UN CASO PARADIGMÁTICO DE REPRESIÓN CULTURAL: DEPURACIÓN DE BIBLIOTECAS ESCOLARES EN LA PROVINCIA DE PALENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LOS FONDOS DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES
(1ª parte: José Andrés de Blas).

         Presentación

1.1.         ¿Un punto de partida?: la Orden de 4 de septiembre de 1936.

1.2.         Un punto de partida: la Orden de 4 de septiembre de 1936 y sus repercusiones en la zona nacional durante el segundo semestre de 1936.

1.3.         La orden de septiembre de 1937 y la puesta en marcha de un proceso depurador (casi) definitivo de las bibliotecas escolares.

1.4.         La actuación del Ministerio de Educación Nacional.

1.5.         La Comisión Depuradora del Distrito Universitario de Valladolid y la depuración de bibliotecas escolares en la provincia de Palencia.

1.5.1 Primeras medidas en relación con el golpe de estado.

1.5.2    La orden de septiembre de 1936.

1.5.3     La intervención del Rectorado de la Universidad de Valladolid: la circular de 21 de octubre de 1936.

1.5.4     1938 y la intervención del Ministerio de Educación.

LAS BIBLIOTECAS DEL PATRONATO DE MISIONES PEDAGÓGICAS EN LA PROVINCIA DE PALENCIA: DOTACIÓN Y DEPURACIÓN DE SUS FONDOS
(2ª parte: Carmen Diego Pérez).

2.1. Los estudios sobre la labor bibliotecaria del Patronato de Misiones Pedagógicas.

2.2. Selección de fondos, funcionamiento y supervisión de bibliotecas.

2.3. Características de los fondos.

2.4. Las Bibliotecas del Patronato de Misiones Pedagógicas en la provincia de Palencia.

2.5. Composición y depuración de los lotes enviados por el Patronato a la provincia de Palencia.

2.5.1. Dificultades para conocer el contenido de los lotes enviados y depurados.

2.5.2. Algunas consideraciones sobre los libros depurados.

2.5.3. Estado final de los fondos de las bibliotecas.

ANEXOS

1.      Disposiciones sobre depuración de fondos de las bibliotecas escolares: segundo semestre de 1936.

2.      Respuesta de los maestros dirigida a la Inspección Provincial de Primera Enseñanza de Palencia, durante el año 1938.

3.      Relación de libros de las bibliotecas escolares de la provincia de Palencia que se señalan como prohibidos en la circular de 15 de marzo de 1939, del Rectorado de Valladolid.

4.      Lista de obras que componen la Biblioteca "Tipo Z". Versión Corregida 28-2-2013

5.      Reconstrucción del inventario de los volúmenes de la Biblioteca escolar donada por el Patronato de Misiones Pedagógicas a la escuela de Membrillar (Palencia).

6.      Reconstrucción del inventario de los volúmenes de la Biblioteca escolar donada por el Patronato de Misiones Pedagógicas a la escuela de Villalcón (Palencia).

7.      Libros retirados de las Bibliotecas y enviados a la Inspección de Palencia.

8.      Fichas bibliográficas de las obras incluidas en los lotes enviados desde el Patronato de Misiones pedagógicas a 10 pueblos de la provincia de Palencia .

9.       Oficio del Ministro de Educación al Ministro del Interior.

10.   Actas de la Comisión Provincial para el examen de libros y depuración de las Bibliotecas Escolares (Palencia).

11.  Memoria del Rectorado de Valladolid sobre depuración de bibliotecas, de  2 de Diciembre de 1937.

12.  Oficio de la Inspección de 1ª Enseñanza de Palencia a Jefe del Servicio de Archivos y Bibliotecas, de  19 enero de 1939. Primera lista.

13.   Oficio del Presidente de la Comisión depuradora de bibliotecas de la provincia de Palencia al Inspector de Archivos y Bibliotecas, con el número de los ejemplares recogidos en las bibliotecas escolares, de 5 de marzo de 1939. Segunda lista.

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No sólo por la índole del tema tratado, sino también por su exhaustividad, creemos poder decir, que el trabajo que aquí se presenta abre (o trata de abrir, al menos) una nueva vía de indagación respecto a un tema - la depuración de los fondos de las Bibliotecas Escolares - que, si bien, había sido abordado por algunos investigadores, nunca lo había sido con el grado de profundidad que nosotros creemos haber alcanzado.

Anotado este dato, que lejos de toda autocomplacencia, sólo pretende poner de relieve un hecho objetivo, no es menos cierto, que para los dos investigadores que firmamos este trabajo (Carmen Diego y José Andrés de Blas, o a la inversa, puesto que no hay orden de prelación) la conclusión final, tras la prometedora etapa previa de evaluación de la documentación reunida, y una vez redactado nuestro trabajo fue, en cierta medida, decepcionante.

  Nuestra idea inicial contemplaba la posibilidad real de ofrecer ciertos datos concluyentes respecto al proceso de depuración y, del mismo modo respecto a la identificación y cuantificación de los fondos depurados. Partimos de la hipótesis de que desde fechas muy tempranas, en relación al golpe de estado de 1936, se había iniciado un proceso de abierta hostilidad - que hundía sus raíces en los recelos despertados durante la República entre los sectores más conservadores de la población - contra las bibliotecas enviadas a la España rural por el Patronato de Misiones Pedagógicas. En consecuencia, una segunda hipótesis, derivada de la primera, y por ello no menos verosímil, era que, de un modo o de otro, más tarde o más temprano, ninguna de estas bibliotecas salió indemne una vez se puso en marcha ese proceso depurador.

Creemos que la documentación manejada no desmiente esas hipótesis, sino que más bien las confirma,(que juzgue el lector) pero al mismo tiempo es insuficiente para ofrecer la secuencia de un proceso coherente y acabado.

De este modo, en una primera parte, se trató, yendo de lo general hacia lo particular, en tanto hecho paradigmático, de reconstruir el proceso de depuración de los fondos de las bibliotecas escolares a partir de la legislación producida al respecto, de la documentación generada por las comisiones depuradoras generales, y por los propios agentes finales de la depuración, es decir de los maestros y de las comisiones provinciales. Un proceso que, como se verá, a priori, parecía signado por un modo de desarrollo lineal, pero que avanza a base de superoposiciones legislativas, de superoposiciones de organismos, de fallos y rectificaciones, aunque al final se salga al mismo sitio.

 Insuficiencias similares detectamos en cuanto a la identificación de los lotes de libros enviados y de los libros depurados. A priori, los cuestionarios que los maestros enviaron a la Inspección en 1938, en los que se inventariaban los libros donados por el Patronato y los libros que habían sido depurados, parecían ofrecer una serie de datos objetivos al respecto. Para nuestra sorpresa no fue así, y hubo que empezar - en un largo y minucioso trabajo - por identificar bibliográficamente los libros (es curioso como un libro que se tiene a la vista puede ser inventariado de varias maneras diferentes) y por buscar un paliativo en otra documentación complementaria para tratar de corregir las numerosas contradicciones de los cuestionarios.

Es en la segunda parte de este trabajo, donde se hace referencia explícita a las dificultades encontradas para poner un poco de orden en este caos. En ella también se aborda el "estado de la cuestión", uno de cuyos descubrimientos más relevantes, fue que la copiosa bibliografía sobre el tema no ofrecía ninguna investigación sobre la identificación precisa de los libros. En consecuencia, y como paso previo al estudio temático de los fondos enviados y depurados, hubo que realizar un minucioso trabajo inicial de catalogación bibliográfica. Junto a ello, en esta segunda parte, se abordan todos los aspectos relacionados con la composición y depuración de los fondos que formaron parte de las bibliotecas escolares enviadas por el Patronato.

En consecuencia, y como aspecto que se percibe en la exposición narrativa, nuestra argumentación que se pretendía analítica, derivó en un discurso sintético e interrogativo, no exento de cierto carácter tortuoso y, quizá, en ocasiones, incongruente. No cabe sino decir, en nuestro descargo, que el espejo confeccionado por nosotros para tratar de reflejar la realidad de estos hechos,"re-presenta" acaso la realidad tal y como se produjo.

No obstante, y en líneas generales creemos poder decir que lo que aquí aportado es suficiente para lo que pretendía ser este trabajo: un primer acercamiento que abriese una vía de indagación en un campo - sorprende decirlo a estas alturas - todavía enormemente desconocido. Por esta razón, se ofrece también un amplio apartado de anexos, que no se limita a la simple reproducción documental, sino que también reelabora los datos contenidos en la documentación(casi todos ellos debidos al buen hacer de Carmen Diego). Tal hecho responde a dos razones principales: porque, por un lado, quisimos  dejar constancia de la apoyatura documental de la parte expositiva de este trabajo; por otro lado, porque quisimos también ofrecer a otros potenciales investigadores una base documental que les permita llegar más lejos que lo que nosotros hemos llegado, y que al tiempo subsane los errores que podamos haber cometido.

EL PROCESO DE DEPURACIÓN DE LOS FONDOS DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES (Primera parte).

José Andrés de Blas

Una de las líneas de investigación historiográfica más productivas de la última década en lo que se refiere a la guerra civil española, ha centrado temáticamente sus trabajos en torno al término "represión". Abordados estos estudios desde coordenadas espacio-temporales diversas, con preferencia por el ámbito provincial en el primer caso, la cercanía de la mirada histórica, consustancial a ellos, ha tenido la virtualidad de poner de relieve, entre otros hechos, uno que ya comienza a parecer incontrovertible: que el terror fue uno de los basamentos fundamentales dentro de la estrategia tanto de usurpación, como de mantenimiento del poder, empleado - en grados y modos diversos - contra cualquier elemento real, potencial o imaginario de disidencia, en lo que se refiere al bando nacional.

Sin embargo, esa necesaria y ya fructífera línea de investigación, centrada fundamentalmente en torno a la represión física y otros modos punitivos de coerción social, ha soslayado, o dejado de lado, acaso por considerar el develamiento de aquéllos aspectos más urgente y por considerar otros de influencia más difusa en el devenir de una sociedad, otras manifestaciones represivas que, por así decirlo, podrían centrarse no tanto en la represión de personas y colectivos, o productor potencial, como en lo producido.

De un producto pues nos ocupamos y de un producto cultural tan específico como es un libro. Un libro contemplado, en este caso, desde la vertiente de la lectura pública, en tanto libro presente en las bibliotecas escolares creadas por el Patronato de Misiones Pedagógicas. Dentro de este marco, trataremos de reconstruir en esta primera parte y hasta dónde ello sea posible, el proceso de depuración de los fondos que sufrieron este tipo de bibliotecas.

En conformidad con el título elegido, en un primer momento se aborda dicho proceso dentro de una visión general de lo ocurrido al respecto en la denominada zona nacional para, en un segundo momento, centrarnos en el caso concreto de la provincia de Palencia. La imbricación de ambas partes: el caso de Palencia inserto dentro de ese proceso general, y a su vez ese proceso general que, presumiblemente, dio los mismos resultados - lógicamente con variantes, pero no esencialmente - en las diversas provincias consideradas, es lo que nos ha decidido a valorar lo acaecido dentro de un paradigma en tanto actuación geográficamente reiterada.

De la bibliografía que se ha ocupado de este tema, podemos decir que es amplia y diversa en lo que se refiere al período republicano,  motivada, con una alta probabilidad, por el ejemplo encomiable de una forma de difusión cultural que ganó lectores en los ámbitos más populares y económicamente más deprimidos de la entonces España rural. Bien podríamos decir que en muchos de estos lugares no sólo el libro como objeto era un bien extraño, sino también que el libro como objeto de lectura era prácticamente desconocido. Sin embargo, cabe decir que, con raras excepciones, la bibliografía existente nunca se ha adentrado en el periodo de la guerra civil que significó precisamente la quiebra de este modelo de difusión cultural1. 

Quiebra porque no sólo hay que tener presente, la depuración que sufrieron los fondos, y que desvirtuaron la concepción unitaria de las colecciones, sino también que en un ambiente en el que cambió tanto el concepto de lectura, como la consideración del lector y el papel que debía jugar, por tanto, el "animador cultural", el maestro, (depurado, como las propias bibliotecas), muchas de éstas, cuando no desaparecieron, quedaron sepultadas  bajo el "bendito" polvo del olvido. Y aquellas que continuaron abiertas, no lo hicieron sin que sus fondos fueran sometidos a un inevitable e ideológico filtrado previo. Un matiz más que cabe añadir, es que la simple merma cuantitativa de las colecciones supuso añadir escasez a la escasez.       

Una suerte común, que establece un valor de paradigma, como se dijo, aunque nosotros nos centremos en el caso concreto de  la provincia de Palencia, y ello, por la única razón de que la documentación sobre la misma es la más completa que hemos encontrado hasta la fecha. Un valor de paradigma que es seguro respecto a las provincias en las que la depuración fue centralizada en el Rectorado de Valladolid, y probable, al menos, respecto a otras provincias de la España donde inicialmente triunfó el golpe de estado. Labor que se iría extendiendo de modo paulatino a medida que fue siendo sometido el resto del territorio republicano.

         1.: ¿Un punto de partida? : la Orden de 4 de septiembre de 19362

Bien puede considerarse que la promulgación de dicha Orden, supuso la puesta en marcha de un procedimiento depurador de las bibliotecas escolares que incumbía a todo el territorio de la entonces denominada España nacional3.

Pero tomar como punto de partida esta normativa, aunque fuera cómodo en el plano expositivo, faltaría también a lo que estimamos la verdad de los hechos, en tanto lo que se observa, en este como en otros casos, es que el modus operandi del bando golpista, se guía en sus actuaciones por un modo de proceder que bien puede calificarse como "política de hechos consumados", lo que implica que buena parte de lo legislado - más allá de su pertinencia en cuanto a la legitimidad de la potestad legislativa - sólo sea un intento de dar cobertura legal, siempre a posteriori, a todo un cúmulo de actuaciones que ya se habían producido con anterioridad. Es decir, que el acto precedió a la norma que debería  haberlo regulado.

En el caso concreto de la Orden referida, lo antedicho se pone de manifiesto desde el momento en el que encontramos varios casos de anticipación normativa; casos que, sin duda, no agotan toda la casuística al respecto4.   

Y así, y como ya señalábamos en un trabajo previo, en las provincias de Navarra y Segovia, en el mes de agosto, se publicaron sendas disposiciones. En el primer caso y a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP, en adelante), se ordenaba la retirada de "todas las obras correspondientes a las bibliotecas remitidas por dependencias del Ministerio", de las que se haría cargo el párroco de cada localidad. Se trata, sin duda, de la adopción de una medida preventiva que nos habla del recelo despertado en  las demarcaciones provinciales respecto a los envíos de libros realizados por el Patronato. Un hecho que se reitera en el caso de la provincia de Segovia, en la que a través de la prensa diaria, se dispuso que: "se retirarán de la circulación las bibliotecas escolares enviadas por el Patronato de Misiones Pedagógicas"5.

Álvarez Oblanca, en  su trabajo sobre la depuración de la enseñanza en la provincia de León, refiere que "uno de los pasos más tempranos que se tomaron fue la recogida de las Bibliotecas escolares que había enviado el Patronato de Misiones Pedagógicas". Con toda probabilidad la referencia sea a una circular del Gobierno Civil que, en pésima redacción, comenzaba diciendo: "Es evidente que la difusión de obras de marcadas tendencias han sido una de las causas del estado actual (sic)". Para continuar: "uno de los medios, que de manera extensísima se ha prodigado en esta provincia, es la apertura de bibliotecas escolares enviadas por el Patronato de las Misiones Pedagógicas, entre cuyos volúmenes existen infinidad de ellos de tendencias socialistas, comunistas y anarquistas". Lo primero que cabe deducir de dicho preámbulo, es que los calificativos aplicados a los libros evidencian una falta palmaria de conocimiento, por parte del legislador, de los contenidos temáticos de los lotes enviados; pero si se quería hacer de la difusión de determinadas ideas una de las causas que provocaron el golpe de estado, no cabía otra posibilidad sino la de forzar la conexión entre las "ideas" difundidas y la reacción militar que iba a poner fin a tal estado de cosas. Por ello, y de modo consecuente, se disponía que: "los maestros, en cuyas escuelas funcione una biblioteca, deben proceder inmediatamente y sin excusa alguna a la recogida de libros que se hallen en poder de los lectores, entregando la llave de la misma y una relación de los libros que en ella figuren a la autoridad local, quien procederá a precintar aquélla"6.

Del mismo modo, en el marco de una serie de medidas tomadas respecto a la enseñanza primaria, se publicó una circular de la Inspección de Primera Enseñanza (en adelante: IPE) de Salamanca, que en su artículo octavo, ofrecía un listado de libros que "los señores maestros procederán a retirar del uso de las escuelas y de las Bibliotecas escolares". El artículo finalizaba con una nota que por las características de sus autores y de la temática tratada, no deja de parecer un sarcasmo. A saber: "la decisión de retirar estos libros no obedece a criterios literarios ni políticos, sino meramente pedagógicos"7.

Un caso más de anticipación, fue el de la provincia de Burgos, en cuyo Boletín de Educación, se interpelaba a los Maestros para que "con la mayor urgencia" enviaran a la Inspección una "relación detallada de toda clase de libros (...) a fin de que puedan ser señalados aquellos que puedan seguir siendo utilizados en las Escuelas primarias de la provincia"8.

Aunque serían las cabeceras de los Distritos Universitarios quienes terminarían centralizando, en sus respectivas demarcaciones geográficas, no sólo la tarea depuradora referida a las bibliotecas escolares, sino también la que se haría cargo de la depuración general de bibliotecas, a partir de la Orden de Septiembre de 1937, como un caso más de anticipación,  pero de un Rectorado en este caso, en el BOP de Logroño, se publicó una circular del Gobernador Civil, en la que de modo indudable quedaban incumbidas las Bibliotecas Escolares, y en la que se hacía referencia a la "fuente" de la que había partido su iniciativa: " este Gobierno recogiendo animado de los mejores deseos, la iniciativa del Ilmo. Sr. Rector de la Universidad del Distrito Universitario de Zaragoza". Aunque la circular sólo apareció publicada en el Boletín de la provincia de Logroño, hemos de dar, casi por hecho, que dicha disposición incumbía a todas las provincias que a la sazón integraban dicho distrito. A saber: Zaragoza, Huesca, Soria, Logroño, Navarra y las zonas nacionalistas de Teruel y Guadalajara9. Dicha circular se refería de modo literal a las "bibliotecas populares circulantes" de los diversos municipios, para que se procediera: "al examen detenido, expurgo y recogida" de "cuantos libros, folletos y demás publicaciones existan en dichas Bibliotecas, que por su contenido consideren que no deben figurar en las mismas; abarcando estas inspecciones a las bibliotecas escolares en las que se procederá en la misma forma, retirando e inutilizando todo aquello que pueda implicar un peligro para las inteligencias infantiles"10.

En el caso específico de la provincia de Palencia, y como muestra de la prevención y el recelo que habían despertado estos envíos de libros, varias bibliotecas se clausuraron en los días próximos al golpe de estado. Es probable que muchas de ellas estuvieran cerradas por coincidir con el período vacacional, pero hay una serie de casos en los que de modo directo se relaciona su cierre con el golpe de estado. Son los casos, en un recuento mínimo, de: Alar del Rey, Ampudia, Cevico de la Torre, Paredes de Nava, Respenda de la Peña, San Llorente de la Vega, San Salvador, Torquemada y Villarramiel11.

Como se dijo, la casuística presentada sólo abarca una parte del territorio considerado, pero creemos que un examen más detenido de las fuentes documentales, traería a la luz otros casos, a nivel provincial. Del mismo modo, es bastante probable que, a nivel local, se produjeran hechos como los señalados en el párrafo anterior, de los que difícilmente quedará constancia documental. La hipótesis a mantener, en este sentido, es que lo aducido es una muestra de la prevención, cuando no de la alarma, que despertaron los envíos de Misiones a esas zonas geográficas de la España rural, contra las que se reaccionó sin esperar a la normativa oficial.

 2.: Un punto de partida: la Orden de 4 de septiembre de 1936 y sus repercusiones en la zona nacional durante el segundo semestre de 1936.

    Como señala Borque López, "la publicación de dicha orden, que en su redacción podría resultar imprecisa - libros presentes en bibliotecas ambulantes y escuelas - dirigía su dardo a un objetivo muy concreto y delimitado en la mente de los legisladores: las bibliotecas que en los años anteriores había diseminado por la España rural, el Patronato de las Misiones Pedagógicas"12. Hay que añadir que, a partir de dicha orden, todas las Bibliotecas Escolares fueron objeto de depuración. Es decir, que no sólo fueron depuradas las bibliotecas enviadas por el Patronato, sino también aquellas que, aunque escasas, existían en las escuelas con anterioridad a los envíos del Patronato. Sin embargo, cabe pensar que éstas no hubieran motivado por sí mismas la promulgación de la Orden de septiembre, y menos en una fecha tan temprana13.

La publicación de la Orden supuso, en primer lugar, el inicio a escala "nacional" de un procedimiento depurador sistemático sobre las bibliotecas escolares. Y en segundo lugar, y como efecto colateral, la "homologación" de los procedimientos preventivos y depuradores ya iniciados, al menos, en los casos comentados.

Hay que señalar que  fue determinante a la hora de adoptar dicha medida la proximidad del inicio del curso escolar14. Momento en el que el "gestor" se incorporaría a su puesto - siempre que pudiera hacerlo - y en el que, por tanto, las bibliotecas volverían a desarrollar la función para la que habían sido creadas. Desde luego es posible pensar que  ante la posibilidad de que los libros del Patronato pudieran utilizarse, se generara una suerte de situación de alarma que, como se dijo, sería preciso atajar de forma "radical", dadas las premisas que habían dado basamento ideológico al golpe de estado. Una hipótesis verosímil, si tenemos en cuenta que el "legislador" planteaba el asunto de la depuración de las bibliotecas, como un caso de "salud pública"15.

El examen sistemático, de los diversos boletines provinciales, y el más aleatorio, por las razones comentadas, de las diversas publicaciones sobre la enseñanza, permite afirmar que la Orden tuvo eco inmediato, más tarde o más temprano, de uno u otro modo, pero siempre antes de que finalizara el año 1936, en casi todos los ámbitos de la geografía nacional, es decir en la práctica totalidad de las 27 provincias que hemos considerado16.

   El primer dato a tener en cuenta, para avalar lo antedicho, es la publicación en los Boletines Provinciales de la referida Orden. La lógica dice que, en principio, todas las disposiciones de ámbito nacional deberían quedar reflejadas en dichos boletines, pero observamos que en nueve de los casos no sucedió así, lo que nos lleva a pensar que a dicha medida se le dio una especial importancia, de lo cual cabe deducir, como ya se dijo, que con la publicación de la misma, en dieciocho de las provincias consideradas, se iniciaría el consiguiente proceso depurador, o al menos la adopción de medidas preventivas. Esta idea queda ratificada por el hecho de que en doce de las provincias donde la Orden fue publicada, en la mayor parte de los casos durante el mismo mes de septiembre, y en algunos otros con mayor dilación, se adoptaron medidas que, sin duda tenían ya en su horizonte de expectativas la referida orden.

Ahora bien, si a estas 18 provincias, añadimos los casos de Burgos, Palencia y Soria, en los que no se publicó esta disposición, pero que habían tomado medidas con anterioridad, y a ello le sumamos las provincias de Baleares y Pontevedra, en las que no se habían producido ninguno de estos dos hechos, pero que durante el mes de septiembre adoptaron medias en este sentido, podemos concluir que en Septiembre de este año, en 23 provincias se habían adoptado ya medias contra las Bibliotecas de las Misiones Pedagógicas. Medidas que se "redoblan" (véase, Anexo Nº1), en bastantes de los casos, en las provincias incluidas como casos de anticipación, durante este mismo mes.

En consecuencia, durante este mes de Septiembre, empezaron a adoptarse medidas concretas, aunque en ciertos casos sin especificar la forma de proceder, en las provincias de Baleares, Lugo, Pontevedra,  Segovia, Soria, Valladolid y Zaragoza.

  De este modo, y respecto a las Islas Baleares, se ordenaba que: "las bibliotecas escolares serán objeto de una revisión debiendo desaparecer de ellas todo libro de tendencias socialistas o socializantes y los de moralidad dudosa". En otras provincias se hacía mención concreta a la Orden de Septiembre, y se adoptaban medidas en virtud de ella: en Lugo y Pontevedra, se pedía a los maestros la remisión de los catálogos de las bibliotecas a la IPE, con  diez y tres días de plazo, respectivamente, lo que habla de la urgencia con la que se deseaba implementar la medida. Diez días acordaba también para los envíos de la "lista de libros" la circular del Gobierno Civil de Valladolid. La finalidad al requerir la "lista" de los libros era, obviamente,  que un organismo superior realizara la depuración a partir del examen de los catálogos.

La provincia de Zaragoza presenta, dentro de los parámetros, que hemos mencionado, un caso peculiar, ya que hemos encontrado dos disposiciones que específicamente se hacían eco de la Orden de Septiembre: la primera corresponde al Gobierno Civil y la segunda a la IPE. Lo que tienen en común ambas normativas es que en ningún caso hacen referencia específica a la disposición ya mencionada, como caso de anticipación, del Rectorado de Zaragoza, y del mismo modo que en ambos casos las disposiciones se dictan, como si de normativa primigenia se tratase, para dar cumplimiento a dicha Orden. En el primer caso, no obstante, existe una concomitancia, tanto en la procedencia de la orden - el Gobierno Civil - como en el agente que debería llevar a cabo la depuración, los Alcaldes: "he acordado que por los Alcaldes de esta provincia de mi mando se proceda con toda urgencia a la incautación y destrucción de cuantas obras de matiz socialista o comunista se hallen en las bibliotecas ambulantes y escuelas nacionales de sus respectivos términos municipales"17. Sin embargo, la IPE de  Zaragoza, que con mayor razón debería haber actuado en función de la medida del Rectorado, dirigía su circular a los maestros de la provincia, para que con "la mayor brevedad", remitieran un catálogo "de las obras que figuran en la Biblioteca escolar". El objetivo era que la "selección de obras" pudiera hacerse con "eficiencia y escrupulosidad". El matiz diferencial es que las disposiciones del Gobernador hablan de la "destrucción" de dichas obras, encomendando tal tarea - aunque se dijera que "convenientemente asesorados - a personas (Alcaldes) alejadas del campo docente; mientras que en el segundo caso, se habla exclusivamente, y en principio, de "selección", encomendando la tarea a la Inspección, organismo sin duda más competente a la hora de realizar dichas tareas. Y ello, a pesar, de que la Orden Septiembre, hacía referencia a la "destrucción" de los libros.

Soria, encuadrada dentro del Distrito Universitario de Zaragoza, presenta en el sentido referido un caso intermedio, ya que en un comunicado de la IPE, se hablaba de que "algunos pueblos de los que poseen Bibliotecas escolares, han remitido el catálogo de las mismas". Desde luego dicha disposición ni obedece a la enviada por el Rectorado, ni a la Orden de Septiembre, ya que en ambos casos no se establecía el procedimiento de depuración a seguir. La concomitancia, sin embargo era que encomendaba a las "Autoridades locales" retirar los libros que no estaban incluidos en su lista y que había sido elaborada a partir de los catálogos que habían recibido. Todo ello, "sin perjuicio de lo que en su día, y con ocasión de visita a las escuelas, estime necesario la Inspección"18.

Finalmente, las provincias de Segovia y Valladolid, solicitaban también el envío de las listas de los libros que componían las bibliotecas: en el primer caso a partir de una circular de la IPE y en el segundo motivada por una disposición del Gobernador Civil, con plazos respectivos de ocho y cinco días. El caso de estas dos provincias, ambas encuadradas en el Distrito Universitario de Valladolid, nos sirve para poner de relieve un hecho, creemos que generalizado, en tanto el ritmo de las actuaciones fue realizado en "oleadas sucesivas", en un cribado cada vez más fino, hasta despojar a las bibliotecas de cualquier contenido considerado, a la sazón, heterodoxo. De este modo, y como hemos ido señalando hay provincias que "redoblan" los casos de anticipación, tomando luego otras medidas. A estas medidas tomadas en virtud de la Orden de Septiembre le seguirán - como en los casos de Segovia y Valladolid -  después, y a su vez, la intervención de las cabeceras universitarias durante el año 1937, unificando los criterios en sus demarcaciones respectivas. Pero el hecho no para ahí, pues en algunos casos, la orden de Septiembre de 1937, servirá para "redoblar" esta tarea, y aún, y con la asunción de las competencias educativas, en 1938, por parte del Ministerio de Educación, se tratará, en una labor fiscalizadora de las actuaciones anteriores, de culminar esta tarea.

Otro aspecto a señalar, nada infrecuente, como se ha visto, y que confirma esa "situación de alarma", es que las iniciativas de depuración partieron tanto de autoridades académicas, como militares (gobiernos civiles "militarizados).

En esta línea, y en los meses siguientes, hasta finalizar el año 1936, hemos documentado también la adopción de medidas, más o menos similares a las que venimos comentando, en otras tres provincias de la geografía peninsular:  Logroño, Zaragoza y Navarra.

Y así, en la provincia de Logroño, la IPE, publicó una circular, haciéndose eco de la orden de septiembre. Transcribimos íntegra la disposición, porque desde luego, se trata de una de las medidas más expeditiva y contundente, entre las que hemos encontrado: "Esta Inspección hubiera querido hacer personalmente la depuración de las bibliotecas escolares y circulantes y la de los libros escolares de texto, pero en la imposibilidad material de hacerlo espera que todos los señores maestros quemarán inmediatamente, en presencia de los señores Alcaldes, cuantos libros se hallen en las condiciones precitadas - en alusión al criterio manejado en la Orden de Septiembre - y cuando tengan dudas sobre ellos los retirarán del alcance de los niños y enviarán un ejemplar a esta Inspección para su estudio. Una vez hecha la depuración remitirán un catálogo de la biblioteca y otro de los libros escolares de texto"19.

Como consecuencia de la disposición de la IPE, anteriormente comentada, de la provincia de Zaragoza, y a partir de ella, es decir, de los catálogos enviados, la misma, elaboró un exhaustivo listado general que comprendía 4.248 obras y 2.415 autores distintos. El preámbulo a dicho catálogo, permite entender, ahora, que la IPE conocía la antecitada Orden del Gobierno Civil, ya que en referencia a ella, dice: "por su parte los Alcaldes y Delegados gubernativos de los pueblos (...) -  cumpliendo la referida Orden - han hecho ya en las Bibliotecas escolares una preliminar labor de eliminación."

El catálogo que, a todos luces parece excesivo en cuanto a los títulos y autores recopilados, para una sola provincia, a pesar de incluir también los libros de texto, se había confeccionado también con una finalidad de utilidad general: "sinceramente creemos que el Catálogo General que publicamos variará poco del de las restantes provincias de España y, por esta razón, no hemos omitido sacrificios económicos ni trabajo personal para poder entregarles el nuestro, seguros de que les facilitamos en gran parte la labor depuradora que necesariamente están ya haciendo para cumplir como nosotros, con el mayor entusiasmo patriótico, lo dispuesto en tan trascendental disposición"20. La cursiva con la que resaltamos una frase del texto citado, desde luego, no es baladí, ya que pensamos que la misma viene a ratificar la hipótesis - teniendo en cuenta la autoridad de la fuente -  de que si por estas fechas las depuraciones de este tipo de bibliotecas no eran ya un hecho generalizado, cuando menos, y donde este hecho todavía no se había producido, se habrían adoptado medidas preventivas para impedir el uso de los libros al lector potencial.

Asimismo, a principios de Octubre, se difundió una circular por parte del Gobierno Civil de Navarra, contra los libros "antipatrióticos, sectarios, inmorales, heréticos y pornográficos", que pretendía hacerlos desaparecer, propugnando su destrucción. Dicha medida dedicaba un apartado específico a las "Bibliotecas de las Escuelas públicas de todas las clases", para eliminar  "de ellas cuantas obras se aparten de los buenos principios de la Religión y la moral cristiana o no conduzcan a despertar y estimular en los escolares el culto a la Patria una e indivisible: haciéndose responsables de la infracción de esta orden a los respectivos Maestros e Inspectores de 1ª Enseñanza".

Podríamos añadir a esta casuística, y como colofón de este apartado, la editorial publicada en el mes de Noviembre, en la provincia de Ávila, por parte de una agrupación católica que, si bien, posee un carácter oficioso, no deja de ofrecer, por esa misma razón, un ejemplo más de la animadversión que habían despertado los envíos del Patronato. Y así, y dando por sentado que en estas bibliotecas existían lo que se califica como "libros malos", dice de ellos, que : "hay que destruirlos necesariamente. No deben quedar en los rincones de la Biblioteca". Y en relación al criterio a seguir, en ofrenda voluntaria y arrogándose competencias que estaban lejos de poseer, decía que: "nosotros agradeceríamos mucho a nuestros compañeros el envío de los catálogos de sus Bibliotecas respectivas. Aquí se les indicaría que libros deben quemarse de aquellos que estén catalogados, aparte de los que el sentido común les haya hecho quemar ya"21.

3.: La orden de septiembre de 1937 y la puesta en marcha de un proceso depurador (casi) definitivo de las bibliotecas escolares

La orden de septiembre de 193722, vendría a ser el remate o culminación del proceso depurador de los fondos existentes en las bibliotecas escolares. Aunque, como se dijo, y como se verá, no será ésta la última actuación sobre las mismas, pues el Ministerio de Educación, a partir de 1938, se encargaría de "fiscalizar" dicha actuación, al tiempo que "completaría" dicha labor, tanto en la demarcación geografía que aquí hemos considerado, como, andando el tiempo, en el resto de la España nacionalizada.

    Dicha orden, tal y como se recogía en su preámbulo, trataba de "dar realidad" a la orden de 23 de Diciembre de 193623,  mediante la cual se habían prohibido "la producción, el comercio y circulación de libros, periódicos, folletos y toda clase de impresos y grabados pornográficos y de literatura disolvente". Es, para lo que guarda relación con este trabajo, la palabra "circulación", la que hemos de tener en cuenta, pues obviamente el libro presente en una biblioteca, ni era objeto de producción, ni de comercio24. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que la orden de septiembre, excluye de su articulado los aspectos referidos a la producción y al comercio - aspectos en los que carecía de competencias la Comisión de Cultura y Enseñanza25 - para centrarse en el ámbito de la circulación de publicaciones presentes en "Bibliotecas públicas y Centros de cultura". Desde esta designación general, se pasaba después, en el art. 1º a precisar el contenido de dichos conceptos, en el que quedaban incluidas las "bibliotecas escolares"26.

    La finalidad de la orden era, por tanto, exclusivamente depuradora del tipo de publicaciones a las que aludía la orden de Diciembre, para cuyo objetivo la propia orden de Septiembre establecía un procedimiento. Y así, y en primer lugar, se encargaba a los Gobernadores civiles, de la confección de una "relación nominal" de todos los establecimientos de este tipo que existieran en sus respectivas provincias. El segundo paso - posterior, según el articulado, a la creación en cada Distrito Universitario de una Comisión depuradora - consistía en hacer llegar a dicha Comisión las relaciones elaboradas por los Gobernadores civiles, para que, a su vez, cada Comisión solicitara a dichos centros el "índice o fichero" de publicaciones, a partir del cual la Comisión dictaminaría sobre los libros que deberían ser depurados. Como procedimiento final, estos listados de libros depurables se enviarían a la Comisión de Cultura y Enseñanza, la cual se pronunciaría respecto a la aprobación de los listados y en relación al destino ulterior que debería darse a los libros depurados, y ello en base a tres criterios preestablecidos en  la misma orden27.

    Hemos visto que la Orden prescribía la creación de Comisiones depuradoras en cada Distrito Universitario, con lo cual, y a partir de la misma, se otorgaba a los Rectorados una potestad máxima en sus respectivas demarcaciones, ya que la Comisión de Cultura y Enseñanza, en contra de lo que se decía en la orden, se limitará en la práctica a aprobar los listados enviados por las diversas Comisiones. Es importante señalar este hecho, porque en lo  que se refiere a la depuración de las bibliotecas escolares, la orden de 4 de septiembre de 1936, no otorgaba ninguna potestad depuradora a los Rectorados, limitándose a decir que "los Inspectores - de Primera Enseñanza - estaban adscritos a los Rectorados".

    Pero la intervención de los Rectorados, en lo que se refiere a las Bibliotecas escolares queda constatado que se produjo con anterioridad a lo precisado en la orden comentada, al menos, en los casos de Zaragoza, Santiago y Valladolid. 

     La actuación anticipada del Rectorado de Zaragoza - que es el caso más precoz que hemos podía documentar - ya quedó comentada en el lugar oportuno. Por su parte, la intervención del Rectorado de Valladolid se produjo a partir de la distribución de una Circular en su zona de jurisdicción, de fecha 21 de octubre de 193628.

Por su parte, la intervención del Rectorado de la Universidad de Santiago - con potestad en las cuatro provincias gallegas - se inició asimismo a partir de la publicación de una Circular en el mes de Enero de 1937. Dicha Circular tomaba como punto de partida, según el propio texto, las "diferentes disposiciones" del Gobierno de Burgos, que no podían ser  más que la Orden de Septiembre de 1936 y la Diciembre del mismo año, cuya intención había sido "cortar de raíz la propaganda sectaria, antirreligiosa y comunista, y, por consiguiente, antiespañola". Siguiendo el espíritu de dichas normativas, para su adecuado desarrollo, proponía que se llevase a cabo "la más estrecha vigilancia con respecto a los libros que se pongan en manos de los niños". Significativamente, el uso gramatical del tiempo potencial, en la frase anterior, resulta ser clave, en la interpretación de la misma, ya que partiendo del presente, la medida actualizaba el pasado, refiriéndose a "las acertadas medidas acordadas oportunamente por los inspectores", al tiempo que se proyectaba, preventivamente, hacia el futuro, con el objetivo de que "en ninguna Escuela, nacional o privada, logre entrar ningún libro o impreso contaminado de gérmenes de perversión". Queda claro que la referencia a la labor anterior de los Inspectores de "todo" el Distrito Universitario, que habían solicitado a los maestros los envíos de los catálogos de las bibliotecas, obviamente para su depuración, ratifica, sin duda, la idea de que en toda la región, y en este como en otros casos, las intervenciones contra las bibliotecas escolares de las Misiones se habían realizado ya con anterioridad, o bien, como en el caso de la provincia de Lugo, que se proseguía dicha tarea29.

Creemos que, dados los precedentes mencionados, y aún en ausencia de un examen documental de las fuentes que ya mencionamos en lo que se refiere al año 1937, es verosímil mantener la hipótesis de que las actuaciones contra las bibliotecas escolares se habían ido produciendo a lo largo de la geografía considerada, con anterioridad a la promulgación de la Orden de Septiembre de 1937. Y cuando ésta se publique asistiremos a la puesta en marcha de una depuración de las bibliotecas escolares con visos de ser definitiva, y todo ello sin perjuicio de la posterior intervención fiscalizadora del Ministerio de Educación30.

De este modo, una vez publicada la Orden y tal y como esta preceptuaba, fueron constituyéndose durante el mes de octubre las diversas comisiones de depuración de bibliotecas en las respectivas cabeceras de los  diversos distritos universitarios. Pero probablemente, ante lo ingente de la labor que éstas debían desarrollar, y ante la imposibilidad de cumplir el plazo de dos meses otorgado para el desarrollo de la misma, fue promulgada una Orden complementaria que, al tiempo que prorrogaba por dos meses más el cumplimiento de las depuraciones, autorizaba a las Comisiones "el nombramiento de Auxiliares",  al tiempo que establecía una serie de prioridades respecto al orden depurador según el tipo de biblioteca. Algo que abunda a favor de nuestra hipótesis, ya que en su art. 3º, podemos leer que "deberá procederse en primer lugar a la depuración de las Bibliotecas y Centros de Cultura más frecuentados por público, o situadas en Centros Escolares"31.

Según el plan que nos hemos trazado, consideramos aquí las actuaciones, en lo que se refiere a las bibliotecas escolares, de los Rectorados de Zaragoza, Santiago de Compostela, Salamanca, Sevilla, Granada,  Tenerife y, en el lugar oportuno, el de Valladolid.

De esta forma, la comisión del Distrito Universitario de Zaragoza quedó constituida el 28 de octubre. Para proceder a dar curso a la tarea que tenía encomendada, la Comisión había enviado un comunicado a los Gobernadores Civiles de las respectivas provincias, para que "todas" las bibliotecas remitieran a la Comisión "los índices y ficheros o listas de libros". La mención explícita a los "Sres. Maestros", que quedaban así obligados al envío de los diversos catálogos, nos hace pensar que la Comisión tomó también a su cargo la depuración de los fondos de las Bibliotecas escolares, rematando así una labor que ya se había iniciado con anterioridad32.

    Aunque la provincia de Navarra estaba encuadrada dentro del Distrito Universitario de Zaragoza, había logrado que la Comisión de Cultura y Enseñanza otorgase a la Junta Superior de Educación de dicha provincia la posibilidad de actuar de modo autónomo en lo que se refiere a la depuración de bibliotecas. Uno de los méritos que la misma había alegado, para conseguir dicha autonomía, era el celo que tanto en esta materia, como en lo referido a la enseñanza, había venido desplegando desde los inicios del golpe de estado, hecho que, sin duda, no era ajeno al predominio del carlismo en la provincia. Desde luego, esta línea de actuación de depuración extrema, que convierte a Navarra en un caso peculiar, se había mantenido, ya que en el informe realizado por la Junta, y en referencia a las bibliotecas escolares, se decía que el "promedio" de lo depurado en las mismas, ascendía a un 65%33.  

    La Comisión de Santiago, en su memoria, hacía mención explícita a la labor depuradora realizada con anterioridad, ya que las bibliotecas escolares "ya fueron censuradas por los Párrocos, Inspectores de Primera Enseñanza o Delegados de la autoridad gubernativa". Adjunto a esta memoria aparece un pequeño "listado" de las bibliotecas escolares depuradas por la Comisión que, para toda la región gallega, suman un número de 11, algo que induce a pensar que las restantes ya habían sido depuradas34.

    A la misma conclusión podemos llegar respecto a la labor realizada por la Comisión Depuradora del Distrito Universitario de Salamanca, ya que al referirse en su memoria a las bibliotecas escolares, nos informa de que a través de las Inspecciones de Primera Enseñanza, se habían solicitado los catálogos, obviamente para una nueva revisión, si bien "los Inspectores Jefes de 1ª Enseñanza, cumpliendo instrucciones de esa Comisión de Cultura, ya han procedido a retirar de esas Bibliotecas las obras señaladas o las que ellos estimaban eran nocivas para las personas que frecuentan tales Centros"35.

    Por su parte, la Universidad de Granada había acometido la tarea depuradora de esta provincia junto a la de Málaga y el territorio de Melilla. La comisión, formada a mediados de octubre, informaba en su memoria del criterio seguido a la hora de evaluar los diferentes tipos de bibliotecas, "habiéndose tenido más rigor en las bibliotecas escolares"36.

    En el caso del Rectorado de Sevilla, que comprendería las provincias de Sevilla, Huelva, Cádiz, Córdoba y Badajoz, apenas hemos podido documentar su actuación, aunque podemos deducir que la Comisión Depuradora empezaría a funcionar hacia finales de octubre de 193737.

      Finalmente, el Distrito de la Universidad de La Laguna (Canarias), que sin duda es un caso peculiar, ya que aunque había formado la Comisión correspondiente, con fecha de 23 de Junio de 1938, aún no había terminado su labor depuradora, aduciendo para  justificar este estado de cosas "la dificultad y lentitud de comunicación" entre las diversas islas, si bien, la Comisión había "cursado un oficio a los Directores y Bibliotecarios (...) encareciéndoles, evitaran /la/ lectura de libros nocivos38."

     A tenor de lo expuesto, y aún desconociendo la forma concreta de proceder y los resultados finales de las depuraciones en las provincias implicadas, cabe pensar, que de un modo o de otro, la práctica totalidad de las bibliotecas escolares habían pasado ya por el filtrado de sus fondos, o cuando menos habían iniciado el proceso de depuración, como resultado de la intervención en el mismo de los diversos Rectorados.

4.: La actuación del Ministerio de Educación Nacional

    La remodelación gubernamental del bando nacional a principios del año 1938, implicó la creación de diversos Ministerios que venían a sustituir en sus respectivas competencias a las anteriores "Comisiones". De este modo, fue creado el Ministerio de Educación Nacional que asumiría las competencias de la anterior Comisión de Cultural y Enseñanza.

En líneas generales, y en lo que hace a nuestro tema, la labor desarrollada por el Ministerio, a través de la Jefatura de Archivos y Bibliotecas( en adelante: JAB), se caracterizará por lo que, de modo cabal, podemos entender como puesta en marcha de una "política bibliotecaria y de lectura pública". La prueba de ello es que se trata de una etapa de intensa actividad legislativa en esta materia, aunque singularmente dicotómica, ya que alterna las medidas positivas (control de los fondos, fomento de la lectura, etc.) dentro de unos parámetros ideológicos muy precisos, con otras claramente represivas. En contraste, la Comisión de Cultura había centrado su labor prácticamente en el aspecto represivo, siendo notoria su inoperancia el aspecto organizativo.

El celo desplegado por la JAB en cuanto a sus competencias en materia de libros, implicó una labor retrospectiva de "fiscalización" de la actividad anterior, en la que habían intervenido diversos organismos, con la clara intencionalidad de que ningún aspecto relacionado con el libro, en su vertiente de lectura pública, escapara a sus competencias. Para ello puso bajo custodia, del ahora rehabilitado - y depurado o en vías de serlo - Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, no sólo las cuestiones relativas a depuración de bibliotecas, sino que también convirtió al mismo en correa de transmisión de las directrices del Ministerio39.

    Para ilustrar lo referido, podemos servirnos del oficio dirigido por el titular del mismo a su homónimo, Serrano Suñer, Ministro del Interior, que al tiempo que da cuenta de la dicotomía señalada, nos ofrece una fecha límite en materia de depuración de bibliotecas. El motivo de la carta era la petición de libros editados por la Jefatura de Propaganda (censura), con el fin de incrementar los fondos de las bibliotecas públicas. De estas Bibliotecas - decía el Ministro - "se retiraron ya cuantos libros se han considerado contrarios a la noble ideología en que se inspira nuestro glorioso movimiento y se hace naturalmente indispensable proceder a sustituir la citada literatura con aquella otra que a de contribuir en la máxima medida a renovar la mente y a crear el tipo de hombre que ha de servir al Estado Nuevo". El Ministro cifraba en "dos millares" las bibliotecas existentes por estas fechas en la zona nacional, abiertas al público y ya depuradas. Una cifra que obviamente debía incluir las bibliotecas escolares, pues de otro modo, en una estimación aproximada, la cifra no hubiera podido superar las tres centenas. La dicotomía, que es obvia, se cifraba en una labor de difusión de un tipo muy específico de literatura, también denominada como "propaganda" en el documento, al tiempo que, a través de las depuraciones de bibliotecas, se cerraba el paso a otro tipo de contenidos considerados, a la sazón, "heterodoxos".

    El oficio lleva fecha de 10 de agosto de 1938, fecha que podemos considerar límite en lo que se refiere a la labor depuradora, tal y como decía el ministro, de todas aquellas bibliotecas que estaban abiertas al servicio público40. Entre esta fecha y los primeros meses del año 1939 mediarían una serie de actuaciones de la JAB, que vendrían a rematar la tarea depuradora, en aquellos territorios que controlaba con anterioridad el bando franquista.

    En esta línea, y ratificando lo antedicho, en los meses anteriores la JAB, había adoptado dos resoluciones. Con la primera, que se produjo en junio de 1938, se extinguían las Comisiones Depuradoras, obviamente porque ya habían alcanzado sus objetivos; y con la segunda, de agosto del mismo año, se decidía el destino que había de darse a los fondos depurados. Sin duda lo más significativo de esta última disposición, que señala que estamos entrando en una "nueva" fase depuradora, es que dichos fondos, habían de ser puestos bajo custodia del Cuerpo Facultativo, correa de transmisión de las directrices de la JAB, como se dijo, al tiempo que se establecía que dicha Jefatura procedería "a nombrar una Comisión que se encargue de unificar los diferentes criterios que en la labor de depuración han imperado", sin duda en referencia a la composición plural de las comisiones depuradoras41.

    En lo que se refiere a nuestro caso, es decir la depuración de las bibliotecas escolares, hemos de dar también como fecha tope la del documento anterior, algo que queda ratificado por las memorias e informes que las diversas comisiones remitieron a la JAB, tal y como preceptuaba la orden de junio, y que ya hemos ido citando con anterioridad. El caso de la provincia de Palencia que comentamos a continuación, también nos servirá para analizar las intervenciones concretas de la JAB en lo que se refiere a las bibliotecas escolares, al tiempo que nos permitirá dar cuenta, más precisa, de todas las actuaciones que hemos venido comentando.

5.: La comisión depuradora del Distrito Universitario de Valladolid y la depuración de bibliotecas escolares en la provincia de Palencia

     Dado que en este epígrafe y en los siguientes utilizamos como base documental las respuestas que los maestros de Palencia enviaron a la IPE en 1938, y las Actas de la Comisión Depuradora de Bibliotecas escolares de Palencia, para una mayor claridad expositiva, remitimos al ANEXO Nº 2, donde hemos sintetizado las repuestas dadas por los maestros, y al ANEXO Nº 10, en el que se reproducen dichas actas.     

Según refiere Palomares Ibáñez, el golpe de estado en la provincia de Palencia, con "un neto predominio electoral de las derechas", no encontró apenas resistencia desde el momento en el que militares, guardia civil y falangistas, "en actuación mancomunada" se declararon y actuaron en favor de éste. Como muchas otras provincias, en las que el resultado fue similar, Palencia quedó así englobada en la zona de retaguardia. Zonas en las que se inició inmediatamente un proceso no sólo de represión física contra el oponente, sino también un tipo de represión de carácter ideológico y cultural que buscaba borrar del mapa, pese a su escaso arraigo, cualquier vestigio del reciente pasado republicano. Y así, en el plano cultural "las autoridades nacionales pretendieron instaurar una nueva cultura - que era la del Nuevo Estado - cuya siembra durante la guerra era un paso para la implantación definitiva una vez concluida aquélla"42. Esta situación, salvando las distancias, tampoco muchas, no remite a un estado de guerra civil, como tantas veces se ha dicho, sino que lo que se produjo fue "un proceso de brutal involución impuesto por la fuerza y por la represión generalizada de gran parte de la población"; en estas zonas, y abonando nuestra idea del paradigma respecto a la depuración de bibliotecas escolares, hay que decir que, como escribe Francisco Espinosa, "en esencia  lo mismo ocurrió en Canarias, Galicia o Melilla que en Valladolid, Sevilla o Zaragoza"43. Es pues desde esta situación bélica, de represión generalizada en todos los órdenes sociales, y en un territorio unificado en torno al concepto de retaguardia, donde adquiere valor de paradigma, una vez más, todo lo ocurrido en torno a la depuración de las bibliotecas escolares, pues pensamos que en otras circunstancias ni el hecho se hubiera producido, ni se hubiera producido del modo en que fue llevado a cabo.

     Como ya se refirió, la situación provocada por el golpe de estado, tuvo repercusiones inmediatas en algunas de estas bibliotecas, como casos claros de anticipación, repercusiones que no es difícil relacionar con la "reactualización" de los valores tradicionales aprovechando la ocasión propicia que supuso el golpe de estado. Del mismo modo, y propiciado por esta misma circunstancia, con repercusiones en el funcionamiento de las bibliotecas escolares, hay que tener en cuenta que, según refiere Palomares Ibáñez, solo hasta octubre de 1936, fueron suspendidos 120 maestros en la capital y en la provincia44, maestros que, no olvidemos, eran los principales gestores de las bibliotecas.

    Teniendo en cuenta estas circunstancias, y atendiendo después a las vicisitudes por las que fue pasando la depuración de los fondos, podemos constatar diversas intervenciones que iremos reseñando en epígrafes separados.

    5.1.: Primeras medidas en relación al golpe de estado

En este primer momento, por razones ideológicas y como consecuencia inmediata del golpe de estado, como ya habíamos anotado, funcionaron de modo restringido o habían quedado clausuradas las bibliotecas escolares de Alar del Rey, Ampudia, Cevico de la Torre, Paredes de Nava, Respenda de la Peña, San Llorente de la Vega, San Salvador, Torquemada y Villarramiel. Y así, por ejemplo, en el caso de Ampudia, el maestro decía que: "no se tiene establecido el servicio de  préstamos, puesto que desde el advenimiento del Glorioso Movimiento Nacional, entendió el que suscribe suspender totalmente la entrega de libros sin orden de la superioridad", lo mismo había ocurrido en el caso de Paredes de Nava, donde además algunos libros habían sido "destruidos por una Comisión nombrada por la Alcaldía en los días siguientes al Glorioso Movimiento Nacional".

Un segunda vicisitud por la que pasaron estas bibliotecas, y como consecuencia de la guerra, fue el uso dado a las escuelas como alojamiento de tropas, lo que de facto implicó la suspensión de cualquier servicio bibliotecario. En algunos casos este hecho supuso la pérdida por robo de algunos volúmenes, y en casos más extremos, la desaparición de la biblioteca. Este fue el caso de la localidad de Guardo, de la cual, el maestro informaba en los siguientes términos: "Al reintegrarnos a las tareas escolares, en Septiembre de 1936, las fuerzas ocupaban nuestros Grupos escolares.

Recogido el menaje escolar nos encontramos con que la Biblioteca Escolar había desaparecido"45.

     5.2.: La orden de septiembre de 1936        

     El día 14 de este mes, el Boletín Oficial de la provincia, publicaba la orden sobre depuración de bibliotecas escolares. Sin duda, la misma hubo de tener repercusión sobre las distintas bibliotecas, aunque este hecho apenas aparece reseñado en los cuestionarios. Pero pensamos que, cuando menos, se adoptarían medidas preventivas que impidieran el uso de los libros. Y en lo que se refiere a las depuraciones, se constatan algunos casos que, tal vez, puedan ser un indicio de lo ocurrido, desde el momento en el que se produjo la intervención de la IPE, dado que su potestad depuradora alcanzaba a todas las escuelas de la provincia.

      De este modo, en el Centro de Colaboración de Cervera de Pisuerga, que poseía una biblioteca enviada por el Patronato, el maestro encargado había remitido a la IPE un listado de libros depurados, el día 14 de este mes; listado al que contestó la IPE, exigiendo el envío de una serie de obras del listado "marcadas y aún no remitidas". En el caso de la localidad de Estalaya, al dar cuenta de los volúmenes que faltaban, el maestro señala como fecha del envío de los volúmenes depurados el año 1936. Un tercer caso, fue el de la escuela de Beneficencia de la capital, en cuyo cuestionario se reseña la retirada de diversos volúmenes el día 1º de octubre de este año. Como se anotó, nada impide pensar que si este hecho se produjo en los tres casos señalados, no tuviera lugar también en otros, aunque falte la anotación en los cuestionarios.

      En el aspecto preventivo, podemos señalar los casos de Villabasta de Valdabia  y de Fuentes de Nava. En el primero, la biblioteca había quedado cerrada al servicio público desde primeros de septiembre; y en el segundo, desde el 12 de este mes, la biblioteca había quedado en manos del Ayuntamiento. A pesar de la escasez de datos, todo hace pensar que a partir de esta orden, si no se tomaron medidas depuradoras inmediatas en todas las poblaciones, al menos se intentaría impedir el uso de la biblioteca, o el uso de determinados libros de la misma46.

5.3.: La intervención del Rectorado de la Universidad de Valladolid: la circular de 21 de octubre de 1936

       Aunque la orden de septiembre responsabilizaba a los Inspectores de Primera Enseñanza de la adopción de medidas en relación a la depuración de las Bibliotecas Escolares, en la misma sólo se decía, sin mayores especificaciones, que los mismos estaban adscriptos a los Rectorados, algo que hace presuponer que los Inspectores serían los encargados de realizar las depuraciones.

      No obstante, y dado que "la propaganda antirreligiosa y antipatriótica en las Escuelas y Centros de Enseñanza, había llegado a términos inconcebibles por su procacidad y descaro", el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en tanto cabecera del Distrito Universitario, decidió tomar cartas en el asunto y crear ad hoc unas comisiones específicas. Este hecho, como hemos visto, no se produjo de forma generalizada, o al menos no tenemos constancia de ello, en el resto de cabeceras universitarias, con la salvedad de Zaragoza, hasta la orden de septiembre de 1937.

     De este modo, con fecha de 21 de octubre, el Rectorado publicó una circular, que incumbía a las nueve provincias que dependían del mismo, con la finalidad de dar "una mayor intensidad y extensión al precepto", es decir a la  orden de septiembre de la Junta Técnica47.

     Las disposiciones obligaban a formar en la capital de cada provincia una Comisión que dependería "directamente del Consejo de Cultura", y que quedaría sometida a las órdenes del Rectorado. Como función prioritaria de estas Comisiones se establecía la depuración de las bibliotecas escolares, y en segundo término, y como medida preventiva, las Comisiones intervendrían en "toda donación o adquisición de libros" que se realizara en las escuelas.

     La circular proponía también una serie de criterios depuradores que deberían guiar a las Comisiones, a la hora de "retirar e inutilizar" los libros u otro tipo de publicaciones, criterios que podrían leerse también como una declaración ideológica de intenciones. A saber:

a)  Todos los que se consignan en el Índice de la Congregación del Santo Oficio.

b)  Los que aun cuando no lo estuvieren, sean atentatorios a la Religión Católica, Moral y buenas costumbres.

c)  Los que signifiquen propaganda del socialismo, comunismo, anarquismo y masonería.

d) Los que directa o indirectamente ataquen a la unidad de la Patria española48.

    El día 7 de diciembre, según las actas de la Comisión de Palencia, Ramón Revilla Vielva, nombrado por el Gobernador Civil para formar la referida Comisión, convocó la primera reunión de la misma, quedando ésta constituida. Para el cumplimiento de la circular se tomaron tres acuerdos. Los dos primeros relacionados con la futura adquisición de obras, tanto de lectura como de texto para las escuelas de la provincia, que deberían ser autorizadas por la Comisión. La tercera medida, era la solicitud del envío de los catálogos a la Comisión, por parte de "los directores o encargados de las bibliotecas". Dichos catálogos deberían enviarse por duplicado, y en el plazo de diez días49.

     Sin duda para "recuperar" la potestad  sobre la depuración de las bibliotecas, que ahora era encargado de modo inequívoco a las comisiones, y porque estos hechos se habían producido con anterioridad, en tanto medidas preventivas, la comisión disponía que deberían ser "reintegradas a las escuelas nacionales las bibliotecas, que siendo propiedad de aquellos centros, hayan pasado por cualquier circunstancia a otra dependencia". Ya nos referimos en este sentido, al caso de Paredes de Nava, pero dicha resolución, hace pensar que probablemente este hecho se había producido con una frecuencia mayor que la que queda recogida en los cuestionarios.

     La siguiente reunión de la Comisión se celebro el día 4 de enero de 1937. Por el acta de la sesión, sabemos que los acuerdos de la Comisión se habían publicado en el Boletín de la Provincia, el 14 de diciembre. Pero, dado que no todas las Bibliotecas habían enviado los catálogos, se decidió publicar en la "Prensa" una nota para urgir al cumplimiento de dicha medida. Por un segundo acuerdo, se había decidido que "para facilitar un previo examen de dichas listas, se distribuyan entre todos los señores Vocales, con lo cual se podrá proceder a un informe definitivo en la próxima reunión que se celebre."

     La Comisión, se reunió por tercera vez el día 18 de febrero, en la que, una vez en su poder las listas de los libros, acordó "proceder a la relación definitiva de obras que deben ser retiradas"; listas que serían presentadas en la sesión siguiente, pero el 8 de marzo, fecha de la siguiente reunión, todavía se anotaba en el acta que "se ultima la lista definitiva50".

     En la quinta sesión del día 25 de junio, se da cuenta de haber enviado ("en el mes de abril") a los "directores" de las bibliotecas el listado de libros que deberían remitir a la comisión, y del mismo modo se  dice que se habían "recibido de las Bibliotecas escolares las remesas de libros". En la sesión se tomaron otros dos acuerdos: el primero de ellos "por si existiera en la provincia alguna Biblioteca de la cual no tuviera conocimiento esta Comisión51"; y el segundo, para "consultar al Ilmo. Sr. Rector la forma en que ha de procederse para inutilizar los libros censurados, según disponía en su Circular del 21 de octubre"52.

Los datos de los cuestionarios, permiten afirmar que los listados de libros a retirar llegaron a los maestros en los primeros días de abril, en consonancia con las actas de la comisión. En consecuencia hay que establecer que fue a partir de este momento cuando se produjo la retirada de la mayor parte de los libros53, y ello a pesar de que el dato de la fecha de envío sólo ha podido constatarse con respecto a 12 bibliotecas, pero como ocurre con otros datos, no siempre se anota la fecha de los envíos de los libros depurados a la Comisión, en unos casos porque se desconocen y en otros porque simplemente se omiten54.

Aunque no consta en las actas, sabemos por la memoria (Véase documento Nº III)  que el Rectorado de Valladolid remitió a la Comisión de Cultura y Enseñanza, que el día 2 de julio la Comisión de Palencia se había dirigido al Rectorado, manifestándole que se habían "examinado detenidamente los catálogos y relaciones de libros de las Bibliotecas Escolares existentes en aquella provincia, habiendo acordado deben ser retirados de las mismas 120 obras, que relacionadas con expresión de sus títulos y autores, obran en este Rectorado.55"

     En una segunda comunicación del Rectorado, de 19 de noviembre, éste consultaba a la Comisión de Cultura y Enseñanza, sobre el destino que debía darse a los libros retirados "de las escuelas y de los centros de enseñanza". Para ejecutar la pena de muerte de los libros y "para evitar que puedan ser conocidos y leídos", el Rector proponía dos métodos posibles:  el ahogamiento o la decapitación: "dos procedimientos parecen adecuados: cortarlos con la guillotina, o sumergirlos en agua, entre los cuales, este Rectorado se inclina por el primero". El vicepresidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza, Enrique Suñer, en base a los apartados 1º y 2º de la orden de Septiembre (de 1937), contesta que los mismos "deben ser guillotinados"56.

     Por la misma comunicación del Rector, sabemos que por esta fecha y según su apreciación, la depuración de Bibliotecas escolares estaba "terminándose con gran éxito". Algo que, en parte, desmiente la memoria precitada, al informar sobre las diversas comisiones provinciales. Y así las Comisiones de Burgos y Guipúzcoa, no habían remitido hasta la fecha ningún listado de libros depurados; la de Álava y León, habían remitido sólo listados parciales; y por lo que hace a las provincias de Palencia, Segovia y Valladolid, los listados  enviados  tampoco parecen definitivos, toda vez que, como se verá en el caso de Palencia el número de libros depurados aumentará con posterioridad. Otro dato a tener en cuenta, paradójico en cierto modo, es la variación existente respecto al número de libros prohibidos incluidos en los listados, toda vez que estamos hablando de fondos casi similares para las diversas provincias. De este modo, si como se dijo, la comisión de Palencia había encontrado 120 obras depurables, la de Segovia sólo había encontrado 42 y la de Valladolid 19357.

5.4.: 1938 y la intervención del Ministerio de Educación

     Una vez creado el Ministerio de Educación Nacional, cuya titularidad recayó en el monárquico alfonsino Pedro Sainz Rodríguez, se creó de modo interino, hacia finales del mes de marzo de 1938, un organismo denominado Jefatura de los Servicios de Archivos, Bibliotecas y Registro de la Propiedad Intelectual, al frente de la cual estaría Javier Lasso de la Vega58. Desde la fecha de su creación, podemos decir que  todos los asuntos relacionados con la lectura pública - incluida la depuración de bibliotecas, que formaba parte inherente de su política - fueron gestionados por este organismo.

     En esta línea, una de las preocupaciones fundamentales de la JAB fue ejercer el control y conservación del patrimonio bibliográfico, al tiempo que iba a proseguir y a fiscalizar la labor depuradora de toda esa parte del patrimonio bibliográfico abierta al servicio público. Al respecto, podemos decir que los cuestionarios enviados a los maestros de Palencia, nos ilustran claramente sobre el modo en el que fue implementada esta política. En primer lugar porque uno de los objetivos del cuestionario es, indudablemente, indagar y obtener datos fidedignos, tanto sobre el servicio general de las bibliotecas, como de los fondos disponibles, para, en un segundo momento, actuar a partir de la información obtenida. Nos consta que este tipo de investigaciones se produjeron respecto a todo tipo de bibliotecas, tanto en lo que se refiere a bibliotecas incautadas, como a las pertenecientes a organizaciones políticas o culturales, o las embargadas a particulares "desafectos".

        En el caso concreto de la provincia de Palencia la información obtenida por la JAB en lo que guarda relación directa con las depuraciones, se plasma en dos actuaciones concretas: la adicción de su propia lista a la lista anterior de libros depurados, lo que implica una labor de corrección respecto a las depuraciones anteriores y, en segundo lugar, en la intervención referida al destino que había de darse a los fondos depurados.

         Aunque los cuestionarios se tramitaron como una orden que había partido de la Jefatura del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, dirigida a las Inspecciones provinciales de Primera Enseñanza, que ésta a su vez debía de dirigir a los maestros de las respectivas localidades, el hecho de que los datos obtenidos se envíen finalmente a la JAB, prueba que la iniciativa había partido de este organismo59.         

      Fue durante el mes de junio de 1938 cuando apareció la circular reclamando a los maestros los cuestionarios mencionados, un mes en el que también la comisión provincial de bibliotecas escolares de Palencia, celebraría, después de un año, su última reunión. Estamos asistiendo, por tanto, a un final y a un comienzo. El final de la iniciativa depuradora  de un Rectorado que había amplificado una medida de "urgencia" de la Junta Técnica, y que después había actuado a partir de las disposiciones de la Comisión de Cultura, y al comienzo de las actuaciones de la JAB en la dirección que ya hemos mencionado. 

     El día 27 de junio de 1938, la Comisión de Palencia, anota en sus actas que, durante el tiempo transcurrido desde la sesión anterior (un año), se había dedicado a "la recogida  y empaquetado de ejemplares recibidos de las Bibliotecas", que habían alcanzo la cifra de 1302 libros (depurables), dicha selección se había realizado conforme a una Circular del Rector del día 2 de febrero de este año60.

     Unos días antes, por conducto de la Inspección de 1ª Enseñanza de la Provincia, como se dijo, la Jefatura del Servicio Nacional de Primera Enseñanza se había dirigido a los respectivos maestros, en una primera comunicación, para recabar informes respecto al estado de las bibliotecas escolares61. Hay que añadir que, desde el momento en el que la circular partió desde la JAB, es bastante probable que cuestionarios similares se cursaran a las diversas provincias de la entonces España nacional, planteando  las mismas preguntas.

     A partir de los datos recogidos en los cuestionarios podemos seguir el proceso de depuración y, en la medida de lo posible, su efecto sobre las bibliotecas escolares, centrándonos especialmente en la cuestión nº3, que se planteó del siguiente modo: "Número de volúmenes que la integraban antes del 18 de julio de 1936 y en el momento actual. Razón de los que faltan". Del mismo modo y en lo que hace a sus efectos, nos interesan las cuestiones 1ª, 2ª y 6ª, respectivamente: si la biblioteca estaba abierta al servicio público, si disponía de sala de lectura y si se realizaba el servicio de préstamo62.

     Teóricamente el cuestionario estaba planteado con objetividad y por la misma razón, cabría pensar, que las respuestas obtenidas ofrecerían datos precisos. Pero, de modo general, podemos decir que en bastantes casos esto no ocurre así, en unos casos por desconocimiento de los datos, y en otros casos porque éstos se omiten, etc. Como se dijo, todas estas circunstancias se recogen en un anexo final, junto a unos resultados totales, si bien, por lo dicho, sujetos a cierto margen de error. Añadir también que los listados de libros que éstos ofrecen nos permitirán, en la segunda parte de este trabajo, reconstruir los envíos realizados por el Patronato y la relación de libros depurados63.

        A pesar de lo dicho, lo que parece quedar claro, es que el grueso de la depuración se llevó a cabo a partir de abril de 1937 y se prolongó durante los primeros meses de 1938. Un hecho confirmado tanto por los datos del cuestionario, como por las actas de la Comisión que, en su sesión del día 25 de junio de 1937, anota lo siguiente: "se da cuenta de haberse recibido de las Bibliotecas escolares las remesas de libros"64.

     A partir de los resultados obtenidos la Comisión elaboró una primera relación numérica de libros depurados que, contra lo esperado, arrojan datos diversos. Así, en el acta de la sesión correspondiente al día 27 de junio de 1938, sesión que habría que considerar, en principio, definitiva, ya que se trata de la última reunión de la Comisión, se dice, como ya se anticipó, que el número de libros depurados, alcanzaba la cifra de 1.302 (1ª relación).

      Sin embargo, ocho meses más tarde, el presidente de la Comisión, Ramón Revilla en un oficio dirigido a la JAB, con fecha 15 de marzo de 1939, en una segunda relación, que, ahora sí, parece definitiva, ampliaba el número de volúmenes recogidos a la cifra de 2.66365. Por el mismo informe podemos saber que dichos libros se habían dividido en dos categorías: 1.391 de ellos incluidos en la lista de "prohibidos", según el listado confeccionado por el Rectorado, enviado a la Comisión con fecha 2 de febrero de 193866. Hay que añadir que esta segunda relación amplia el número total de volúmenes depurados respecto a los datos que ofrecen los cuestionarios, lo cual explicaría un hecho paradójico ya que, con frecuencia, en las bibliotecas quedaban aún libros susceptibles de ser depurados. Pensando que los cuestionarios se enviaron a la Inspección entre mediados y finales de 1938, probablemente esta relación definitiva se hizo durante los primeros meses de 1939.

    En líneas generales, podemos decir que los datos tanto cuantitativos, como cualitativos que ofrecen estas relaciones contrastan con los datos específicos ofrecidos en los cuestionarios, razón por la cual ha sido preciso trabajar con un muestreo bastante amplio de los mismos, elaborar algunas tablas, etc., cuya finalidad es tratar de alcanzar la mayor precisión posible. Aspectos, todos ellos, que se considerarán en la segunda parte de este trabajo.

     Respecto a las cuestiones 1ª, 2ª y 6ª - si la biblioteca estaba abierta al servicio público, si disponía de sala de lectura y si se realizaba servicio de préstamo - podemos decir que sobre un muestreo de 73 bibliotecas consideradas como indudablemente pertenecientes al Patronato, cinco de ellas no ofrecen ningún dato al respecto. De las 68 restantes estaban abiertas 36 y cerradas 32. Esta relación se complementa con un dato paradójico, ya que en 11 casos se dice que la biblioteca está abierta, pero después se anota que no tiene sala de lectura, ni se realiza servicio de préstamo, con lo cual se podría interpretar que de hecho estaban cerradas. Este era el panorama entre mediados y finales de 1938, sin que sepamos lo que ocurrió con posterioridad. Respecto a sus fondos, por estas fechas la práctica totalidad de ellas ya habían sido depuradas, aunque como dijimos, a principios de 1939, se daría fin, ampliándolo, a este proceso, que bien podría deberse a la intervención directa de la JAB, como ahora se verá. En todo caso, y para "curarse en salud" el Rector de la Universidad de Valladolid impediría mediante una Orden circular, al menos desde principios de 1938, que ninguna obra "inmoral" o de "acentuada izquierda", según sus palabras, pudiera llegar a ningún lector, aunque la depuración de las bibliotecas no se hubiese realizado en su totalidad67.

         Hemos ido viendo que fue el Rectorado de Valladolid quien dirigió y terminó el proceso depurador de las bibliotecas escolares, pero desde la creación de la JAB, dicho organismo se había encargado no sólo de tutelar el proceso ya iniciado por las Comisiones Depuradoras a raíz de la Orden de Septiembre de 1937, sino que también había instado a que las diversas Comisiones terminaran sus trabajos, en la zona nacionalizada donde habían realizado sus trabajos, tras lo cual deberían disolverse ( orden de 8/6/38), y ello no porque estimase que las depuraciones no hubieran de ser realizadas, sino porque, y como aclaraba la mencionada orden de Junio, la JAB procedería "a nombrar una Comisión que se encargue de unificar los diferentes criterios que en la labor depuradora han imperado". Es decir que la JAB asumiría todas las competencias en esta materia y para ello haría uso del Cuerpo Facultativo, como correa de transmisión de sus directrices. Sin duda, y ante lo que se adivinaba que quedaba por depurar en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, una vez concluida la guerra. Entramos así en una nueva fase depuradora, que durante los meses precedentes de 1938, se superpuso a labor de las directrices emanadas de la Comisión de Cultura. Por esta razón, y por el afán revisionista de la JAB, tampoco puede descartarse que las depuraciones fueran definitivas, ni se pueden ofrecer datos concluyentes sobre el funcionamiento final y la depuración de los fondos de las bibliotecas escolares.

     De esta manera, y de modo directo, la Jefatura del Servicio Nacional de Primera Enseñanza, a instancias del Ministro de Educación, intervino en la depuración de las bibliotecas escolares, confeccionando una lista de libros y autores prohibidos. Libros de los que se decía que "sólo por morbosa inercia podían figurar en las estanterías de las bibliotecas escolares". La circular, que se había cursado ante el inicio del curso escolar de 1938, daba por hecho, con las palabras anteriores, que las depuraciones ya se habían llevado a cabo, pero en este caso, y lloviendo de nuevo sobre mojado, pensamos que se centraba principalmente en los textos "escritos por autores declaradamente enemigos del Glorioso Movimiento Nacional, que actualmente ostentan cargos y desempeñan función de confianza a las  a las órdenes del soviet de Barcelona". A pesar de que en su preámbulo se aludía al antipatriotismo y antirreligiosisad de los textos, o se arguían inexplicables razones antipedagógicas, de los listados cabe deducir que el simple criterio de la autoría era razón suficiente para condenar un libro, por  lo cual y a pesar de las justificaciones bien podría interpretarse el listado, en este como en otros casos, como una nómina de autores malditos68. Del mismo modo, y como se apuntó las revisiones auspiciadas desde la JAB, o la creación de estos listados vendrían a incrementar el número de libros depurados en relación al trabajo previo de los Rectorados.

       Finalmente,  en el informe  que acompañaba a la que denominamos segunda relación, se daba cuenta de que dichos libros habían ingresado en el Archivo Provincial de Hacienda, conforme a la Orden del MEN, de 17 de agosto de 1938, cuya finalidad a este respecto era poner bajo custodia del Cuerpo Facultativo, todos los libros que se habían retirado de las bibliotecas en cumplimiento a la orden de septiembre de 1937. En el caso concreto de la provincia de Palencia, y tal y como preceptuaba esta orden, su destino debería haber sido la Biblioteca Pública Provincial, formando parte de una sección especial de obras reservadas, pero  por falta de espacio en dicha biblioteca, y tras la previa consulta del Presidente de la Comisión a la Jefatura de Archivos, se determinó su ingreso provisional en el Archivo Provincial, lo que ocurriera después con dichos libros lo desconocemos69. Recordemos al respecto la, ya mencionada, respuesta de Enrique Suñer al Rector, dando el visto bueno a la destrucción de los libros; del mismo modo la orden de septiembre aludía a este destino final, al igual que lo hacía la circular del rectorado de Valladolid y que en algunas de las disposiciones provinciales se habla abiertamente de destrucción de este tipo de textos70.

      Hasta aquí hemos tratado, en la medida de lo posible, de reconstruir el proceso de depuración llevado a cabo en las bibliotecas escolares de la provincia de Palencia, primero buscando las concomitancias generales con  lo ocurrido en otras provincias, y en un segundo momento centrándonos exclusivamente en esta provincia. En ambos casos hemos podido apreciar como estas bibliotecas sufrieron sucesivos embates depuradores, cuyo resultado final, en lo que a los textos se refiere, se estudia en la segunda parte de este trabajo.

      A ese proceso depurador repetido y al resultado final de las depuraciones, creemos que cabe añadir, a modo de coda,  y para calibrar la importancia real de los envíos de misiones, un comentario sobre el "estado" de la lectura pública en la provincia de Palencia, por estas fechas. Comentario que, salvando algunas distancias, vuelve a ser extrapolable a muchas de las  otras provincias "nacionalizadas". Nos extenderemos un tanto en este comentario, porque creemos que es el único modo de valorar la importancia real de los envíos del Patronato71.

    De este modo, para cumplir la orden de septiembre sobre depuración general de bibliotecas, el Gobierno Civil, había elaborado un listado de las bibliotecas existentes en la provincia de Palencia, que comprendía 32 bibliotecas, la mayoría de ellas con sede en la capital de la provincia, de las cuales sólo la Pública Provincial y la del Instituto de 2ª Enseñanza, poseían una entidad suficiente por el volumen de sus fondos, como para prestar un verdadero servicio público. De este listado, 11 de ellas estaban relacionadas con agrupaciones religiosas, por lo cual podemos presuponer el tipo de fondos que poseían y el servicio que prestaban72. Además de la Biblioteca Pública Provincial y la del Instituto, en Palencia capital se anotan la del Casino, la de la Normal de Maestras, la del Ayuntamiento, la del Círculo Mercantil, la del Cuartel de la Guardia Civil, la de la Coral filarmónica y la del Patronato de Formación Profesional, bibliotecas que no pueden considerarse como públicas. Añadir que, con ciertas salvedades, la nómina de bibliotecas referidas cubre el espectro de establecimientos que, al filo de los años treinta, podrían encontrarse en muchas provincias de la España rural73.

    La nómina de bibliotecas se complementaba con las creadas por las agrupaciones obreras que, en buena medida, intentaban paliar este deficiente estado de cosas, y cuyo desarrollo más notable coincidió con los años de la República. Según la nómina precitada existían 12 bibliotecas de este tipo74. Sumariamente, podemos decir que la suerte que corrieron estas sedes obreras, junto a sus bibliotecas, en aquellos lugares donde triunfó el golpe de estado se sintetiza en tres situaciones: asalto, clausura e incautación, resultando de todo ello situaciones bastante complejas y dispares, sobre las que no es cuestión extenderse aquí. Baste decir que, probablemente los fondos de la mayor parte de ellas serían reducidos, pero al menos la de la Federación Local (¿Casa del Pueblo?) y la de la Asociación socialista de Dependientes del Comercio (desconocemos si integrada también en la Federación Local), poseían 400 y 420 volúmenes respectivamente, que aparecen registrados en los expedientes de incautación de dichas sociedades75.

     Hacia mediados del año 1938 - tomando esta fecha como referencia cronológica aproximada - podemos decir que el estado de la lectura pública en la provincia de Palencia ofrecía un panorama desolador, toda vez que los brotes culturales que en forma de libros habían empezado a germinar durante la República, sufrieron un grave deterioro. Un panorama que, con las lógicas diferencias, puede hacerse extensible a buena parte de las provincias que hemos tenido en cuenta en tanto paradigma.

      Sucintamente, podemos decir que por estas fechas todas las bibliotecas o habían sido depuradas o estaban en vías de serlo; o bien, se habían adoptado, cuando menos, medidas preventivas, para impedir la difusión de determinados libros. Al respecto, y para que ninguna biblioteca pudiera escapar a este proceso, ya hemos visto el inventario elaborado por el Gobernador Civil; pero además Ramón Revilla, había enviado al menos cuatro informes a la JAB, durante el mes de septiembre de 1938, en relación a las que se calificaron como bibliotecas "peligrosas", a pesar de su pertenencia a individuos particulares. De este modo, en el segundo de ellos, se decía lo siguiente: "tengo que comunicar a V.I. que peligrosas existen en la localidad otras dos(...) una la de la Escuela Normal (...) y otra, la particular del Profesor de Lengua francesa en el Instituto(...) su apellido es Miranda". Unos días después, Ramón Revilla, continuaba con su labor informativa:"dos intelectuales del Magisterio - el Inspector Arturo San Martín y el Profesor de la Normal Daniel G. Linacero  - fueron fusilados después del Movimiento Nacional de 1936, y sus libros, no corrientes, fueron a manos de juristas y militares sin que pueda precisarse su nombre". Pocos días después, proseguía su labor informativa: "por noticias facilitadas por el Sr. Alcalde de Cevico de la Torre, se incautaron de la Biblioteca del Médico de aquella localidad - Diógenes Andrés - fusilado el año 1936. Biblioteca subversiva y que según rumores, se anunciaba a la venta en el juzgado de Baltanás"76.

       La nómina de bibliotecas se cierra con las 97 bibliotecas escolares dispersas en otras tantas localidades de la provincia. De las cuales 89 habían sido creadas durante la República por el Patronato de Misiones. El resto, es decir, otras 8, con la salvedad de la de la Escuela de Beneficencia de la capital, parecen de creación anterior, y cuyos fondos no superaban en ningún caso el centenar de volúmenes77. Finalmente, hemos detectado algunos casos en los que los volúmenes enviados por el Patronato, venían a sumarse a otros lotes existentes en las escuelas: Cenera de Zalina, Cevico de la Torre (Mutualidad Escolar), Cevico Navero, Dueñas, Paredes de Nava y Villabasta78.

    Para completar esta sucinta visión, hay que decir que las dos bibliotecas más importantes de la capital, es decir, la Pública Provincial y la del Instituto, habían permanecido cerradas durante la guerra. Dicha situación, al menos respecto a las bibliotecas provinciales, no era la "normal" en otras provincias79. Por otra parte el hecho de no prestar servicio público, añadido a la desorganización de sus fondos, había impedido que el proceso depurador de los mismos se hubiera iniciado; algo que no había impedido la adopción de medidas preventivas respecto a sus fondos80. Del mismo modo, y por las razones apuntadas, ni las bibliotecas de los particulares, ni las de las organizaciones obreras, se hallaban en condiciones de prestar ningún servicio particular o público, según los casos. Igualmente, y según hemos venido diciendo, "todas" las biblioteca escolares habían sufrido la depuración de sus fondos, a lo que se añadía que la mitad aproximada de ellas no prestaban ningún servicio público.

     A esta sensible merma cuantitativa de las bibliotecas que a la sazón estaban en condiciones de prestar algún tipo de servicio público, hay que añadir, en una valoración cualitativa, algunas consideraciones respecto al tipo de fondos que por estas fechas, habían quedado a disposición de los lectores. Y ello porque no es difícil mantener la hipótesis de que los fondos depurados de las bibliotecas, junto a aquellos que formaban parte de las bibliotecas obreras, eran precisamente los fondos más modernos, con una selección hecha pensando en los potenciales lectores y, por estas razones, los más solicitados por los usuarios.

    En relación con ello,  las consideraciones que, Ramón Revilla, introduce en la "Memoria" de la Biblioteca Provincial, correspondiente al año 1940, son meridianamente claras. Consideraciones que, salvando algunas distancias socioculturales, podrían hacerse extensivas a toda la provincia en general. De este modo, estableciendo una tipología de lectores, se refiere a "estudiantes de ambos sexos, poco aprovechados en clase, que se ciegan con novelas de fantasía"; una segunda categoría se refiere a "una porción de obreros sin colocar, con jubilados o cesantes que se refugian en lugar confortable, matando el tiempo o distrayendo el hambre según dicen". Pero los lectores, los que según él realmente importan, "los que acuden con un propósito serio de trabajo", "no llegan al 10%". Lectores que han de disputar su asiento con esos "noveleros". Ante este estado de cosas, es decir de una demanda lectora que no se podía satisfacer, propone "que el Ayuntamiento establezca una Biblioteca de índole infantil donde se reciban las legiones de párvulos que nunca satisfacen la curiosidad de cuentos y aventuras", ya que los mismos "vienen a bandadas". "Y sabemos de veces en que dejan las lecciones del Instituto estimulados o alentados por influjo nocivo y casi contagioso"81. Una primera conclusión que cabe sacar a partir del párrafo citado, es que la demanda de lectura seguía siendo muy alta, una demanda que la Biblioteca Provincial, no estaba en condiciones de satisfacer, y no sólo por la aludida falta de espacio, sino también por el carácter de sus fondos -  pensados para ese 10% que acudía a la biblioteca con propósitos "serios" de trabajo -  provenientes en su mayor parte de las desamortizaciones y por tanto carentes de interés para la mayoría del potencial público lector. Además de la ampliación del numero de bibliotecas, tanto el Patronato de Misiones, como la Junta de Intercambio, había detectado esta deficiencia, y por ello una de las premisas a la hora de seleccionar los libros había tenido en cuenta la demanda potencial o "real" de los lectores. Una deficiencia que, en la medida de lo posible, habían tratado de paliar también las organizaciones obreras, mediante la creación de sus propias bibliotecas.

     Aunque es clara la mentalidad elitista de Ramón Revilla, a partir de la clasificación que hace de sus lectores, al final parece no quedarle otra opción ante la demanda detectada que proponer la creación de una nueva biblioteca. Llegados aquí, la paradoja parece evidente, ya que tras el desmantelamiento de las bibliotecas de las organizaciones obreras y la depuración de las bibliotecas escolares, de la depuración precisamente de aquellos fondos más "modernos", no sólo se había originado una deficiencia numérica, sino también temática. Un hecho que se apreciará claramente cuando en la segunda parte de este trabajo se realice el estudio de los fondos que componían las bibliotecas de Misiones y la depuración realizada en los mismos. A partir de lo apuntado, se podría decir que el resultado de este proceso depurador, esencialmente "antimoderno" y profundamente reaccionario, había desembocado en una aporía, en tanto la demanda lectora no había disminuido, pero  se trataba, a la sazón, de una demanda que por las actuaciones realizadas en las bibliotecas, ahora, menos que nunca, podía hallar satisfacción82.