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ANA MARTÍNEZ RUS
Universidad Complutense de Madrid
El bibliocausto: saqueos y hogueras
El franquismo fue un régimen represivo de exclusión ideológica y social. La represión afectó a todos los aspectos de la sociedad española durante casi cuarenta años. Aunque es más conocida la represión política por los últimos estudios sobre consejos de guerra, campos de concentración, y el sistema penitenciario, también fue destacada la represión cultural basada en la quema de publicaciones, la censura y en el control de la información[1]. La dictadura militar persiguió todo aquello que representara la Anti-España: eliminó y encarceló personas, ilegalizó organizaciones y asociaciones, destruyó publicaciones, depuró bibliotecas, y prohibió obras en un intento de borrar las ideas de los enemigos de la sociedad española. La represión cultural formó parte de la represión generalizada de los militares sublevados y fue un capítulo más de la violencia ejercida por la dictadura franquista. Había que limpiar, purificar el país de las ideas subversivas que habían adulterado las esencias españolas. Se trataba de suprimir el pensamiento de los vencidos e imponer el de los vencedores[2]
«Auto de fe en la U. Central. Los enemigos de España fueron condenados al fuego».
“El Sindicato Español Universitario celebró el domingo la Fiesta del Libro con un simbólico y ejemplar auto de fe. En el viejo huerto de la Universidad Central –huerto desolado y yermo por la incuria y la barbarie de tres años de oprobio y suciedad –se alzó una humilde tribuna, custodiada por dos grandes banderas victoriosas. Frente a ella, sobre la tierra reseca y áspera, un montón de libros torpes y envenenados (…) Y en torno a aquella podredumbre, cara a las banderas y a la palabra sabia de las Jerarquías, formaron las milicias universitarias, entre grupos de muchachas cuyos rostros y mantillas prendían en el conjunto viril y austero una suave flor de belleza y simpatía”.
[El catedrático de Derecho, Antonio Luna, en su disertación afirmó]: “Para edificar a España una, grande y libre, condenados al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos. E incluimos en nuestro índice a Sabino Arana, Juan Jacobo Rousseau, Carlos Marx, Voltaire, Lamartine, Máximo Gorki, Remarque, Freud y al Heraldo de Madrid”. Prendido el fuego al sucio montón de papeles, mientras las llamas subían al cielo con alegre y purificador chisporroteo, la juventud universitaria, brazo en alto, cantó con ardimiento y valentía el himno “Cara al sol” [la cursiva es mía][3].
El texto es meridiano ya que ilustra perfectamente las actuaciones realizadas respecto al libro durante la guerra civil y señala la política del Nuevo Estado en relación con la letra impresa. Entre falangistas viriles y señoritas con mantilla se quemaron en la Universidad ejemplares del periódico El Heraldo de Madrid, obras de Rousseau y Marx españolizados, de Freud, Gorki o Lamartine, entre otras. La combinación era selecta y diversa, aunque atendiendo a la descripción y a la clasificación de los libros, que realizó el catedrático de Derecho Antonio Luna en su discurso, prácticamente todos debían acabar en la hoguera. A continuación leyó el célebre pasaje del Quijote, donde el cura y el barbero prendieron fuego a las novelas de caballería del ingenioso hidalgo, para justificar la quema de libros. Curiosa manera de celebrar el Día de Libro, imitando las quemas públicas de libros de los nazis. Era toda una declaración de las intenciones de la dictadura sobre la cultura y la libertad de expresión y creación. Estas prácticas inquisitoriales, más propias del Santo Oficio que de un sistema político del siglo XX, fueron muy comunes durante la guerra civil y en la inmediata posguerra. De hecho nos encontramos con numerosos testimonios de personas y declaraciones de jerarcas del régimen que atestiguan estas “piras purificadoras”. En los pueblos y ciudades del país se generalizaron las hogueras de libros al final de un acto civil o religioso como muestra de adhesión al Movimiento Nacional, eran toda una representación cargada de significación simbólica. Aunque en los autos de fe, contrariamente a lo que recoge el periódico por la influencia errónea de la historiografía liberal, no se quemaban libros, en la edad Moderna existieron otros actos públicos donde ardieron innumerables textos impíos y herejes. En este sentido existen paralelismos con la quema de libros árabes en la España cristiana como la que organizó el cardenal Cisneros en 1500 con libros traídos de Granada[4]. A lo largo de la historia son muchos los ejemplos y antecedentes que podemos encontrar sobre la quema de libros. La destrucción de libros no es un fenómeno nuevo como forma de eliminar una cultura o una civilización derrotada por las armas. Pero lo sorprendente del caso franquista es el ensañamiento contra lo impreso y la intensidad de la destrucción.
Desde los primeros días del golpe militar se convirtió en una necesidad imperiosa la eliminación de los textos perniciosos que habían inoculado el mal en las mentes de los españoles. Acusaban a estos libros de todos los problemas del país por sus ideas extranjerizantes, inmorales y subversivas. Así en los primeros meses de la contienda las operaciones se centraron en incautaciones y destrucciones, junto con la depuración de bibliotecas públicas y privadas. Al mismo tiempo muchos maestros, bibliotecarios, editores y libreros fueron fusilados[5]. El director de la casa Nós, Ángel Gasol, y el librero, Rogelio Luque, entre otros corrieron la misma suerte que las publicaciones que producían y vendían. Rogelio Luque, que ejercía el comercio de librería desde 1917 en la calle Gondomar de Córdoba, fue fusilado el 16 de agosto de 1936[6]. Juana Capdevielle, bibliotecaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, fue asesinada el 18 de agosto de 1936 en Rábade (Lugo) estando embarazada de su primer hijo a los treinta años de edad. Días antes su marido, Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de La Coruña, también había sido asesinado por los militares sublevados[7].
El periódico Arriba España en su primer número de 1 de agosto de 1936, incitaba a la destrucción de libros: “¡Camarada! Tienes obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Destruye y quema sus periódicos, sus libros, sus revistas, sus propagandas. ¡Camarada! ¡Por Dios y por la patria!”. Su director fue el clérigo falangista, Fermín Yzurdiaga, que acabó siendo Jefe Nacional de Prensa y Propaganda. Fue tal el entusiasmo y celo en la destrucción de libros en los domicilios particulares que el mismo periódico en noviembre de 1936 pidió mesura y que se no se actuara las bibliotecas privadas. La quema de libros se convirtió en un ritual habitual. Estas prácticas recuerdan a la Alemania de Hitler, a la quema sistemática de publicaciones en diversas ciudades organizadas por el Ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. El gran impacto que causó la destrucción nazi en 1933 llevó a la revista estadounidense Time a hablar de bibliocausto y la revista neoyorkina, Newsweek, la calificó como holocausto de libros[8]. En la España de Franco también puede hablarse de un fenómeno similar, de bibliocausto o al menos de una bibliofobia desatada en palabras de José Andrés de Blas[9]. Para analizar la destrucción del patrimonio bibliográfico de la dictadura es fundamental el estudio de la documentación y de la prensa afín durante la guerra civil y la inmediata posguerra, así como los libros de memorias, ya que este fenómeno es mucho menos conocido que el nazi y apenas existe bibliografía al respecto. El régimen franquista se encargó posteriormente de borrar este capítulo negro de su historia[10].
El cenetista Manuel Pérez recuerda que el primer día del levantamiento militar en la isla de Mallorca: “[…] se inició el asalto a las organizaciones obreras y a los locales donde tenían su residencia las agrupaciones políticas de izquierdas. Nada escapó a la furia vandálica de las hordas fascistas. Después de destrozarlo todo […], recordando los autos de fe de la “santa Inquisición” hicieron hogueras con los libros que encontraron en las bibliotecas, [la cursiva es mía]”[11]. Las quemas públicas de libros en La Coruña también fueron habituales, frente al edificio del Real Club Náutico, en el muelle, según recogió el periódico, El Ideal Gallego, en agosto de 1936: “A orillas del mar, para que el mar se lleve los restos de tanta podredumbre y de tanta miseria, la Falange está quemando montones de libros y folletos de criminal propaganda comunista y antiespañola y de repugnante literatura pornográfica”, [la cursiva es mía][12]. Se convirtió en una auténtica obsesión la destrucción de las publicaciones, la quema pública de libros como otra forma más de violencia ejercida contra los enemigos de España[13].
“Significa que el libro y la prensa mal inspirados –verdaderamente estupefacientes del alma- habían intoxicado ya la conciencia colectiva, aletargándola. Significa, en fin, que el Enemigo estaba a punto de conseguir su objeto, de corromper la médula de un gran pueblo. Guerra, por tanto, al libro malo. Imitemos el ejemplo que nos brinda Cervantes en el capítulo sexto de su Obra inmortal. Y que un día próximo se alcen en las plazas públicas de todos los pueblos de la nueva España las llamas justicieras de fogatas, que al destruir definitivamente los tóxicos del espíritu almacenados en librerías y bibliotecas, purifiquen el ambiente, librándolo de sus mismas contaminadores. ¡Arriba España! ¡Viva Franco! ¡Viva España! [La cursiva es mía][14].
Cabe destacar el constante recurso a la obra cervantina, al famoso capítulo donde se quemaban los libros de caballería de Don Quijote, por parte de los intelectuales del franquismo para justificar las innumerables hogueras de publicaciones durante la guerra civil y la inmediata posguerra. Era un alegato perfecto, remontarse a las páginas de la más insigne obra en castellano, para demostrar que era una acción justa y necesaria. De hecho se comparaba la condición de soldado de Cervantes, que luchó contra los enemigos de España en la cruzada de Lepanto, con el ejército del invicto Franco que derrotó al bolchevismo asiático. Sorprende que se califique de marxistas y bolcheviques a todos los que defendieron la República, se trataba de estigmatizar al contrario, a la Anti-España[15].
A los seis días del golpe de estado contra el gobierno republicano se formó la Junta de Defensa Nacional, formada exclusivamente por militares, para gestionar el territorio que quedó bajo su control, y en enero de 1937 se creó la Delegación Nacional de Prensa y Propaganda[16]. La primera disposición de la Junta de Defensa sobre la depuración de bibliotecas y el control de la lecturas fue la Orden del 4 de septiembre, donde se acusaba al Ministerio de Instrucción republicano de haber difundido obras marxistas entre la infancia. Por ello era necesario hacer desaparecer esas publicaciones de escuelas y bibliotecas, y obligaba a la incautación y destrucción de las mismas, autorizando sólo “aquellas cuyo contenido responda a los sanos principios de la Religión y de la Moral, y que exalten con su ejemplo el patriotismo de la niñez”. El Decreto de 13 de septiembre, que declaraba fuera de la ley a las personas, partidos y agrupaciones políticas que formaron el Frente Popular, también incluía la incautación de sus bienes y bibliotecas. Aunque una Orden posterior, del 10 de junio de 1938, disponía que estas colecciones debieran quedar bajo el control de los funcionarios del cuerpo de Archivos, Bibliotecas y Museos, en la realidad fueron la Guardia Civil, los Ayuntamientos, y Falange quienes se ocuparon de estos fondos.
El 1 de octubre de 1936 se constituyó por Ley la Junta Técnica del Estado, y una de las comisiones dependientes de ella fue la de Cultura y Enseñanza, presidida por José Mª Pemán y con Enrique Suñer Ordoñez como vicepresidente. Esta misma comisión se encargó de la depuración del magisterio del profesorado universitario. Una de las últimas circulares de la Junta de Defensa Nacional, que hacía referencia a la depuración del magisterio se advertía que “la purificación nacional tiene que ser totalitaria”[17]. De hecho el propio José Mª Pemán en su primera circular calificó a estos profesionales de “envenenadores del alma popular, primero y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo”. Asimismo Enrique Suñer fue el autor del libelo publicado en 1937, Los intelectuales y la Tragedia Española, donde culpaba a la Institución Libre de Enseñanza de todos los males del país. Además este catedrático de Pediatría, entre febrero de 1939 y diciembre de 1940, fue presidente del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que pasó factura a todos los que no habían colaborado con los militares rebeldes. La depuración de profesores y bibliotecas formaba parte del mismo programa represivo. No en vano uno de los militares sublevados, Millán Astray, primer jefe de la Legión, en la fiesta del 12 de octubre de 1936 en el paraninfo de la Universidad de Salamanca pronunció las ya famosa frase en el incidente con el rector Miguel de Unamuno: “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!”. Estas palabras reflejaban claramente las intenciones de los militares sublevados hacia la cultura y sus artífices.
El 23 de diciembre de 1936 la Junta Técnica del Estado promulgó un Decreto que declaraba ilícitas todo tipo de publicaciones socialistas, comunistas, libertarias, pornográficas y disolventes. El preámbulo de este Decreto era toda una declaración programática de del nuevo Estado respecto a la letra impresa ya que justificaba la necesidad de aplicar todo tipo de medidas represivas. Además consideraban que las ideas subversivas habían calado en un público no preparado y eran las responsables directas y últimas del conflicto civil. Según su criterio la mayoría de la población se había dejado embaucar por estas ideas y, por tanto, había que perseguirlas y suprimirlas de los establecimientos públicos y privados.
“Una de las armas de más eficacia puesta en juego por los enemigos de la Patria ha sido la difusión de la literatura pornográfica y disolvente. La inteligencia dócil de la juventud y la ignorancia de las masas fueron el medio propicio donde se desarrolló el cultivo de las ideas revolucionarias y la triste experiencia de este momento histórico demuestra el éxito del procedimiento elegido los enemigos de la Religión, de la civilización, de la familia y de todos los conceptos en que la sociedad descansa.
La enorme gravedad del daño impone remedio pronto y radical. Se ha vertido mucha sangre y es ya inaplazable la adopción de aquellas medidas represivas y de prevención que aseguren la estabilidad de un nuevo orden jurídico y social y que impida además la repetición de la tragedia”, [la cursiva es mía][18].
Por último esta disposición legal contemplaba medidas expeditivas contra aquellos que incumplieran su aplicación. Las infracciones implicaban una multa de 5.000 pesetas y si se reincidía la multa aumentaría un quíntuplo y además llevaba aparejada la pérdida de empleo público, o bien la inhabilitación del sancionado para el ejercicio de la industria editorial o de librería, así como el cierre del respectivo establecimiento. Cabe destacar las similitudes entre este Decreto y un Bando anterior de Queipo de Llano, Jefe del Ejército de Operaciones del Sur, sobre recogida y expurgo de libros. La persecución de los sublevados a los libros explica que uno de los primeros Bandos de Queipo, el número 25, abordase la ilicitud de impresos pornográficos y disolventes, así como la entrega de los mismos a las autoridades militares y el castigo a los infractores[19]. El Bando, de 4 de septiembre de 1936, constaba de cinco artículos. En el preámbulo se acusaba directamente a la masonería, el judaísmo y el marxismo de la propagación de estas obras, en vez de a los enemigos de la religión, de la civilización y de la familia como en el Decreto de diciembre. En el primer artículo del Bando se declaraban ilícitos la producción, comercio, circulación y tenencia de libros, periódicos y todo tipo de impresos pornográficos, socialistas, comunistas, libertarios y disolventes en general. El segundo obligaba a todos los establecimientos editoriales, a las librerías y a los kioscos radicados en la Segunda División Orgánica a entregar todas las publicaciones prohibidas a las autoridades militares en un plazo improrrogable de 48 horas. Sorprende que en el artículo tercero se hiciera extensiva esta obligación a todos los particulares, a entidades públicas y a corporaciones privadas. De este modo la posesión de este tipo de literatura constituía un delito en la Andalucía rebelde. Aunque en el artículo cuarto se contemplaba que las bibliotecas oficiales y los particulares que necesitasen estos textos por motivos profesionales quedaban exentas de esta prohibición, se señalaba la necesaria autorización de la autoridad militar para la posesión de dichos títulos, y siempre que” su acendrando patriotismo y amor al orden, no ofrezcan sospechas de que puedan hacer uso ilícito” de los mismos. Pero, señalaba la necesaria autorización de la autoridad militar para la posesión de dichos títulos. En el último artículo se fijaban las multas económicas y sanciones a todos los que no cumpliesen con este bando, mayores que las recogidas en el decreto posterior, ya que alcanzaban hasta las 10.000 pesetas[20]. Otra diferencia entre el Bando de Queipo y el Decreto de 23 de diciembre era que en este último se indicaban que en vez de entregar las publicaciones a los militares debían darse a la autoridad civil, aunque ésta a su vez debía comunicárselo a la militar. Y también se establecía que los agentes depositarían los libros en las respectivas bibliotecas universitarias, o en las provinciales, o bien en el archivo de Hacienda, según los casos pero, no en instalaciones militares.
Atendiendo a este bando los falangistas en Sevilla, según el testimonio del Delegado de Propaganda, Antonio Bahamonde, recorrieron las editoriales y librerías. Las obras de autores que, según su criterio, eran de tendencia marxista, eran requisadas y destruidas allí mismo. Al comerciante le decían por toda explicación: “La nueva España no admite esta literatura que ha envenenado tantos espíritus”[21]. Igualmente el teniente de la Guardia Civil, Bruno Ibáñez Gálvez, y jefe de Orden Público en Córdoba desde el 22 de septiembre de 1936 en su primera actuación había requisado y destruido 5.544 libros. Por ello, trece días después de haber asumido el cargo, el de 5 de octubre, afirmaba en El Defensor de Córdoba: “(…) Me encuentro satisfecho de haber llevado a cabo esta labor de limpieza moral, anunciando que la continuaré y que, en el caso de que agentes de mi autoridad encuentren en sus investigaciones algunas publicaciones de esta índole en librerías y kioscos, los dueños de los mismos serán sometidos a las más severas sanciones, aparte de cerrarles sus establecimientos. ¡Viva España!”[22]. De hecho en el periódico ABC de Sevilla se incluía una nota el 26 de septiembre de 1936 de Ibáñez Gálvez donde daba cuenta de la feroz campaña desatada en la capital cordobesa contra los libros pornográficos y revolucionarios:
“Una de las cosas que más daño ha producido en la sociedad española, sobre todo en la juventud y en las masas obreras, ha sido la lectura de libros pornográficos y de propaganda revolucionaria, en especial la de autores rusos.
A tal descaro y profusión se había llegado en esto, que con dichas lecturas se había envenenado las almas puras de la juventud y la sencillez y nobleza de los obreros. Los puestos de honor en las librerías los ocupaban dichas publicaciones, que sólo tenía por fin inculcar la rebeldía y el odio, así como relajar la moralidad y buenas costumbres de los españoles: los resultados los estamos viendo, desgraciadamente, en los pueblos donde las hordas e indeseables marxistas actúan o han actuado.
En nuestra querida capital, al día siguiente de iniciarse el movimiento del Ejército salvador de España, por bravos muchachos de Falange Española fueron recogidos de kioscos y librerías centenares de ejemplares de esa escoria de la literatura, que fueron quemados, como merecían. Asimismo, muy recientemente, los valientes y abnegados Requetés realizaron análoga labor, recogiendo también otro gran número de ejemplares de esas malditas e insanas lecturas que deben desaparecer para siempre del pueblo español”, [la cursiva es mía][23].
En su objetivo de limpiar Córdoba y su provincia de todo libro pernicioso y antipatriótico advertía que a aquellas personas que no entregasen este tipo de publicaciones serían juzgadas con arreglo al bando militar. Además se instaba a los propietarios de librerías y kioscos que hubieran entregado libros y revistas de este tipo, que remitiesen una lista con el título de todas ellas y el número a dicha Jefatura de Orden Público. Esta operación tan implacable de destrucción bibliográfica explica que el alcalde del pueblo cordobés, El Carpio, al finalizar la guerra comunicase a los responsables bibliotecarios que no era necesario el expurgo de títulos de la biblioteca municipal porque “la Autoridad Militar que se hizo cargo de todos los servicios de esta villa, cuando fue liberada por nuestro glorioso Ejército, ordenó la destrucción de la mayor parte de los volúmenes que existían, por ser todos los destruidos contrarios al ideal Nacional-Sindicalista, y otros de moral muy baja”[24].
En abril de 1938 se aprobó otra Orden para aplicar el contenido del Decreto de diciembre de 1936 sobre la declaración de ilicitud de la producción, comercio y circulación de material impreso pornográfico y disolvente a las obras procedentes del extranjero. Se estrechaba el círculo, el libro era siempre sospechoso y la mayoría de las veces culpable.
Requisas de colecciones
En la recogida e incautación de publicaciones fue también decisiva la creación de la Oficina de Investigación y Propaganda Anti-comunista (OIPA) dependiente de la Secretaría del Jefe del Estado por Orden del 20 de abril de 1937. El objetivo de esta Oficina era “recoger, analizar y catalogar todo el material de propaganda de todas clases que el comunismo y sus organizaciones adláteres [sic.], hayan utilizado para sus campañas en nuestra Patria” para organizar la contrapropaganda correspondiente en España y en el extranjero. En este sentido debía confiscar en las zonas ocupadas y las que se fueran ocupando toda la documentación, con la ayuda y cooperación de las autoridades civiles y militares, de las “sociedades masónicas, Liga de Derechos del Hombre, Amigos de Rusia, Socorro Rojo Internacional, Cine Clubs (material cinematográfico), Ligas Anti-Fascistas, Ateneros Libertarios, Instituciones Naturistas, Ligas contra la Guerra y el Imperialismo, Asociaciones Pacifistas, Federación de los Trabajadores de la Enseñanza”. Aparte de los fines propagandísticos, la masa documental incautada a todas estas organizaciones sirvió para la posterior represión de todos sus miembros. De hecho en mayo del mismo año se organizó la Delegación Nacional de Asuntos Especiales para recoger en un archivo todos los documentos relacionados con las sectas secretas que permitiera “conocer, desenmascarar y sancionar los enemigos de la Patria” y que resultará crucial en los consejos de guerra y en las causas del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, creados en 1939 y 1940 respectivamente. La sede de la OIPA y de la Delegación de Asuntos especiales se estableció en Salamanca, cuartel general del Caudillo. Tras el caos en la toma de Asturias y Santander, y a partir de la caída de Bilbao en junio de 1937, se organizó la recuperación de documentos en todos los territorios ocupados por el Ejército rebelde, constituyéndose así un mes después el Servicio de Recuperación de Documentos. Este Servicio se convirtió en la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos por Decreto del 26 de abril de 1938, siendo Serrano Suñer ministro del Interior, en el primer gobierno de Franco. Su finalidad era la requisa de la documentación relacionada con personas e instituciones contrarias a la sublevación, con el fin de “suministrar al Estado información referente a la actuación de sus enemigos”. Es el germen del archivo de Salamanca de la Guerra Civil pero, en su origen tuvo como misión el control y la represión de los ciudadanos por parte del régimen franquista ya que sus pruebas fueron determinantes en la actuación de la justicia militar.
Junto con todos los expedientes fueron arrasados libros y publicaciones periódicas de las bibliotecas de estos centros que sirvieron igualmente como pruebas inculpatorias[25]. En las instrucciones y normas sobre la organización de equipos de campaña y registros se aconsejaba entrar en las localidades junto con las tropas para que la labor fuese efectiva. El registro a locales y domicilios debía realizarse en los primeros días de la ocupación, antes de que se manipulasen o destruyesen papeles. Para ello era imprescindible antes de efectuar las requisas precintar los edificios y colocar a una persona de guardia en el interior. Asimismo era necesario contar con la ayuda de las personas de derechas ya que “casi siempre suelen trabajar con verdadero interés, y por conocimiento del terreno y de los individuos, facilitan enormemente la labor de los registros”. Aparte de las sedes de las autoridades y de las organizaciones políticas y sindicales, otro de los puntos neurálgicos fueron las librerías, editoriales y redacciones de periódicos y revistas. De hecho en mayo de 1939 en unas notas informativas sobre la transformación de la Delegación para la Recuperación de Documentos se reconocía la importante biblioteca que se había formado con la gran cantidad de volúmenes y folletos incautados. Inicialmente estos “Archivos Documentales de la Cruzada de España” se iban a trasladar al Monasterio de San Lorenzo del Escorial, aunque su principal misión desde el principio fue expedir certificados de antecedentes políticos y sociales de todos los españoles que se encontraban registrados en esos fondos documentales[26].
Resulta de sumo interés un Informe de la Delegación de Barcelona del Servicio de Recuperación de Documentos enviado el 22 de febrero de 1939 al Ministro de la Gobernación[27]. La recogida de libros y publicaciones impresas implicaba una responsabilidad “moral y patriótica” porque por un lado retiraba de la circulación “todas las publicaciones pornográficas, malsanas y separatistas, que tanto daño han producido y que lo continuarían produciendo si se tolerara su divulgación”, y por otro recuperaba “para España” las innumerables obras técnicas y profesionales necesarias en la reconstrucción de las Bibliotecas del Estado. Además señalaba la importante cuestión económica de recuperar papel y cartonaje, valorado en millones de pesetas, para convertirlo en papel para pasta. A pesar de la importancia de la ciudad condal en la industria del libro, el delegado del Servicio de Recuperación advertía que durante “la dominación roja” la actividad editorial se había reducido “casi exclusivamente bien sea a las publicaciones de índole anarquista, marxista, etc., de propaganda de guerra, bien a las de tono galante, pseudo-científicas en relación con el instinto sexual o francamente pornográficas”. A continuación se indicaba que la mayoría de los editores catalanes perdieron el control de sus negocios, tras el 18 de julio de 1936, o en el mejor de los casos consiguieron formar parte de los Comités de Intervención con influencia y con voto más o menos restringido, según los casos. Algunos de ellos incluso, como Joaquín Sopena o Gustavo Gili, sufrieron prisión. El editor Manuel Marín consiguió huir y se instaló en San Sebastián y un hijo estuvo en el frente en “las filas nacionales”. También se marcharon los propietarios de la empresa Labor, de origen alemán. Según este informe la mayoría de los editores serios, es decir, de cierto prestigio y solvencia moral, que pudieron mantener el control de sus casas fue por la fidelidad de su personal, y se mantuvieron expectantes empleando el papel que disponían en reimpresiones.
Pero, entre los que prestaron ayuda directa a la “causa roja” distinguía claramente entre los editores cuyo nombre y maquinaria fueron usurpados y utilizados en contra de su voluntad, y aquellos otros que conscientemente, por ideología o por negocio, habían servido la causa de “los enemigos de España”. En el primer caso se encontraban la Sociedad General de Publicaciones, “incautada por el “Partido Comunista”, aunque en realidad se refería al Partido Socialista Unificado de Catalunya, y convertida en “centro productor del veneno rojo“, Sopena, ocupada por la Secretaría de Propaganda, así como Seix Barral y Labor. Por el contrario arremetió contra Publicaciones Mundial porque ya antes de la guerra editaba “mucho libro rojo”; contra Federico Urales, editor de libros y publicaciones anarquistas como “La Revista Blanca” y “La Novela Ideal” utilizando los Talleres Costa; o contra Tomás Herreros, el editor huido de la firma “Tierra y Libertad”, especializada igualmente en textos anarquistas. Otros profesionales y firmas denostados fueron Bartolomé Bauza por publicar obras de masonería, espiritismo y “literatura roja”, Ediciones Proa por dedicarse a publicaciones catalanistas o la Librería Catalonia por distribuir libros del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya.
Especial
atención requiere el editor Rafael Giménez Siles, el editor de Cenit e impulsor
de las ferias del libro de Madrid. Según el Delegado también se encontraba
huido y “con sus alardes extremistas (llegaba a amenazar con el “Paseo” a los
editores a quien suponía tibieza republicana) se hizo virtualmente el árbitro del
asunto editorial y librero de la España roja, apoyado por Wenceslao Roces,
Subsecretario de Instrucción Pública, y por una red de amistades
”frente-populistas””. Estas imputaciones estaban relacionadas con su labor
durante la guerra al frente de la Distribuidora de
Publicaciones, que agrupaba a más de veinte editoriales y estaba vinculada al
Partido Comunista[28]. Además esta
Distribuidora contaba con dos sellos satélites:
Además merece la pena destacar la opinión que le merecía al Delegado la labor de la casa Maucci ya que con anterioridad “se había distinguido en la publicación de literatura perniciosa de distintos órdenes”, pero “fue durante la guerra feudo de un “Comité” de su antiguo personal, que además de inundar el mercado con lo peor de todo lo que ya tenía, había llevado al extremo una labor anti-nacional e indigna”. No ahorra calificativos despectivos al respecto. Tampoco tiene desperdicio lo que afirmaba sobre los productores de literatura erótica: “De los elementos más soeces y bajos, a tono con ese triste período, cabe citar por cuanto a lo inmoral y pornográfico”, a J. Sanxo Ferreróns, al distribuidor Pedraza, a la Sociedad Naturista Pentalfa, a la Sociedad General Española de Librería, y a la Librería Catalonia, entre otras, de inundar la ciudad con todas estas publicaciones, incluidas los restos de ediciones de otras firmas y de tener varios depósitos repartidos por Barcelona, muchos de ellos clandestinos, con ese “género de inmundicias”. También apuntaba a otros muchos pequeños vendedores de los barrios más extremos, especialmente en las inmediaciones del Paralelo, que se han dedicado a la venta de este tipo de libros.
Asimismo para
“completar el cuadro de los enemigos de la Patria” en un aspecto crucial como
la difusión de la cultura impresa destaca la valoración que hacía de la
Sociedad General Española de Librería (SGEL), filial de la “gran empresa judía
Hachette”. Esta empresa se había constituido en un “organismo auxiliar del
Estado rojo” por la adquisición de libros y periódicos de la “España Nacional”
a través de su agencia de Irún y la distribución a todos los “Ministerios,
periódicos y organismos rojos”, así como por “tomar partido de manera franca y
decidida al financiar y distribuir ediciones en las que se insultaba vilmente a
S. E. el Generalísimo y al Ejército Nacional”. Además de tener numerosas
publicaciones marxistas y pornográficas en el almacén de su sede en la calle
Barberá, alerta de la existencia de este tipo de títulos en su librería, la
Librairie Française de la Rambla del Centro, aparte de las que hayan escondido
en otros lugares. Cabe recordar que la Sociedad
General Española de Librería, Diarios, Revistas y Publicaciones, S. A. (SGEL) se estableció en 1914 como filial de
la casa francesa Agence Générale de Librairie et de Publications, empresa
distribuidora de la editorial Hachette. Esta empresa organizó una amplia red de
distribución y venta de prensa y libros nacionales y extranjeros por todo el
país. En este sentido consiguió la concesión de las librerías de las estaciones
de ferrocarriles, que en muchos casos llegaron a ser los mejores
establecimientos de muchas poblaciones, cuando no los únicos, por la cantidad y
diversidad de las obras. En 1931 obtuvo el monopolio para estas librerías a
través de la firma Librerías de Ferrocarriles, S. A. La Sociedad
de Librería, que tenía casas correspondientes en Buenos Aires, Londres, París,
Roma, México o Nueva York entre otras, en 1923 contaba ya con 185 bibliotecas
de ferrocarriles, aparte de librerías y quioscos en Irún, Barcelona, Madrid,
Granada, Burgos, Zafra, Sanlucar de Barrameda, y Astorga. Asimismo disponía de
quioscos y corresponsales en diecisiete localidades del país como Alcázar de
San Juan, Puertollano, Medina del Campo o Gandía. Se instaló primero en Barcelona con la
compra en 1913 de la Librairie Française, que desde 1845 había pertenecido a la
familia Piaget. En 1933 esta librería contaba con trece metros de fachada,
entre quince y veinte metros de profundidad y con un número imponente de
estantes de los que 180 estaban llenos de libros ingleses. Asimismo SGEL se
hizo con la distribución de todos los quioscos menos uno de la ciudad de
Barcelona, y estableció una gran librería en
Por último el Delegado señaló que todos los distribuidores y libreros de Barcelona tenían material que debía ser retirados. La labor de la Policía y de los Servicios de Información e Investigación del Nuevo Estado debía centrarse en la “desaparición del veneno escrito” o al menos conseguir que dejase de circular. Aunque consideraba que era prácticamente imposible la recogida de todas las publicaciones subversivas e inmorales debido a la extensión de la ciudad y porque los editores y libreros de publicaciones reprobables de esta ciudad tenían una dilatada experiencia en burlar las órdenes y pesquisas de las autoridades. En la mayoría de los casos se indicaba el domicilio de los almacenes y de las distribuidoras de cada editorial, aparte de su sede social pero, en el informe insistía de manera recurrente, casi obsesiva, en la existencia de depósitos clandestinos por toda la ciudad.
En otro Informe más amplio de la Delegación de Recuperación de Documentos de Barcelona del 21 de marzo de 1939, enviado al Jefe del Servicio Nacional de Propaganda de la capital catalana, se señalaba que era de “vital interés para nuestra Causa la eliminación total de cuantos libros, folletos y periódicos circularon por el enemigo en apología y defensa de sus ideales o de crítica y censura para los que inspiran el Glorioso Movimiento Nacional”[30]. Asimismo subrayaba la importancia de coordinar los esfuerzos de ambos organismos, el de Recuperación y el de Propaganda, en la centralización de las “publicaciones rojas o disolventes” de los dos archivos. En relación con la recogida y creación de depósitos de papel para pasta por parte del Servicio Nacional de Beneficencia, se advertía, siguiendo las instrucciones del Ministerio de la Gobernación, que tenían que retirarse un mínimo de 10 ejemplares de cada una de las publicaciones de toda índole con destino a las bibliotecas de esta Delegación para consulta de las autoridades y para la Oficina de Lucha Anticomunista. Se insistía en que la Sociedad General Española de Librería no era y no había sido nunca española porque era una filial de la firma judía Hachette, a pesar de la denominación del nombre comercial, ya que todas sus acciones y alto personal eran franceses. Por este motivo, siguiendo la tendencia política de la casa matriz en París, había servido a las autoridades republicanas y no por cuestiones comerciales. Pero lo más destacado de este informe son los datos de las requisas de editoriales, librerías, imprentas y talleres de encuadernación de Barcelona, sobre todo los títulos de las obras perniciosas, las tiradas y las existencias de las mismas en las respectivas instalaciones. Así en la Imprenta Clarasó se imprimieron los 10.000 ejemplares de Patria Socialista de la editorial Europa-América. Un mes antes de la “liberación” de la ciudad se tiraron los 5.000 volúmenes del libro, Cartas a una mujer sobre la anarquía de Luigi Fabbri, encargado por Tierra y Libertad. De sus prensas también salieron los 3.000 ejemplares del título, Lenin-Stalin 1917: escritos y discursos seleccionados. En los almacenes quedaron sin entregar los 3.000 ejemplares del folleto, Barcelona, capital de España. Cuando entraron las tropas “nacionales” en los Talleres Costa encontraron 200 volúmenes de Pan y vino y numerosos ejemplares de Cartas a una mujer sobre la anarquía, pendientes de encuadernar. Estos impresores trabajaron para la editorial Tierra y Libertad y realizaron algunas tiradas de la Revista Blanca.
En el
establecimiento de encuadernación de Gonzalo Maso Golferiches se encontraron
los siguientes libros: 2.500 ejemplares de Proceso
histórico de la revolución española, 1.500 de El secreto de un loco de Benigno Bejarano, 6.000 de Dios no existe, 6.000 de Patria Socialista, 3.000 de Qué es el socialismo-anarquismo, así
como entre 15.000 y 20.000 carnets del Socorro Rojo Internacional. En los
Talleres de Encuadernación de Julio Pérez Sánchez tenían en su poder 2.000
ejemplares de Lenin-Stalin 1917,
5.000 de Poesía de Guerra, 2.000 de El alucinado de Munich, 2.000 de Bakunin de Polonski y traducido por
Andrés Nin, 2.500 de Manuela, 28.870
de Aspirantes a cabo y 23.619 del Libro del aspirante a cabo de Joaquín
Guisado Durán. En la sede de la Revista Blanca se encontraron infinidad de
libros imposibles de calcular pero, debido a las malas condiciones de seguridad
del local fue precintado por el Comandante Jefe del 8ª Sector. En el domicilio
de la editorial Tierra y Libertad existían
Igualmente destaca un pequeño informe sobre las editoriales de Madrid, realizado por un profesional del gremio sin identificar, gracias a sus conocimientos del ramo[31]. Este editor señalaba que el propietario de la firma Reus, Julián Martínez Reus había sido asesinado, y que Javier Morata, conocido como el “editor de la República” por la publicación de títulos antimonárquicos se hallaba refugiado en una Embajada sudamericana y era “fundamentalmente anti-rojo”. Además subrayaba que Ediciones Fax había sido “saqueada y deshecha por los rojos” por publicar la revista Razón y Fe así como otros libros católicos Por otro lado, consideraba que Cenit era una empresa especializada en “literatura revolucionaria de altos vuelos, siendo los editores españoles de Trotzky [sic.]” al igual que la casa Zeus o España[32], que todo lo que publicaba era de “matiz revolucionario”. En este mismo sentido advertía que la Sociedad General Española de Librería, filial de la “firma judío-francesa Hachette” controlaba toda la venta callejera de Madrid y Barcelona, así como las librerías de ferrocarriles. Sobre la firma Cruz y Raya destacaba “su labor subversiva” y que su director José Bergamín “ha actuado y actúa intensamente en París a favor de los rojos”. Además este informe incluía un directorio con todas las editoriales e imprentas establecidas en la capital y su domicilio social. Al lado de muchas firmas existen calificativos manuscritos a lápiz. Así denominaba “socialistas” a Ediciones Leviatán y a la Editorial Javier Morata, “judía” a Publicaciones Índice, “callejera y mala” a la Editorial Castro, “malas” a la Editorial Cenit, Zeus y a la Librería Felipe del Toro, sucursal de la editorial Maucci, y “comunista-pornográfica” a Ediciones Bergúa. Por el contrario distinguía como “serias” a la Editorial Rivadeneyra, Editorial Revista de Derecho Privado, Editores Hijos de Reus, Espasa-Calpe, Librería de Victoriano Suárez y a la Librería Española y Extranjera Francisco Beltrán. Asimismo señalaba que la Librería Enrique Prieto y la Editorial Fénix editaban “de todo”, al igual que la Editorial Aguilar publicaba textos “toda ideología”. Este editor advertía que para futuros informes contaría con la colaboración de antiguos empleados, así como con la de Fabián García, gerente de la Librería Fernando Fe, situada en la puerta del Sol. Este librero conocía perfectamente este sector ya que llevaba más de 20 años en el cargo y no había abandonado ni un sólo día la ciudad “bajo el dominio rojo”, aparte de tener una “honorabilidad intachable y marcadísima significación anti-roja”. Recordemos que la delación y la denuncia fueron muy habituales en la España de Franco, resultó un mecanismo muy eficaz para ajustar cuentas con los disidentes, al mismo tiempo que los colaboradores mejoraron su posición en el régimen, o bien expiaron sus culpas por ser familiares de enemigos políticos.
En Madrid las tropas franquistas entraron el 28 de marzo pero, las librerías no pudieron abrir hasta el 8 abril, después de que los censores militares inspeccionaron todos sus fondos. Todas las obras publicadas después del 18 de julio necesitaban autorización de la Sección de Censura del Servicio Nacional de Propaganda del Ministerio de Gobernación para poder circular. El periódico Ya se hizo eco de este proceso de depuración de las librerías porque era necesario eliminar títulos que atacaban a “la familia por medio de la difusión del neomaltusianismo y el escarnio de todas las jerarquías”, “contra la sociedad” y “contra la autoridad” por parte de “escritores a sueldo de la red masónica, [la cursiva es mía]”[33]. Además días antes del desfile de la Victoria, que tuvo lugar el 19 de mayo, desde el mismo periódico se hizo un llamamiento a los particulares que advirtieran la presencia de libros o folletos pornográficos, subversivos o “contrarios a los ideales del Estado nuevo, atentatorios a las instituciones fundamentales del régimen o a las tradiciones españolas” para que lo comunicaran a la Oficina de la Sección de Censura[34]. Con esta invitación a la denuncia de títulos reconocían la posibilidad de encontrar todavía en los escaparates publicaciones prohibidas debido a las complejidades del comercio de librería y a que la revisión de fondos no había finalizado todavía por completo en sus fondos, ni en los de las bibliotecas públicas y privadas.
En Valencia uno de los primeros objetivos de los militares franquistas fue la sede de Tipografía Moderna para seleccionar los libros que se enviaban a la guillotina. Recordemos que este establecimiento, que pasó a llamarse Gráficas Soler y sería el origen de la editorial Castalia, durante la guerra se había encargado de imprimir folletos y publicaciones gubernamentales, aparte de las míticas revistas Nueva Cultura, Madrid: Cuadernos de la Casa de la Cultura, y Hora de España[35]. En abril de 1939, acababa de imprimirse El hombre que acecha de Miguel Hernández, y aún sin encuadernar, una comisión depuradora franquista presidida por el filólogo, Joaquín de Entrambasaguas, ordenó la destrucción de los 50000 ejemplares tirados, aunque dos ejemplares salvados permitieron reeditar el libro en 1981. La editora Amparo Soler recuerda que la guerra terminó “como había empezado, guillotinando libros: en julio de 1936 el libro del insigne valenciano don Leopoldo Trénor y en 1939 un tomo de Canciones de lucha, recopiladas por Carlos Palacios”[36].
El 7 de septiembre de 1939 la Cámara Oficial del Libro de Barcelona envió una circular a sus asociados aconsejando sobre la depuración de las librerías. Los libros prohibidos se dividían en dos grandes grupos. Los prohibidos de modo definitivo y permanente, y los que lo eran temporalmente. Al primero pertenecían las obras contrarias al Movimiento Nacional, las anticatólicas, teosóficas, ocultistas, masónicas; las que atacaban a los países amigos; las escritas por autores decididamente enemigos del nuevo Régimen; las pornográficas y pseudos-científico-pornográficas y las de divulgación de temas sexuales; las antibelicistas, antifascistas, marxistas, anarquistas, separatistas, etc.[37]. En el segundo grupo se incluían las publicaciones de tipo no político escritos por autores contrarios al Movimiento o cuya situación no estaba bien definida. Los libros del primer grupo debían destruirse, aunque en caso de duda recomendaban consultar con la Cámara. Los del segundo grupo debían retirarse del comercio en espera de la determinación de la administración. Ante la falta de una lista oficial de obras prohibidas y la incertidumbre de los profesionales la Cámara envió otra circular el 16 de noviembre del mismo año a los libreros con una lista de autores extranjeros y de títulos prohibidos que, aunque no era definitiva ni completa, respondía a las informaciones que habían llegado de forma confidencial y reservada a la corporación librera. Asimismo recomendaban retirar escrupulosamente todos los libros indicados de la venta para evitar sanciones en las futuras inspecciones, así como la entrega en paquetes debidamente identificados de los mismos a la Cámara para su custodia a la espera de que fuesen autorizados, o bien para la entrega al Departamento de Censura en caso de que tuvieran que ser destruidos. El 6 de diciembre de 1939 enviaron una nueva circular ampliando la lista anterior con autores extranjeros y añadiendo escritores españoles[38].
Con motivo de la Semana del Libro de 1939 la Cámara del Libro de Barcelona recibió una circular de la Jefatura Provincial de Propaganda de Barcelona, donde se recomendaba los libros que debían exponerse en los escaparates:
“En dichos puestos deberán dar preferencia de colocación a las publicaciones sobre temas del Glorioso Movimiento y singularmente a las de este carácter editadas por el Estado Español en sus distintas denominaciones: Delegación del Estado de Prensa y Propaganda, Delegación Nacional de Prensa y Propaganda de FET y de las JONS, Ediciones Jerarquía, Ediciones FE, Ediciones Libertad, Ediciones Arriba, Ediciones Destino y Ediciones del Servicio Nacional de Propaganda (…) y será especial cuidado de los libreros, el mantener en sus escaparates estrictamente obras de tipo político, militar, social, etc. Referentes a nuestra Cruzada”[39].
Asimismo en otra circular la Jefatura Provincial de Propaganda advertía a los libreros del necesario cumplimiento de las normativas sobre el control, selección y colocación de los libros en sus establecimientos porque de lo contrario se les impondrían sanciones de hasta 500 pesetas. La Fiesta del Libro en 1940 y en 1941 se celebraba en cada capital de provincia con una “misa en sufragio” por Cervantes y por los “gloriosos escritores nacionales caídos en la Cruzada”. También se organizaba una postulación de libros y de dinero en metálico “a beneficio de lectores para Hospitales, Cuarteles, Redención de Penas y Organizaciones Juveniles” organizados por Falange y las respectivas bibliotecas públicas[40]. En un artículo en el periódico ABC con motivo del aniversario de Cervantes de 1940, el escritor Felipe Sassone aludía al expurgo del mercado de libros porque se trataban de libros satánicos que merecían quemarse. Recordemos que la Fiesta del Libro se estableció oficialmente por Real Decreto de 1926 el 7 de octubre, fecha del nacimiento de Miguel de Cervantes, pero en 1930 se trasladó al 23 de abril, fecha de la muerte del escritor del Quijote, para alejarla de las compras de textos escolares de septiembre y colocarla en primavera con un tiempo más favorable.
Destrucciones y expurgos de bibliotecas
El 16 de septiembre de 1937 se promulgó otra normativa sobre la formación de comisiones depuradoras de las bibliotecas públicas y centros de lectura en cada distrito universitario. Para ello, en primer lugar, se les exigía a los gobernadores civiles en el plazo de quince días una relación con todas las bibliotecas públicas, populares, escolares, así como las salas de lectura de casinos, sociedades recreativas, academias y de todo tipo de centros en cada provincia. En todos los distritos universitarios debían formarse comisiones depuradoras, presididas por el rector o un delegado suyo, y formada por un catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras, un representante de la autoridad eclesiástica de la capital, un funcionario del Cuerpo de Facultativos de Archiveros y Bibliotecarios, un representante de la autoridad militar, otro de la Delegación de Cultura de FET de la JONS, y otro de la Asociación Católica de Padres de Familia. Las comisiones debían retirar aquellos “libros, revistas, publicaciones, grabados e impresos que contengan en su texto láminas o estampados con exposición de ideas disolventes, conceptos inmorales, propaganda de doctrinas marxistas y todo cuanto signifique falta de respeto a la dignidad de nuestro glorioso Ejército, atentados a la unidad de la Patria, menosprecio de la Religión Católica y de cuanto se oponga al significado y fines de nuestra Cruzada Nacional”. Además de estas indicaciones se siguieron las recomendaciones de libros como el del padre Ladrón de Guevara, Novelistas malos y buenos, publicado en 1910 por el Mensajero del Corazón de Jesús.
Estas comisiones, una vez analizados los fondos, debían enviar a la Comisión de Cultura y Enseñanza las listas con los títulos de las publicaciones que considerasen un peligro para los lectores. En la Comisión de El Ferrol participó el escritor Gonzalo Torrente Ballester. Después la Comisión de Cultura examinarían los listados haciendo la siguiente clasificación: por un lado las obras pornográficas de carácter vulgar sin ningún mérito literario. Por otro las publicaciones destinadas a propaganda revolucionaria o a la difusión de ideas subversivas sin contenido ideológico de valor esencial. Y por último aquellos libros y folletos con mérito literario o científico, que por su contenido ideológico pudieran ser nocivos para los lectores “ingenuos o no suficientemente preparados para la lectura”. Los dos primeros grupos serían destruidos, mientras que el último permanecería guardado en los respectivos establecimientos en espacios restringidos[41]. Estas obras sólo podrían ser consultadas con un permiso especial. La sala con libros prohibidos empezaron a proliferar a partir de entonces, los famosos “infiernos”. El infierno de la Biblioteca Pública de Oviedo no fue abierto al público hasta 1975. Se establecía un plazo improrrogable de dos meses para realizar este expurgo, pero la imposibilidad de cumplirlo hizo que una Orden de 8 de junio de 1938 ampliara el plazo de actuación de las comisiones treinta días más. La Comisión Depuradora de San Sebastián en su informe sobre el expurgo de libros señalaba que las producciones de Pío Baroja “constituyen uno de los más mortíferos venenos intelectuales”, de Pérez Galdós afirmaba que “con su espíritu liberal y con su mal reprimido odio a la Iglesia, mayores estragos ha causado en la sociedad española del pasado siglo y todavía sigue causando”, y del valenciano Blasco Ibáñez decía “que con facultades extraordinarias de escribir ha realizado una labor demoledora e inmoral con todas las producciones”[42].
A las pocas semanas del final de la guerra en Barcelona, el Ateneu Enciclopèdic Popular fue arrasado junto con los 6.000 volúmenes de su biblioteca. En la ciudad condal se destruyeron 72 toneladas de libros procedentes de editoriales, librerías, y de bibliotecas públicas y privadas. La biblioteca de Pompeu Fabra fue quemada en medio de la calle en Badalona. En Galicia fueron incautadas las bibliotecas de Castelao, Fernández-Ossorio Tafall y de Casares Quiroga. En Navarra la quema de libros también fue un ritual frecuente tras el asalto a domicilios privados y a centros públicos. Al abogado Enrique Astiz Aranguren de Izquierda Republicana antes de asesinarle le quemaron toda la colección de la “peligrosa” Enciclopedia Espasa[43]. Había que acabar con “todos los libros, periódicos y folletos antipatrióticos, sectarios, inmorales, heréticos y pornográficos que han determinado un estado de corrupción y miseria en la conciencia moral de las masas”, según constaba en la circular del 7 de noviembre de 1936 del Gobierno Civil de Pamplona[44]. Más conocido es el pillaje sobre la biblioteca de Juan Ramón Jiménez en su casa madrileña de la calle Padilla por tres escritores falangistas, Félix Ros, Carlos Sentís y Carlos Martínez-Barbeito.
En otros casos eran los propios propietarios los que se encargaron de quemar los libros para evitar represalias mayores, después de conocer lo que ocurría en los territorios conquistados por los militares. Así el periodista Haro Teglen recordaba que la biblioteca de su padre desapareció en el fogón de su cocina ante la mirada implacable de su madre. No en vano su padre, Eduardo Haro Delage, marino retirado y periodista, fue condenado a muerte después de la guerra, pero fue conmutada por 30 años de cárcel:
“Aquella biblioteca mía, aquella biblioteca de mi padre acabó como tantas otras, cuando llegaron los bárbaros y hubo que quemar libros antes de que quemasen también al lector. En mi casa había aquello que se llamaba “cocina económica”, un gran fogón de hierro colado con varias bocas y un termosifón: cupieron grandes cantidades de libros malditos. Creo que algo lloré, y traté de salvar algunos de la mirada inflexible de mi madre, que tenía miedo. Si, alguno quedó. Pero en los sucesivos registros de mi casa, nadie se fijó en los libros. Buscaban no sé qué otras cosas”[45].
Las incautaciones y depuraciones de bibliotecas de ateneros, centros y sociedades obreras acabó con el pujante movimiento bibliotecario popular de carácter particular en el país, que surgió a fines del siglo XIX ante la deficiente iniciativa estatal[46]. En este sentido el falangista y catedrático de Historia, Carmelo Viñas y Mey, fue el responsable de purificar de izquierdismo y marxismo la biblioteca del Ateneo de Madrid, intervenido por Falange después de la guerra civil. “Libre del virus izquierdista y rojo” se volvieron a abrir los fondos bibliográficos de este centro[47].
El protocolo seguido en todas las bibliotecas, según hemos visto, era muy similar. Primero se procedía a la incautación de los fondos, después venía el expurgo de los títulos, seguían las hogueras con las obras más peligrosas, y por último se creaban las secciones especiales con los libros menos peligrosos pero, prohibidos a los lectores. Aunque en los primeros meses en muchas bibliotecas, editoriales y librerías los libros incautados eran automáticamente destruidos sin previa selección, como ya hemos visto anteriormente. Una vez concluido el proceso de purga y destrucción con las publicaciones existentes se trataba de restringir la futura oferta con el establecimiento de la censura previa en la producción bibliográfica nacional y en la importación de títulos extranjeros. Las primeras medidas del bando sublevado marcaron la política oficial del libro del franquismo.
Libros perniciosos, disolventes, social-revolucionarios, antipatrióticos, inmorales, satánicos, pornográficos…etc. Los calificativos despectivos serían innumerables ya que se trataba de demonizar al enemigo y sus publicaciones para justificar su persecución y eliminación. Asimismo las autoridades militares denominaban publicaciones marxistas o masónicas pero, esa etiqueta agrupaba a demasiadas obras que no tenían nada que ver con las tesis marxistas ni con la masonería, ni siquiera con la política. El escritor José Mª Salaverría justificaba en un artículo en el periódico ABC en 1939 la destrucción de tantos libros porque a un cambio de régimen le correspondía un cambio de ideas y de modos espirituales y porque había que acabar con “la literatura rusa, judaico vienesa, judaico alemana y judaico americana” que provocaron la revolución republicana-socialista en el país[48].
En la nueva España era obligatorio eliminar los malos libros que habían envenenado las mentes y las almas de los españoles. En aquellos tiempos todo lo que no fuera adhesión y defensa del Movimiento Nacional era considerado subversivo. Esta situación explica que no sólo se acabara con libros contemporáneos de doctrina política, sino con obras de literatura de siglos pasados que nada tenían que ver con el comunismo internacional, una de las obsesiones del régimen. Además de la depuración política e ideológica se impuso la moral restrictiva y pacata de la Iglesia[49]. Muchos de los libros destruidos se convirtieron en pasta de papel, debido a la escasez de esta materia prima durante la guerra y sobre todo, durante la posguerra.
Con todas estas medidas se trataba de destruir la política bibliotecaria republicana junto con las otras reformas sociales y culturales emprendidas por el régimen democrático[50]. La República supuso un punto de inflexión en la política bibliotecaria y en la consideración de la lectura. Junto con la democratización de la sociedad se democratizó la cultura y la lectura debido a la mayor difusión de lo impreso. El proyecto educativo y cultural formó parte del programa modernizador republicano junto con la reforma laboral y agraria en un intento de modificar las estructuras socioeconómicas del país. De este modo los valores culturales se identificaron con la nueva democracia, que trató de republicanizar la sociedad y de difundir el libro y la lectura. La extensión de la educación y la democratización de la cultura eran a la vez un deber del régimen y un derecho de los ciudadanos. La República fue un proyecto cultural con señas de identidad propias que incorporó la cultura en claves sociales y de derechos políticos. Se generalizó el objetivo colectivo de la conquista de la cultura y del saber para todos y por todos y no como un privilegio para unos pocos. El Estado educador y de cultura se ocupó de la promoción de la lectura con la creación y expansión de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional a través del Patronato de Misiones Pedagógicas y de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros. Las bibliotecas del Patronato formaron parte de la acción de extensión cultural desarrollada por Misiones en el campo. La Junta de Intercambio era un organismo específico en materia bibliotecaria, encargado de modernizar el patrimonio bibliográfico nacional así como de la dotación y expansión de las bibliotecas del Estado. Tanto las bibliotecas escolares y rurales de Misiones como los establecimientos municipales de la Junta contribuyeron a la difusión del libro en la sociedad española. Pero el régimen no trataba únicamente de mejorar las instalaciones y los fondos de las bibliotecas, sino de fomentar la lectura pública. De hecho el aporte más innovador de la política republicana fue la generalización de la biblioteca pública abierta a todos los ciudadanos como obra de justicia e igualdad social.
Precisamente los militares golpistas consideraban que la política educativa y cultural republicana era la responsable de la guerra civil porque había inculcado ideas perniciosas a la población. Para erradicarlas de la sociedad había que purgar los fondos de las bibliotecas, editoriales y librerías, en primer lugar, y luego prohibir la publicación, distribución y lectura de esos títulos. De hecho, debemos recordar que la instalación de las bibliotecas públicas en los pueblos de España no fueron bien acogidas por las alcaldías de derechas porque distraían a los campesinos de sus tareas agrícolas para las que no necesitaban formarse y además los libros les inculcaban ideas subversivas sobre derechos y libertades[51]. Se opusieron a la instalación de bibliotecas como a otras reformas sociales y laborales. Muchos propietarios y políticos conservadores declararon públicamente que era mucho mejor que el pueblo no leyese, ni se instruyera. La concepción de la biblioteca era totalmente diferente entre ambos sistemas políticos. El régimen republicano apostó por una biblioteca pública, laica y gratuita. Se convirtió en un servicio público más propio de un sistema democrático. Era obligación de la democracia republicana garantizar el acceso a la cultura y a la educación continua de sus ciudadanos, atendiendo al artículo 48 de la Constitución de 1931. Mientras que la dictadura militar consideraba a la mayoría de los lectores menores de edad a los que había que tutelar y controlar sus lecturas tanto en los centros públicos como en la esfera privada con las depuraciones de libros y el establecimiento de la censura. Las autoridades franquistas y la Iglesia velaron por la integridad moral e ideológica de la sociedad seleccionando la oferta de publicaciones en el país. Se eliminaron los títulos inmorales o de dudosa inmoralidad, disolventes o revolucionarios. Era evidente el carácter paternalista de los máximos responsables en materia bibliotecaria ya que consideraban que el contenido de muchas obras podía ser muy perjudicial para gentes poco preparadas y cualificadas. En definitiva, en el país estaba prohibida la libertad de pensamiento y de expresión.
La mayoría de los títulos del mercado y de los
fondos de las distintas bibliotecas públicas fueron purgados durante y después
de la guerra civil. Muchas
bibliotecas municipales fueron destruidas parcial o totalmente durante la
contienda, pero otras continuaron su actividad posteriormente, previa
depuración de los fondos y cambios de los miembros de cada junta bibliotecaria[52]. En
este sentido algunas bibliotecas que no sufrieron daños materiales acabaron
abandonadas por la falta de público, que dejó de acudir a un centro de creación
republicana, pero adulterado por los vencedores. Además algunos miembros de las
antiguas juntas rectoras habían muerto en la contienda, o bien habían sido
sustituidos por los nuevos alcaldes fieles al régimen, por los cargos de
Falange, y por las demás fuerzas vivas de los pueblos, sin participación de
elementos obreros ni organizaciones sindicales, prohibidas por el nuevo Estado.
De hecho en la documentación aparecen noticias contradictorias sobre el estado
de los establecimientos. Algunas bibliotecas, que figuraban en buen estado en
las listas elaboradas al poco tiempo de acabar la contienda, en informes
posteriores aparecen como destruidas por la guerra, probablemente para
justificar su cierre o abandono. El ataque a las bibliotecas públicas
municipales provocó la desaparición de muchas bibliotecas o la apropiación por
grupos particulares como la de Bienservida (Albacete), que tuvo una intensa
actividad durante