uno de los principales cometidos de la España nacional, atajar precisamente este mal por medio de la promulgación de cuestionarios y textos, donde la emoción patriótica y la unción religiosa sirvan de alimento espiritual a la generación que estamos forjando”6.

         De todos los problemas que tenía la enseñanza primaria “el más urgente y esencial en el Estado nuevo es el del programa escolar exigencia de trabajo mínimo al maestro e inmejorable elemento de control del Estado para la cultura primaria de las futuras generaciones”7. Reconociendo que era secular la necesidad  de programas escolares y que los intentos legislativos no habían tenido efecto8, decidió poner manos a la obra y encargó a una “Comisión de técnicos”, compuesta por once hombres y tres mujeres9, los programas que debían regir en las escuelas nacionales de primera enseñanza10, tarea que debía estar terminada antes del 1 de junio de 1938. Los programas debían determinar el carácter y extensión de las materias de enseñanza, sin embargo la Comisión presentó el resultado de su trabajo a título de ensayo pedagógico, ajustando los programas a los seis tipos de escuelas existentes, pero reconociendo que “los programas fueron redactados mirando más a la España futura que al punto de partida”11. El contenido de estos programas es casi una incógnita pues disponemos de poca información: una acta del Instituto de España12 y el preámbulo recogido en la orden del 15 de diciembre, y así sabemos que no se dividían las materias por asignaturas sino que “se agrupan las enseñanzas formando concentraciones”, especialmente desarrolladas en el caso de los programas destinados al Grado Superior de las Graduadas Completas. La memorización de los contenidos era recomendada por formar parte de la tradición española “el sistema de repetición para obtener la mayor fijeza y solidez de los conocimientos, y no hay que perder de vista que es preferible que éstos sean firmes y permanentes, aunque pocos, a que sean muchos y deleznables”13.

         Acerca de publicación no hay acuerdo y así Mª Teresa López del Castillo supone que como debían entrar en vigor en septiembre de 1939, no se apresuraron para publicarlos y, al terminar la guerra en abril, posiblemente se replanteasen la estructura de la enseñanza primaria. Además dice que este es “un tema oscuro ya que ninguna de las personas que vivieron aquella época, y a las que hemos podido preguntar, recuerda la existencia de tales programas, publicados o en proyecto”14. En cambio, Ramón Navarro Sandalinas dice escuetamente “los cuestionarios los hemos localizado en el M.E.N.”15. A nuestro juicio es más probable la conclusión de López del Castillo y a esta afirmación nos anima el artículo “De actualidad. Los programas escolares”, publicado, al iniciarse el curso académico, por El Magisterio Español el 11 de septiembre de 1940, pues habla de la necesidad que sentían los maestros de disponer “de un guión oficial que nos oriente en la dura tarea diaria y nos ayude a realizar una labor más eficaz y eficiente para dirigir a las nuevas generaciones infantiles los postulados del Nuevo Estado”. Añadía que los programas aún no se habían publicado por “dificultades de papel” y se lamentaba de que la dedicación y desvelo de las autoridades para redactar los programas “no hayan tenido el remate feliz a que eran acreedores”, La certeza de que aún no se habían publicado los elaborados en 1938 nos la da el hecho de que en el mismo artículo cita el editorial correspondiente al 10 de octubre de 1939 donde señala que “es indeclinable, por tanto, que se dote al Magisterio de programas oficiales que den unidad y orientación adecuada a las tareas de la enseñanza primaria”.

         No sólo eran importantes los programas para el funcionamiento interno sino también para mejorar la imagen española en el exterior, una de las preocupaciones de Sainz Rodríguez mientras estuvo al frente del ministerio. En este sentido actuó como un propagandista y utilizó todos sus recursos para dar publicidad al Alzamiento16. Consiguió que estos programas fueran comentados por el Osservatore Romano, y su satisfacción queda reflejada en su respuesta al “Embajador de España cerca de la Santa Sede” agradeciéndole el envío del recorte de prensa:

“Celebro también que a esos Señores les parezca bien nuestro trabajo y que empiecen por fin a hacernos justicia. Creo que Ud. en sus conversaciones debe refregarles un poco por la reverenda faz nuestra actitud tan clara y rectilínea y que tan dolorosamente contrasta con su antigua actitud rojófila y con sus regateos recientes y supongo que futuros. Mucho le agradeceré me tenga al corriente de cuanto por ahí se diga de nuestros trabajos en el Ministerio, pues también nos servirá acá para apaciguar a algunos Obispos más o menos exaltados.”17.

         Aunque no llegaron directamente a todos los maestros las directrices expresadas en los programas sí lo hicieron de manera indirecta a través de los libros de texto que debía redactar y editar el Instituto de España y que el Estado impuso con carácter obligatorio tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza privada18. Los libros, redactados de acuerdo con los planes y programas, fueron adquiridos por los Inspectores Jefes de cada provincia y distribuidos por las escuelas que ya estaban bajo la jurisdicción de los militares sublevados. Los recelos que la redacción de libros de texto únicos y obligatorios provocaron en editores, autores, dibujantes, impresores, etc., unido a la dificultad de poder disponer de ellos para el curso 1938/39 forzaron al Ministro a tomar decisiones que no menoscabasen los intereses de todos esos profesionales y arbitró otras dos medidas respecto a las obras que había en el mercado: retirar las consideradas perniciosas y seleccionar las adecuadas entre las que había a la venta.

Retirada de libros.

            En el informe sobre “Organización de la Enseñanza Primaria. Reformas Urgentes”, la quinta medida para configurar un nuevo modelo de escuela proponía una “depuración rigurosa de todo el material escolar relacionado con la primera enseñanza y fiscalización por el Estado de cuestionarios y textos que la iniciativa privada pudiese implantar, llegando, si fuese necesario, hasta la edición por el Estado de textos y programas”19. El Jefe del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, Romualdo de Toledo, a indicación del Ministro de Educación Nacional, se dirigió el 18 de agosto de 1938 – antes de que se iniciase el curso académico – a todos los Inspectores y Maestros de la España Nacional, para que con la mayor urgencia

“sean retirados de las escuelas públicas y privadas los libros que figuran en la adjunta relación que sólo por morbosa inercia podían figurar en las estanterías de las bibliotecas escolares, llamando la atención sobre la responsabilidad que habrían de contraer los Inspectores y Maestros en el caso de no corregir inmediatamente estos hechos; exhortando a coadyuvar en esta obra a las autoridades civiles y del Movimiento, así como a los padres de familia, más que nadie interesados en la formación religiosa y patriótica de los futuros españoles”20.

         Al no poder aún dotar a la enseñanza primaria de la ideología precisa para sostener al nuevo régimen se optó por el ataque frontal a uno de los medios de educación: el libro de texto. Las obras que debían retirar los maestros de las bibliotecas escolares eran los “libros escritos con fines proselitistas doctrinalmente antipatrióticos y antirreligiosos, deficientes en el aspecto pedagógico o escritos por autores declaradamente enemigos del Glorioso Movimiento Nacional que actualmente ostentan cargos y desempeñan funciones de confianza a las órdenes del soviet de Barcelona”.

         Conocer  con una cierta precisión la labor confiscadora de la bibliografía escolar y pedagógica que llevaron a cabo los militares requiere, como primer paso, identificar cada obra incluida en la lista negra, tarea harto complicada por la imprecisión con que tradicionalmente se relacionan  las obras escolares, no sólo en estas fechas sino también en tiempos anteriores, República incluida. Otra dificultad es que sólo se conserva la orden firmada por el Jefe del Servicio Nacional  de Primera Enseñanza y no podemos saber con certeza de quién partió la iniciativa para incluir estas obras. Tampoco se conserva informe alguno señalando lo que las hace repudiables específicamente, ni hay manifestación alguna valorando lo nefasto de su contenido. Esta falta de documentación sólo permite conjeturas, a partir de la ideología expresada por los militares en otros medios de comunicación, acerca de las causas de su rechazo.  Sin embargo, esta información merece ser recuperada y analizada por varias razones. En primer lugar para conocer el alcance de las medidas confiscadoras y depuradoras pues esta es la primera orden de expurgo que llega a todos lugares, a unos porque ya estaban bajo el mando de los militares cuando se da y a otros porque, terminada la guerra, se procede a confiscar las obras relacionadas en las poblaciones recién sometidas a las nuevas autoridades. En segundo lugar, recuperar estos datos facilitará posteriores investigaciones sobre las innovaciones educativas y los principios pedagógicos aplicados en la enseñanza elemental española que algunas de estas obras intentaban incorporar. Además de otros posibles intereses, también consideramos necesario evitar la condena al olvido de la obra de aquellos autores de libros de texto que fueron silenciados permanentemente o de aquellos que vieron sus libros destruidos.

         Si en una primera hojeada parece que fueron 32 los autores incluidos – las coautorías las consideramos como un único autor a efectos de este cómputo – y 63 las obras rechazadas, al observar la lista con más detenimiento, intentando identificar el autor y el título, averiguamos otra información que nos permite hacer las siguientes precisiones:

         1. En algún caso se relacionan autores que, en realidad, son los traductores, por ejemplo se atribuye a Rodolfo Llopis un libro de Albert Thomas o a Lorenzo Luzuriaga la obra de G. Wyneken, Escuela y cultura juvenil; en otros, los apellidos están incompletos, son erróneos o encabeza la obra con su segundo apellido.

         2. Identificados los libros y completados los datos, la cantidad de obras varía sin que podamos precisar cuántas eran, pues hemos detectado las siguientes situaciones: en unos casos figura como dos obras diferentes lo que es, en realidad, una. Un ejemplo es “Lecturas anecdóticas. Historia del trabajo”, atribuidas a Rodolfo Llopis y las que nos referimos más adelante. En alguna ocasión se relaciona un título, por ejemplo “Derecho usual español” de Luis Huerta, del que no hemos encontrado ninguna evidencia de que existiera. En otros casos el título está abreviado y puede corresponder a más de una obra del autor. Ejemplos de esta situación son Aritmética de Ángel Llorca, Aritmética y Geometría de Margarita Comas21 o las de Aurelio R. Charentón “Mi libro.- Geografía humana”22. Aún hay otro escollo en los casos de obras con varias ediciones o impresiones pues si no son idénticas no podemos saber con certeza cuál es la rechazada.

         3. Los libros mandados retirar estaban en el mercado y es posible que fueran utilizados en la enseñanza oficial pero no todos estaban aprobados para ese uso pues, por ley, las escuelas sólo podían adquirir, con el presupuesto escolar que tenían asignado, los libros aprobados por el Consejo de Instrucción Pública y en ese caso sólo están 30 títulos de los 63 ordenados retirar. Incluso alguno de éstos estaba aprobado con matizaciones, por ejemplo el de Ángel Llorca, Cinematógrafo educativo23, aprobado en la orden del 17 de mayo de 1934 con la siguiente indicación “procede modificar el capítulo 26”. Otros ya habían estado aprobados, rechazados y nuevamente aprobados durante la República. En este caso está el libro de Albert Thomas. Este Ministro francés y Director de la Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra era el autor de Lecturas históricas. Historia anecdótica del trabajo, un libro de lectura que era oficial en París, Berlín, Londres, Ámsterdam, etc., y que fue traducido y adaptado al español por Rodolfo Llopis – versión en la que se incluyen capítulos nuevos como uno sobre “Pablo Iglesias” –. Aprobado en la orden del 17 de mayo de 1934 – Gaceta de Madrid del 18 de mayo – fue prohibida su lectura por orden del 8 de julio de 1935 – Gaceta de Madrid del 28 de agosto – porque “está en contraposición con el espíritu de imparcialidad y abstención política que informa el criterio del Estado español” y nuevamente permitido por orden 13 de marzo de 1936 – Gaceta de Madrid del 17 de marzo –.

         4. Algunos libros habían  superado dos filtros pues contaban con la aprobación del Consejo de Instrucción Pública y habían sido premiados en concursos que pretendían mejorar y promocionar la lectura en la escuela primaria, como el citado de Llorca. Este el caso de Flor de leyendas. Lecturas literarias para niños del maestro e inspector asturiano Alejandro Rodríguez, más conocido por Casona (1903-1965), premiada en el Concurso Nacional de Literatura de 193224, siendo publicada en 1933 por la editorial Espasa-Calpe. Casona se limitó a hacer una adaptación o síntesis literaria de grandes obras de la literatura universal y medieval, con fragmentos de poemas hindúes Mahabaratha y Ramayama, de Las mil y una noches, de Iliada, de Nibelungos, del Cantar de Roldán, del Poema del Mío Cid. El maestro zaragozano Santiago Hernández Ruiz (1901-1988) había obtenido el segundo premio en el mismo concurso en 1928 con la obra Letras españolas, editado en Madrid, por Yagües en 193125. En otros casos, el concurso buscaba libros de lectura de una determinada temática, y así obtuvo el segundo premio, en 1929, de la Sociedad Española de Higiene, la obra de Luis Huerta (1889-1975) La educación sexual del niño y del adolescente, editada en Madrid por el Instituto Samper en 1930.

         5. Los 30 títulos que el Consejo de Instrucción Pública había aprobado para ser utilizados en la enseñanza primaria eran obras de 23 autores – aunque una obra estaba escrita por dos –. ¿Quiénes eran “los autores declaradamente enemigos” del nuevo régimen? Mayoritariamente eran maestros e inspectores como Manuel Alonso Zapata, Heliodoro Carpintero, Margarita Comas Camps, Eladio García Martínez, Santiago Hernández Ruiz, Luis Huerta, Lorenzo Luzuriaga, Ángel Llorca, Rodolfo Llopis, Gervasio Manrique, Alejandro Rodríguez (Casona), Gerardo Rodríguez, pero también había profesores de Escuela Normal como Modesto Bargalló, Aurelio Rodríguez Charentón o Daniel González Linacero y de otras instituciones como, el profesor del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Antonio de Zulueta.

         El autor que se llevó la palma fue el alicantino Ángel Llorca García (1866-1942), con ocho títulos incluidos – dos obras constaban de más de un volumen, cuatro de ellos con más de una edición, un éxito que ahora les hace aún más peligrosos – 26. Sus actividades mientras dirigió, entre 1916 y 1936, el Grupo Escolar Cervantes de Madrid, su afiliación a la UGT y su participación en varias ponencias de enseñanza en los congresos del PSOE y su inclinación hacia lo antirreligioso – “antes que el manjonianismo, antes que el siurotismo, antes que el teresianismo, el analfabetismo”27, había escrito –, le pasaron factura.

         El segundo puesto por la cantidad de obras rechazadas le correspondió al profesor de la Escuela Normal, Aurelio Rodríguez Charentón – se le incluyen seis títulos que pueden corresponder, como ya hemos señalado, a seis obras o a cinco –.  Cinco libros tenía prohibidos Santiago Hernández Ruiz. En el siguiente puesto están dos maestros con cuatro títulos: el asturiano Luis Huerta Naves – aunque un título no ha sido identificado – y Gerardo Rodríguez García. Tres obras tiene incluidas Lorenzo Luzuriaga – de una era el traductor –. Cinco autores tienen dos obras: Modesto Bargalló, Benigno Ferrer Domingo, Daniel González Linacero, Gervasio Manrique y Enrique Rioja Lo Bianco y el resto sólo una.

         6. No todas las obras eran libros para uso de los escolares había alguno destinado al maestro, por ejemplo, el del socialista Manuel Alonso Zapata, La escuela unitaria: cómo funciona y cómo debe organizarse en los tiempos modernos, editado por primera vez en Madrid, por Juan Ortiz en 1930 o el de Fernando Sainz, El método de los proyectos de las escuelas rurales de Madrid, publicado en Madrid, por la Revista de Pedagogía, en 1931.

         7. La obligada retirada de estas obras tuvo una repercusión económica que hay que tomar en consideración. Los libros pertenecían a diecisiete casas editoriales, muchas con sólo una obra pero otras tenían condenadas una docena de obras en este ranking, caso de la editorial madrileña Estudio, de Juan Ortiz, le siguen Hernando con media docena, Espasa Calpe con cinco y la Revista de Pedagogía con cuatro. Quizá para evitar perjuicios económicos, algunas casas editoriales modificaron el título e ignoraron al autor, para que la obra pudiera seguir en el mercado. Este es el caso de la editorial zaragozana La educación respecto a tres obras de Santiago Hernández Ruiz ahora prohibidas. La editorial las presentó a consideración cuando se creó, en agosto de 1938, la Comisión dictaminadora de los libros de texto que se han de usar en las escuelas nacionales, con un nuevo título: Un año de mi vida28 pasó a titularse Un año escolar. Curiosidades, se presentó como Conocimientos y Mis amigos y yo como Mis camaradas y yo. Primera parte y Mis camaradas y yo. Segunda parte. Las tres, atribuidas a E.G.V. – posiblemente las iniciales del dueño de la librería, Enrique González Villanueva –, fueron aprobados para su venta y uso en las escuelas de primera enseñanza para el curso de 1938 a 193929.

         El rechazo y persecución a que fueron sometidos estos “autores declaradamente enemigos del Glorioso Movimiento Nacional” cuando no provocó su muerte – Daniel González Linacero, por ejemplo, fue fusilado el 8 de agosto de 1936 en Arévalo (Ávila) – los obligó a continuar desarrollando su labor profesional en otros países, como su hermano Manuel, Inspector en Palencia y León y destacado defensor de las ideas educativas republicanas, que se exilió en México; Santiago Hernández Ruiz, también inspector cuando se desencadenó la Guerra Civil, ejerció de profesor en varios niveles educativos en México; en este país trabajó 30también Modesto Bargalló; Margarita Comas, en Inglaterra; Lorenzo Luzuriaga y Alejandro Rodríguez en Argentina; etc. En el exilio algunos continuaron con su profesión y así hubo obras reeditadas en otros lugares, como Metodología de la Aritmética y la Geometría de Margarita Comas, cuya sexta edición, en 1965, apareció en Buenos Aires, por la Editorial Losada; en esta misma editorial está el libro de Vicente Valls, Metodología de las Ciencias físicas; en México, Fernández editó, en 1979, la 12ª reimpresión de la obra de Santiago Hernández Ruiz, Curiosidades y ejemplo. Libro de lectura para el grado medio, etc.

         Recientemente, tras la restauración democrática, ha comenzado a recuperarse la trayectoria vital y profesional de algunos autores, lo que permitirá avanzar en el conocimiento de sus obras escolares. En este caso están Daniel González Linacero (1903-1936)30, Santiago Hernández Ruiz (1901-1988)31, Margarita Comas (1892-1973)32, Lorenzo Luzuriaga (1889-1959)33; Rodolfo Llopis (1895-1983)34; Ángel Llorca (1866-1942)35; Miguel Santaló Parvorell... Otra fórmula, de gran éxito comercial, para recordar nuestra historia reciente, es la aparición de ediciones facsímiles de algunos, acompañadas de un ensayo o presentación: Hernández Ruiz, S. (1998). Un año de mi vida. Zaragoza, Institución “Fernando el Católico” – Paniza; Sánchez Trincado, J.L. y Olivares Figueroa, R. (Comp.) (1944). Poesía infantil recitable. Madrid: Compañía Literaria, o Linacero, Daniel G. Mi primer libro de Historia. Palencia: A. Aguado36, son algunos ejemplos.

         Esta retirada de libros es una forma de atajar el mal que producía el uso de determinados libros, pero inmediatamente se dan cuenta que la eliminación de las obras “nefastas” junto con la obligación de utilizar sólo los libros redactados y editados por el Instituto de España afectaba a todo tipo de profesionales vinculados al mundo editorial que, simpatizando con el Alzamiento, se sentían perjudicados con estas medidas, así que se plantearon admitir otras obras que ya estaban en el mercado, siempre que sus páginas no contuvieran nada contrario al Movimiento.

La posibilidad de elegir otros libros autorizados.

            El excesivo celo sobre la edición escolar fue suavizado al permitir a los editores de libros de texto destinados a la primera enseñanza presentar dos ejemplares de cada obra – o bien los clichés, dibujos y materiales propios para la producción de futuras ediciones – con  una solicitud al Ministerio de Educación Nacional para que éste declare que “no halla inconveniente para que se reproduzcan, vendan y circulen y aun puedan utilizarse en la enseñanza oficial hasta tanto no salgan a la luz pública los que a tales fines se preparan bajo la dirección del Instituto de España”37. Pedro Sainz Rodríguez quiere, con esta medida, paliar los posibles efectos negativos que sobre las casas editoras producían la declaración de textos únicos para la enseñanza. Estas casas editoriales fueron presentando sus peticiones al Ministerio pero, como era de esperar, el volumen de obras presentadas en menos de dos meses debió ser elevado lo que impulsó la creación de la Comisión dictaminadora de los libros de texto que se han de usar en las escuelas nacionales, el 20 de agosto de 193838.

         La composición de esta primera Comisión dictaminadora quedó fijada en el artículo segundo. Presidida por el Subsecretario del Ministerio de Educación Nacional, Alfonso García Valdecasas, quedaba formada por el Jefe del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, Tiburcio Romualdo de Toledo, por el Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas, Javier Lasso de la Vega, por José Rogerio Sánchez, por José Ibáñez Martín, por José María Albareda Herrera, por José Oñate Guillén – estos cuatro vocales, Catedráticos del Instituto, fueron nombrados el mismo día en otra orden –, y el Inspector de Primera Enseñanza, Jefe del Negociado de Inspecciones, que actuaba de Secretario.

         Esta comisión especial nació para examinar los libros ya presentados en el Ministerio y “autorizar la publicación de nuevos libros en aquellas materias o grados que el Estado no ha reservado a determinados organismos”. Su cometido era dictaminar “el contenido religioso, moral, patriótico, pedagógico, científico, literario, tipográfico y el precio de venta”. Cuando los integrantes de esta Comisión dudasen a la hora de emitir el juicio que les mereciesen determinados libros podían solicitar informes de especialistas competentes. La relación de obras aprobadas debía especificar la duración de la autorización. Sospechando que la lista con las obras no estaría disponible para el comienzo del curso académico, el jefe del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, ordenó a los inspectores Jefes de cada provincia que recordasen a los “maestros nacionales que no deben adquirir libros escolares hasta que la Comisión dictaminadora de los mismos termine su labor sobre los libros admitidos, que serán los únicos que podrán utilizarse en la Escuela nacional”39. Con esta orden conseguían no sólo coartar la capacidad de decisión del maestro para elegir los libros sino también implicarle en la tarea de control de éstos, pues si por error o descuido utilizaba alguno dictaminando negativamente incurría en una falta que sería sancionada al añadirse a la depuración de los libros escolares, la depuración del personal de enseñanza.

         Comenzado el curso, el Jefe del Servicio Nacional de Primera Enseñanza firmó la orden del 18 de octubre de 1938, con una relación de libros aprobados “solamente para el presente curso de 1938 a 1939”40, que eran los únicos que podían utilizarse en las escuelas. El total de libros escolares autorizados, con indicación del precio de venta de los mismos, salvo en los originales inéditos a los que no se les señalaba, aparecían agrupados bajo distintos epígrafes siendo el primero el de temas varios que comprende 109 libros; bajo la denominación de libros de aritmética y geometría se incluyen 35; además están los 18 libros de Geografía e Historia; también 24 libros de religión e historia sagrada y, por último, 9 libros de ciencias naturales. En total quedaban aprobadas 195 obras que, por editoriales, se distribuían del siguiente modo: Hijos de Santiago Rodríguez, 31; Bruño, 23; Magisterio Español, 18; La Educación, 16; Luis Vives, 15; Sanchez Rodrigo, 10; Porcel y Riera, 7; Sociedad de María. Marianistas, 7; Producciones Naverán (inéditos) 7; Corazón de María, 5; Florencia, 4 y de varios autores 52, dos de ellos inéditos. En definitiva, los maestros podían elegir entre dos centenares de libros para seleccionar los que querían utilizar en el curso 1938-39.

         Lógicamente no todos los libros examinados satisfacían los requisitos pedagógico, moral, tipográfico... etc., y por eso la Comisión “les consideró inaceptables para la Escuela del Nuevo Estado y por estas razones no han sido aprobados”. La relación de rechazados incluía 42 títulos. El tiempo del expurgo no había terminado. No se conservan los documentos de trabajo de esta Comisión Dictaminadora de los libros de texto que se han de usar en las Escuelas Nacionales, pero de la relación de obras no aprobadas en esta primera sesión, celebrada en Vitoria el 28 de septiembre de 1938 tenemos el motivo del rechazo, pues en la lista hecha pública en 1940 las obras iban acompañadas de una valoración. Las razones del rechazo, por orden de frecuencia, eran: antipedagógico, anticuado, deficiente presentación, carácter laico41, e incluso, algunos por contener definiciones inexactas o erróneas – fundamentalmente éstos son los de aritmética  y de geometría –, por expresiones duras, o “gran frialdad en su Tratado de Moral”, dictamen aplicado a Enciclopedia. Grado preparatorio de Virgilio Pérez.

         Nuevamente el cotejo del texto de la orden original, con lo publicado en el BOE y en el BOMEN, evidencia diferencias tanto en la reproducción de la lista de los libros prohibidos como en la de los aprobados, al matizar las prohibiciones hechas a los Inspectores.

         Respecto a los libros de texto que no obtienen en ese momento el visto bueno de la Comisión, en el original firmado hay nueve libros prohibidos que no están cuando se publica la lista de “Libros escolares de Primera Enseñanza no aprobados por la Comisión Dictaminadora en Sesión celebrada en Vitoria el día 28 de septiembre de 1938” en el Boletín Oficial del Ministerio de Educación Nacional42 del 15 de abril de 1940 y en éste se incluyen seis obras que no estaban en el original. Cabe pensar que por el tiempo transcurrido entre ambas se hubiese aplicado el artículo 5.º que obligaba a que “la decisión adoptada respecto a los libros no aprobados se les comunicará a los Autores o Editores que los presentaron indicándoles las reformas que han de hacer, caso de que quieran presentarlos nuevamente”. Lógicamente autores y editores intentarían conseguir la aprobación de sus obras, sin embargo, la fidelidad debida en la documentación generada en los actos públicos deja sin justificación la diferencia entre ambos textos, pues al nihil prius fide se antepusieron otras razones.

         Respecto a los Inspectores , la Comisión dictaminadora de libros de texto había estimado “medida necesaria para el bien de la Escuela el que los Inspectores de Primera Enseñanza en activo no se dediquen a publicar libros escolares, prohibición que empezará a regir en el presente curso”43, sin embargo su decisión quedó matizada al publicarse en el BOE la orden del 1 de marzo de 1939, en cuyo artículo segundo se prohibe:

       “La publicación venta y uso en las escuelas de los libros cuyos autores sean Inspectores de Primera Enseñanza en activo, cumpliéndose enteramente lo dispuesto para los originales inéditos y, respecto a los publicados hasta la fecha, sólo se autoriza la venta de las existencias disponibles”.

         Los inspectores de primera enseñanza se convirtieron en un nuevo colectivo descontento con las medidas que se tomaban respecto a los libros escolares, y en la lógica defensa que iniciaron, provocaron un nuevo bandazo en la normativa que, deseando “recoger la aportación de todos los elementos que de alguna manera puedan beneficiar a la escuela”44, volvió a ser más permisiva con ellos, aclarando que si un libro escolar aprobado por la Comisión era obra de un inspector en activo, el único lugar donde no podrá utilizarse es en las escuelas de la provincia donde ejerza el inspector.

            Aun siendo importante el número de personas vinculadas al mundo editorial que estaban siendo perjudicadas y a pesar de las protestas de los técnicos, los editores, las autores y los profesionales de la enseñanza, el asunto de los libros de texto continuó adelante. La Comisión Dictaminadora de libros de texto para las Escuelas Nacionales siguió funcionando y amplió su campo de actuación al comenzar a examinar “las obras de carácter pedagógico que se hayan de utilizar para la orientación y formación del Magisterio Nacional en cualquiera de sus aspectos”45. La ampliación de funciones supuso modificar su constitución y así en lugar de cuatro Catedráticos de Instituto, la integrarían sólo tres – José Rogerio Sánchez, José Oñate Guillén y Rafael Ibarra –, pero se incorporaron dos profesores de Escuela Normal – Santos Samper y María Díaz Jiménez – y el Director del Museo Pedagógico Nacional – Antolín Herrero –. El resto de los vocales fueron Pedro Laín Entralgo, Santiago Magariños Torres y Alfonso Iniesta Corredor. La nueva Comisión la presidió Jesús Rubio García-Mina y tuvo dos vicepresidentes, el primero Romualdo de Toledo y el segundo Miguel Artigas, que era el Director general de Archivos y Bibliotecas. De secretario actuaba el Asesor Técnico de la Dirección General de Primera Enseñanza, que en esta fecha era Marcelino Reyero Riaño. Esta nueva Comisión fue disuelta un año después, el 8 de mayo de 1941, pues sus competencias fueron asumidas por el Consejo Nacional de Educación. Durante este tiempo publicó listas de libros aprobados el 3 y el 20 de abril y el 27 de diciembre de 1940. Su última relación de libros apareció el 11 de marzo de 1941 pero en ésta, además de los libros aprobados – 62 para los escolares y 34 para el maestro –, no se aprueban 17. Cuando cerró su labor tenía pendiente de dictamen 140 libros, que ya serán supervisados por el, también remodelado, Consejo Nacional de Educación46. La Sección Tercera de este órgano consultivo de la administración educativa se ocupó de la enseñanza primaria y, en relación con el trabajo de la Comisión, recoge lo siguiente: “Libros aprobados por la Comisión Dictaminadora de Libros Escolares. La edición aprobada en Vitoria se considera válida, pero no las nuevas ediciones, que serán sometidas a la aprobación de la Sección tercera”47.

         Respaldados por estas medidas ad hoc y la fuerza de las armas, los militares sublevados consiguieron frenar las innovaciones y romper los planteamientos educativos dominantes en la enseñanza primaria, facilitando el rebrote exacerbado de ideas educativas heredadas que prevalecerán los años siguientes. En definitiva, poco más de un año necesitó Sainz Rodríguez para caracterizar y definir las líneas de lo que va a ser la política educativa respecto al libro escolar, si creemos en sus palabras cuando al hablar del Ministerio de Educación Nacional dice que “se hicieron cosas que no hubo tiempo de desarrollar por la guerra, pero se lanzó un semillero de proyectos que fue como un verdadero programa de lo que puede hacer un Ministerio de Educación y Cultura”48 y una prueba de sus ambiciosos proyectos son, por ejemplo, el Decreto para la creación del Consejo Nacional de Educación y Cultura49 y varios informes solicitados a la Asesoría Técnica utilizados en la redacción de textos normativos que no llegaron a ver la luz como un Anteproyecto de Ley de Bases de la Educación Primaria y Normal50.